Armando De Feo - Especial para El Litoral
Armando De Feo - Especial para El Litoral
Para poder abordar la discusión sobre la edad jubilatoria, conviene recordar que los sistemas jubilatorios como el argentino y como el santafesino cuando nacieron estaban estructurados bajo el esquema financiero de los sistemas de reparto. Esto es que los aportes de los activos debían financiar el pago de los beneficios de los pasivos. Ello exigía una relación de 3 activos, 3 activos y medio o 4 activos (según los distintos cálculos actuariales) para solventar el pago de un beneficio.
En estos regímenes de reparto la edad fue fijada teniendo en cuenta la expectativa de vida vigente en cada momento. Por ejemplo, la Ley 18.037 que entrara a regir el 1 de enero de 1969 preveía la edad de 60 años para los varones y 55 para las mujeres. La ley 24.241 de 1993 elevó esa edad a 65 y 60 respectivamente.
Sólo para ilustrar, en 1969 la esperanza de vida de las mujeres en la Argentina era de 69 años mientras que la de los hombres alcanzaba a los 63, siendo su promedio 66 años. En cambio en 1993 para las mujeres era de 77 años, los hombres 69 y el promedio 72 años. Para 2017 la mujer superaba los 80, el hombre los 72 y el promedio superaba los 76 años.
Quiere decir que en este esquema de reparto, la cantidad de aportantes y la edad jubilatoria son componentes fundamentales para determinar la sustentabilidad del sistema.
La mayor esperanza de vida y la disminución de la natalidad, provocan la inversión de la pirámide poblacional (cada vez hay más gente de más edad y menos gente en etapa laboral o productiva) lo que altera aquella relación activo-pasivo necesaria para financiar el sistema. A ello deben sumarse los efectos de las crisis económicas cíclicas de nuestro país, el incremento de la informalidad y la expansión del desempleo y subempleo.
Es por ello que con la ley 24.241 (e incluso con algunas medidas anteriores) al sistema previsional de reparto se lo empezó a asistir (de allí su nominación como “de reparto asistido”) a partir de impuestos de afectación específica; impuestos que se destinan directamente al financiamiento del régimen previsional.
Finalmente completa el panorama el otorgamiento de más de dos millones de beneficios bajo el régimen de moratorias sin que se hayan ingresado los aportes correspondientes.
La mayor esperanza de vida y la disminución de la natalidad, provocan la inversión de la pirámide poblacional. A ello deben sumarse los efectos de las crisis económicas cíclicas de nuestro país, el incremento de la informalidad y la expansión del desempleo y subempleo.
Cifras
76,9 años es la esperanza de vida promedio en Argentina (73,5 para los varones y 80,4 para las mujeres), según la OMS.
70 años es la edad a la que pueden actualmente optar varones y mujeres por jubilarse. Pero (salvo regímenes especiales) los varones están habilitados a hacerlo desde los 65 y las mujeres desde los 60, con 30 de aportes.
Los privilegios llegan al Congreso
El gobierno espera obtener este jueves en la Cámara de Diputados media sanción para el proyecto que modifica las llamadas “jubilaciones de privilegio”, de jueces, fiscales y diplomáticos.
Esto contempla, entre otras cosas, revertir la situación actual, en que un magistrado se jubila con el 82 % móvil de su sueldo, sobre el que no paga impuesto a las Ganancias. El proyecto oficial estipula que el haber pase a ser un promedio del 82 % de los últimos diez años, además de subir la edad de 60 a 65 años y elevar los aportes del 14 al 19 %.
En este marco, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, advirtió que si el Gobierno continúa impulsando esos cambios, habrá “una andanada de miles y miles de juicios”, así como también “prácticamente imposible” cubrir las vacantes que se generen por las renuncias de magistrados.
“Hay muchos jueces que han superado su edad, han sido ratificados por el Congreso y que están preocupados. Ya se han producido un número importante de renuncias”, sostuvo el sindicalista.
Asimismo, Piumato afirmó que “por supuesto” habrá una “andanada de miles y miles de juicios” de magistrados y empleados que se considerarán perjudicados por la iniciativa del Poder Ejecutivo, si llega a convertirse en ley el proyecto oficial.
Ante esta situación, el secretario general de la UEJN convocó a un “cese de actividades y movilización al Palacio de Justicia” para el próximo jueves.