Roberto Almitrani
La Ley Nacional 24799 obliga a los funcionarios públicos a capacitarse en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. La Legislatura santafesina adhirió a la ley el 12 de septiembre del año pasado, pero el gobierno aún no la reglamentó.
Roberto Almitrani
En medio de una discusión de plazos y protagonismos originados por la dificultosa transición entre el gobierno santafesino saliente y entrante, Gabriela Sosa, por entonces subsecretaria de Políticas de Género del gobierno de Miguel Lifschitz, cedió al pedido de la Secretaría de la Mujer del PJ, que pidió preservar para la gestión entrante la facultad de reglamentar la llamada ley Micaela, que obliga a funcionarios a capacitarse en la cuestión de género y violencia contra las mujeres. Y el 3 de diciembre del 2019 en una reunión realizada en ATE Casa España, cambió la denominación del trabajo realizado para reglamentar la ley, a una reunión en donde se establecieron los criterios que el próximo gobierno debería usar para finalmente reglamentar la adhesión a la Ley Nacional 24799. Finalizando febrero nada de eso pasó.
La Secretaría de Estado de Igualdad y Género (que tiene rango ministerial), está a cargo de Celia Arena y la reglamentación de la adhesión a la Ley Micaela depende de su cartera. El 10 de enero se realizó una convocatoria para trabajar en la reglamentación en la cual pedían a cada una de las partes invitadas “acercar una propuesta o trabajos realizados en relación a la temática”, algo que no cayó muy bien a las organizaciones que ya venían trabajando en esto.
Enojo
El principal enojo surge porque la convocatoria realizada por Arena fue de un amplio espectro (Colegio de Abogados, Universidades, Sindicatos y Organizaciones de la Sociedad Civil), lo que para muchos solo sirve para demorar más su reglamentación y deja de lado todo lo trabajo por las organizaciones previamente.
La Red Sindical está integrada por 35 sindicatos entre CGT y CTA, la mayoría tiene dentro de su organigrama un área especial de la mujer y género. Muchas de esas áreas aguardan la reglamentación de la adhesión para comenzar con las capacitaciones.
Solamente dos sindicatos han comenzado a capacitar a su personal, el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) y el Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina delegación Santa Fe (Sugara).
En relación a esto, Lorena Ruiz, secretaria de Capacitación y Cultura del STV, referente de la Red Sindical en materia de capacitación de la Ley Micaela, explicó que “en el marco de la ley nacional que da la posibilidad a los Sindicatos de desarrollar sus propios planes de capacitación con equipos de profesionales propios formados para tal fin, comenzamos desde octubre y a través de la Secretaría de la Mujer, a capacitar en la formación de nuestros afiliados y proyectamos la formación de todos los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad”.
A su vez, Ruiz destacó el trabajo que también realizan desde Sugara, “venimos trabajando desde hace un tiempo para los derechos de sus afiliados y desde entonces buscando crear un espacio para el desarrollo de los mismos, es por esto que creamos la Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad”, la capacitadora además aclaró “a través de esta secretaría realizamos la capacitación de formación en género y violencia contra la mujer, que además será obligatorio para el trabajo en las próximas temporadas para todos los guardavidas”.
Ley Micaela
La Ley Nacional 24799 fue denominada “Ley Micaela”, por la joven Micaela García de 21 años, quien fue salvaje violada y asesinada en Gualeguay en el 2017. Analía Rach Quiroga, por entonces diputada nacional por el Frente Para la Victoria (hoy vicegobernadora de Chaco) fue autora del proyecto de ley.
El Instituto Nacional de Mujeres (INAM), fue el encargado de reglamentar la Ley Nacional.
En Santa Fe la adhesión fue aprobada por la legislatura el 12 de septiembre del 2019, y el gobernador Miguel Lifschitz promulgó dicha ley mediante el decreto N° 13.891.