Oscar Parrilli habla por Cristina. Acusó a los empresarios del agro tras el anuncio de la protesta del campo. El ex jefe de los espías y senador nacional neuquino es el titular del Instituto Patria, la oficina del otro poder en el poder, la usina “K” del gobierno bifronte, la garantía mecánica de votos sin los cuales Alberto Fernández no sería presidente. El mismo Alberto que se fue del gobierno de Cristina en 2008, cuestionándola por la crisis de “la 125”.
Ahora es Fernández el que apunta a los dirigentes del campo por no querer negociar, por pretender “ganar siempre”. Se inclina a favor de lo que cuestionaba, mientras el kirchnerismo duro va más allá: imputa a los empresarios de ser “el sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina”.
El presidente no lo desmiente. La acusación genérica siempre es injusta. Lo que dice Parrilli no es cierto.
¿Cómo se imagina Omar Perotti que impactan esas palabras en el ánimo de los productores santafesinos? Son los que invierten en “paquetes tecnológicos” para aumentar la producción y preservar los suelos, los que contratan agrónomos y contadores, lo que sostienen las concesionarias comprando las “chatas” que fabrica la industria nacional, los que pagan a los camioneros el transporte, los que generan los dólares que necesita el país, los que pagan Ganancias y anticipos de Ganancias, los que financian los incrementos en el Inmobiliario... la lista sigue.
Parrilli expresa a un sector político que busca la amnistía a la corrupción, la cooptación del Poder Judicial para justificar la autocracia a nombre de “Todos”, la igualación hacia abajo que ya se verifica en las jubilaciones o en las políticas salariales sin paritarias y con suma fija. Es el país sin mérito, donde el que produce se convierte -solo por eso- en “rico y culpable” por la existencia de los pobres.
A la misma hora a la que Parrilli le advertía a los empresarios del campo que “eso tienen que pararlo porque van a seguir perjudicando al pueblo, y nosotros no lo vamos a tolerar”, el ministro santafesino de la producción, Daniel Costamagna, señalaba en la Bolsa de Comercio de Santa Fe -durante el remate del primer lote de girasol de la campaña- que “nuestra impronta, nuestro trabajo y nuestra forma de gestionar va a ser a través de la articulación público-privada” y en forma “conjunta con las entidades, los empresarios, los hombres del campo”.
Costamagna viene de la actividad privada y no desconoce que la buena intención es improbable. ¿Cómo defendería a los productores, según prometió? El sector agropecuario interpela a la administración provincial ante un gobierno nacional del mismo signo, que le acaba de declarar una nueva guerra no sólo económica, sino además ideológica. Una disputa que desafía incluso los límites propios de la República.
Fernández pasó por Santa Fe cuando Omar Perotti juró como gobernador. Dejó en claro que la provincia es rica y debe hacer un esfuerzo. Costamagna habló de federalismo real, de la necesidad de caminos e infraestructura, pero el gobierno nacional se llevaría en el nuevo escenario fiscal no menos de 300 millones de dólares más en tres meses. Es dinero generado por los “culpables”, que ya no estará disponible en la economía provincial santafesina.