Por Ana María Cecchini de Dallo
Por Ana María Cecchini de Dallo
Dos siglos han pasado del emblemático año 1820 en la historia de las provincias del Río de la Plata, caracterizado por la historiografía tradicional como el de la “anarquía”, calificado así a partir de considerar los momentos de alta conflictividad y guerra interior, despojando de razonabilidad a los enfrentamientos que planteaban las provincias, particularmente las litorales, con la conducción que realizaba el Directorio.
La caída del Directorio. Federales y unitarios
La “unidad” que sostenía al régimen directorial se derrumbó estrepitosamente, por el peso de sus gestiones durante el funcionamiento del congreso, el dictado de la Constitución de 1819 que instauraba un sistema unitario y aristocrático, una política perjudicial para la Banda Oriental por permitir la invasión portuguesa, más las misiones europeas buscando un monarca.
La independencia del territorio americano no estaba completamente asegurada, ya que faltaba dar la batalla en Perú que el Directorio intentó detener pero no pudo torcer el rumbo del General José de San Martín.
Las provincias, entre tanto, procedían a conformarse institucional y territorialmente. En lo que se refiere al territorio retornaban a las jurisdicciones originales de las ciudades hispanas, fraccionando las arbitrarias Intendencias generadas por los Borbones.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, organizada desde 1818, perdió definitivamente el “entrerrios” territorio que se convirtió en la provincia de ese nombre.
Progresivamente todas las provincias buscaron su regularización institucional dándose sus constituciones y las dirigencias sostuvieron la necesidad de alcanzar un sistema de ordenamiento integral que respetase sus autonomías. Esa era la demanda de las provincias litorales desde 1815, conforme con el proyecto artiguista, que ahora habían hecho propio Estanislao López y Francisco Ramírez.
En éste marco de disputa entre dos formas de organizar a las provincias -Unitario o Federal-, cada recurrencia a las armas se cerró con un tratado o pacto que abría una instancia de convivencia en paz. El primero, firmado luego de la batalla de Cepeda, en la Capilla del Pilar, y el segundo del mismo año, luego de la batalla de Gamonal, en la estancia de Tiburcio Benegas, son los bicentenarios.
Estos acuerdos, señalados en la Constitución Nacional de 1853 como los que sostuvieron la organización pre existente, dan cuenta de los temas prioritarios para la política en su tiempo.
En ellos consta la idea precedente de que los contendientes y firmantes forman parte de una unidad mayor: la nación, que requiere de una organización bajo un régimen constitucional.
Las disposiciones del tratado del Pilar
El acuerdo del Pilar postula que las provincias signatarias: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos enviarán a sus representantes, en los sesenta días posteriores, al Convento de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, adonde definirían la fecha de un Congreso organizador, considerando la conveniencia de todas las provincias, en el cual debía definirse la constitución.
Lamentablemente en él se ignoró la grave situación de la provincia Oriental, ya que, si bien el tratado se sometió a la opinión de José Artigas, estaba supuesto el rechazo por parte del Jefe de la Liga Federal, ya que, su condición para acordar la paz con Buenos Aires era obligarla a hacer la guerra a Portugal para recuperar el territorio definitivamente ocupado luego de la derrota en la batalla de Tacuarembó. Francisco Ramírez no cumplió con éste mandato, no fue posible que hubiera un cambio e rumbo tan drástico.
Consta en el acuerdo la apertura de los puertos fluviales sobre el Paraná y el Uruguay y la posibilidad de comerciar libremente a través de ellos, lógicamente una demanda persistente de las provincias recostadas en los ríos.
La otra materia es la de las indemnizaciones por daños producidos por la guerra, reclamo que recae en la provincia invasora por excelencia: Buenos Aires, la cual, por tradición colonial, era la administradora de los recursos de la aduana exterior, fuente de ingresos por excelencia del territorio de las provincias unidas.
La provincia de Santa Fe, al ser limítrofe con Buenos Aires, así como por el posicionamiento federal que la caracterizó, fue el espacio geográfico más afectado por invasiones y levantamientos de tropas pertenecientes al ejército nacional, en los cuales saqueaban, con considerable violencia, poblados y propiedades rurales para robar el ganado
Los beneficios indemnizatorios para Santa Fe fueron proporcionados, además, para que ella le diera a Buenos Aires la seguridad de una frontera norte despejada de las frecuentes invasiones aborígenes, que los porteños sabían muy bien cuán graves podían ser, dado que las sufrían en la frontera sur. Las parcialidades rebeldes aprovechaban los tiempos de revueltas políticas internas para avanzar sobre las poblaciones rurales.
La política de acuerdos
Estos lineamientos básicos se repetirían en los acuerdos futuros, uno en el transcurso de éste mismo año, incumplidos los términos acordados en el Pilar, vuelve el enfrentamiento y tras el triunfo de López en Gamonal se firmó un tratado en la Estancia de Tiburcio Benegas, ahora entre López y Martín Rodríguez.
Ha sido reconocida por los historiadores la presencia sostenida de Estanislao López en la política que, en base a tratados y pactos, mantuvo el vínculo entre las provincias del Río de la plata, durante el largo período que transitaron con ensayos constitucionales frustrados e indefinición respecto a la forma de organizar la república.
El gobernador de Santa Fe puso gran convicción en los acuerdos, tanta como lo hacía en la guerra, así se evidencia en la correspondencia que dirige al Cabildo de Santa Fe, en la cual le comunica la convención de la Capilla del Pilar del 23 de febrero de 1820, que ha firmado con Ramírez y Manuel Sarratea, en ella no disimula su alegría por la finalización de la guerra y el auspicioso futuro previsto en las cláusulas del tratado.
Fue su modalidad de relación tras el combate, en el cual generalmente era triunfador, tanto con los contendientes por discrepancias ideológicas como con los aborígenes. A lo largo de su gobierno firmó 23 pactos entre los interprovinciales y con los aborígenes.