Daniel Scioli protagonizó uno de los hechos que más resonaron el pasado jueves al ocupar una banca en Diputados con la finalidad de dar quorum y posteriormente media sanción a la ley que reforma las llamadas "jubilaciones de privilegio”. Todo esto a pesar de haber renunciado a su banca días antes para ser embajador en Brasilia. Ante lo ocurrido, abogados opositores presentaron este viernes una denuncia al político por presunta "usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
El detalle que es clave a la hora de analizar la legitimidad de lo ocurrido es que la renuncia del ex gobernador de Buenos Aires a su banca aún no fue aceptada por la cámara ni publicada en el boletín oficial. Hasta que eso no ocurra, Scioli es oficialmente diputado y no embajador. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando la oposición criticó su presencia en la sesión.
Por otra parte, Andrés Gil Dominguez, un abogado constitucionalista, reforzó este punto de vista en diálogo con el canal de noticias TN, al explicar que Scioli “es un diputado regular que recibió un acuerdo del Senado para ser embajador pero que todavía no fue designado mediante un decreto del presidente publicado en el Boletín Oficial ni tampoco fue aceptada sus credenciales por el Estado de Brasil. Por lo cual, al día de la fecha sigue siendo diputado y puede ejercer como diputado. Desde ese punto de vista no hay ninguna discusión".
El especialista concluyó diciendo que "Es discutible desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico Scioli es diputado y actuó como tal".
Tenés que leerLa polémica por Scioli tiene un antecedente santafesinoSantoro y Magioncalda, los abogados opositores que lo denunciaron, basaron sus argumentos en el artículo 72 de la Constitución Nacional y el artículo 21 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que no admiten que se ejerzan al mismo tiempo funciones en el poder Ejecutivo y el Legislativo.
La denuncia quedó en manos de la fiscal María Servini, quien decidirá si llama a ratificar la denuncia a quienes la presentaron y, luego, dar vista a la fiscalía para que se determine si corresponde o no impulsar una investigación.