Por resolución del plenario, la Cámara de Diputados decidió convocar al interventor de la Empresa Provincial de Energía (EPE) a una reunión con la Comisión de Obras y Servicios Públicos para dar cuenta de la situación de la empresa en general y de la política tarifaria en particular. El proyecto votado fue ingresado por la bancada Igualdad que integran Rubén Giustiniani y Agustina Donnet y será la comisión que preside la socialista Clara García la encargada de ponerle fecha a la reunión.
La resolución fue votada en el marco de la última sesión donde además el Frente Progresista -con mayoría propia en el cuerpo- impuso una docena de pedidos de informes al Poder Ejecutivo en áreas como Economía, Salud, Educación, Seguridad y Obras Públicas. El justicialismo solo atinó a pedir prudencia a la hora de discutir públicamente temas de seguridad en un cruce entre Juan Cándido Cruz (UCR) y Leandro Busatto (PJ).
Con muchos ex funcionarios y muchos dirigentes jóvenes, el Frente Progresista domina la Cámara de Diputados y en esta etapa de Extraordinarias desde ese ámbito marca las diferencias con el Poder Ejecutivo a través de declaraciones o pedidos de informes.
Volviendo al tema EPE, Giustiniani consideró pertinente la reunión con Caussi -designado por 120 días como interventor- para conocer los avances logrados en relación al diagnóstico sobre la situación de la empresa. En los fundamentos de la intervención, Perotti destacó la necesidad de “contar con un diagnóstico preciso y acabado de la situación actual de la EPE relativo a empleados, recursos, infraestructura, financiamiento y compromisos asumidos”.
Por otra parte, el gobierno anunció a fines de enero el congelamiento de la tarifa eléctrica por 60 días, lapso que caducará a fines del presente mes. De allí el interés de la Cámara en conocer cuál es la postura del interventor sobre esta cuestión.
También sobre tablas fueron aprobados diversos pedidos de informes:
* De Sergio Basile (UCR): al Ministerio de Salud ante los recientes casos de sarampión confirmados en el país, las medidas que se aplicarán para prevenir el ingreso de la enfermedad a la provincia.
* De Basile: Para que la Agencia Provincial de Seguridad Vial informe en relación a la no emisión de las multas por exceso de velocidad detectadas por los radares ubicados en las rutas provinciales, hecho que se produce desde diciembre según dio cuenta El Litoral. Entre otros motivos, solicita el monto dejado de percibir por la no emisión y la situación contractual con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.
* De Basile: sobre políticas alimentarias en sectores vulnerables.
* De Erika Hynes (PS): sobre cómo seguirán funcionando los programas para la prevención y atención integral de los consumos problemáticos que se desarrollan en el ámbito de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones. “Las organizaciones sociales están viviendo una situación de gran incertidumbre y necesitan contar con estos recursos para continuar” explicó. Recordó que en la gestión anterior “logramos innovar en las modalidades de convenio y sumar dispositivos de atención local, a través de la red de municipios y comunas, y de organizaciones que están cerca de las familias y brindan apoyo y contención”. Según la socialista “más de 112 localidades forman parte de una red de prevención y atención a las personas con consumos problemáticos y hoy se encuentran huérfanos ante el estado provincial. Son derechos que se vulneran al no poder acceder ni articular entre niveles políticas integrales para su atención”.
* De Mónica Peralta (Gen), Lionella Cattalini y Marlen Espindola (UCR) sobre obras educativas paralizadas en diferentes puntos de la provincia.
* De Jimena Senn (UCR) sobre los montos del Fondo Único de Cuentas Oficiales (Fuco) al 29 de febrero y saldo de las cuentas del Tesoro provincial a esa fecha.
* De Juan Cruz Cándido (UCR): respecto de la cantidad y detalle de los diferentes tipos de motos, autos, camionetas, vehículos utilitarios y de transporte de personas de que dispone la policía en cada una de sus jurisdicciones.
* De Nicolás Mayoraz (Somos Vida) sobre la suspensión de los carnavales de Alto Verde y la falta de móviles y personal policial en ese distrito para cubrir el evento.
* De Gabriel Real (PDP): sobre el avance de la licitación pública para la continuación de la obra del Jardín de Infantes Nº 40 de la ciudad de Firmat (dpto General López) que se frenó cuando presentaba un 7,58% de avance de obra. El legislador además leyó en el recinto parte del artículo de diario El Litoral sobre “Partidas federales sin uso para terminar jardínes de infante” entre los cuales se encuentra dicha obra.
Diputados también acompañó a la socialista Rosana Bellatti quien reclamó por el no giro de fondos para programas de vivienda que se ejecutan especialmente en localidades del interior bajo distintas modalidades como lote propio, crédito hipotecario directo y canastas de materiales. La legisladora pidió postergar la emisión de la cuota 1 de dichos planes debido a la demora de los pagos por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. También pidió se habilite la redeterminación de precios sin exigir la ampliación de la correspondiente hipoteca garantizando el cumplimiento del pago con dos garantías solidarias.
La minuta votada solicita conocer el saldo al 31 de enero de las cuentas de la Dirección de Vivienda.
Bellatti planteó que los fondos están y que la paralización de pagos fue decidida por el gobierno provincial generando problemas en las familias “que están viendo frustrada la posibilidad de continuar la vivienda propia y de las constructoras locales que no pueden percibir por sus servicios”.
La legisladora señaló que Vivienda sigue cobrando cuotas, tiene más de 250 millones en cuentas bancarias con una deuda algo inferior con el sistema.
El justicialista Leandro Busatto hizo votar una declaración de apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de sumar estructuras a la justicia federal de Rosario, hecho anunciado en su discurso ante el Congreso Nacional el domingo último. Enseguida el radical Maximiliano Pullaro sumó se apoyo e hizo notar que las bandas narcos que operan en la provincia fueron desarticuladas por las fuerzas de seguridad provinciales y condenados por la justicia santafesina en causas conexas ante la inacción del fuero federal.