Por la hiperinflación el 33% de los venezolanos carece de acceso a los alimentos

En Venezuela, 33% de la población carece de acceso a los alimentos, 60% recortó las porciones de comida que consume y 40% sufre frecuentes cortes de los servicios de luz y agua, según una encuesta del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU divulgada hoy.

La investigación reveló que "un gran número" de venezolanos solo come diariamente cereales, raíces o tubérculos y que la causa del déficit de alimentación y nutrición es la hiperinflación que el país sufre desde noviembre de 2017.

Según el trabajo, 9,3 millones de habitantes, que equivalen a aproximadamente un tercio de la población, sufren lo que técnicamente se llama "inseguridad alimentaria" moderada o grave y "necesita asistencia" porque no puede acceder a los alimentos por más que estén disponibles.

De ellos, unos 2,3 millones de venezolanos (7,9% de la población) están en situación de inseguridad alimentaria severa y siete millones (24,4%), en estado de inseguridad alimentaria moderada.

La inseguridad alimentaria se define como la "insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica", explica el informe.

Aunque el mapa es desparejo, con los estados Delta Amacuro, Amazonas, Falcón, Bolívar y Zulia con los mayores índices de inseguridad alimentaria severa, el fenómeno constituye "una preocupación a nivel nacional", advierte el informe.

Ello se debe a que incluso en las regiones con los mejores indicadores -Lara, Cojedes y Mérida- "aproximadamente una de cada cinco personas está en inseguridad alimentaria".

La encuesta reveló que 74% de las familias debió adoptar "estrategias de sobrevivencia" para tener comida, 60% tuvo que recortar las porciones de lo que come, 33% aceptó trabajar a cambio de alimentos y 20% debió vender bienes para poder comer.

Asimismo, el consumo de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas está por debajo de los tres días por semana y el problema "no es tanto la disponibilidad de alimentos sino la dificultad de obtenerlos", pues 70% dijo que aunque hay comida disponible, "es difícil comprarla debido al alto precio comparado con sus ingresos".

En ese sentido, la mitad de los encuestados declaró que tuvo un pérdida parcial de sus ingresos debido a la reducción del salario o la pérdida de un trabajo, y 37% afirmó que sufrió una pérdida total de sus ingresos.

Además de la falta de comida, la encuesta investigó la situación en materia de acceso a servicios públicos, y concluyó que 40% de los hogares sufre interrupciones diarias de la electricidad y 72% tenía un suministro irregular de gas.

Del mismo modo, 40% de los hogares tiene interrupciones recurrentes en el servicio de agua potable y 25% carece de acceso estable a ella, por lo que las familias deben recurrir a la compra de agua embotellada o el uso de camiones cisternas, según el trabajo.

Aunque en el último año disminuyó la escasez de alimentos que azotaba a Venezuela desde 2015, el acceso se vio complicado por la hiperinflación en que cayó el país en noviembre de 2017.

En diciembre pasado, el costo de la canasta básica familiar equivalía a 182,1 salarios mínimos mensuales, según el relevamiento mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

La encuesta del PMA, cuyos resultados fueron publicados en el sitio web de la ONU, fue realizada a invitación del gobierno venezolano con "plena independencia para diseñar e implementar la investigación" y "sin ningún impedimento ni obstrucción" para obtener los datos, subraya el reporte.

El PMA remarcó en un comunicado que "espera poder continuar el diálogo con el gobierno de Venezuela y mantener conversaciones que se centren en la forma de llevar ayuda a aquellos que no tienen garantizada la alimentación".

En los últimos años, el gobierno del presidente Nicolás Maduro negó que Venezuela estuviera en situación de emergencia alimentaria y rechazó iniciativas de ayuda humanitaria propuestas por la oposición, gobiernos extranjeros y organismos internacionales, incluso algunos de la ONU.

En julio pasado, el Maduro repudió un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) que denunció que 3,7 millones de venezolanos estaban en estado de desnutrición y que las fuerzas armadas y policiales ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas solo entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Con información de Telam