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Miércoles 11.03.2020 - Última actualización - 15:28
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Denuncia por abusos en el Jardín San Roque

La defensa de las directoras asegura que en Educación estaban al tanto

Un escrito con fecha y recibo del 17 de diciembre de 2018 da cuenta de que las autoridades del jardín elevaron la denuncia de los padres del alumno a la supervisora. Los abogados afirman que actuaron de acuerdo el protocolo, que entró en vigencia unos meses antes, como consecuencia del crimen de la maestra de Alto Verde.

 Crédito: Pablo Aguirre
Crédito: Pablo Aguirre

Crédito: Pablo Aguirre



Denuncia por abusos en el Jardín San Roque La defensa de las directoras asegura que en Educación estaban al tanto Un escrito con fecha y recibo del 17 de diciembre de 2018 da cuenta de que las autoridades del jardín elevaron la denuncia de los padres del alumno a la supervisora. Los abogados afirman que actuaron de acuerdo el protocolo, que entró en vigencia unos meses antes, como consecuencia del crimen de la maestra de Alto Verde. Un escrito con fecha y recibo del 17 de diciembre de 2018 da cuenta de que las autoridades del jardín elevaron la denuncia de los padres del alumno a la supervisora. Los abogados afirman que actuaron de acuerdo el protocolo, que entró en vigencia unos meses antes, como consecuencia del crimen de la maestra de Alto Verde.

Luego de la audiencia en la que este martes fueron imputadas dos directoras del Jardín San Roque por el presunto encubrimiento agravado de un caso de abuso sexual por el cual está preso un maestro de música, la defensa de las acusadas salió al cruce de los dichos de la ministra de Educación, Adriana Cantero, que el mismo martes le dijo a los padres que se enteraron del caso por los medios.


“Desconozco las manifestaciones de la ministra (Cantero) y del director de Educación Privada” (Rodolfo Fabucci), declaró el abogado Germán Corazza. “Lo cierto es que hay una teoría de la continuidad de los actos administrativos y esta nota de activación del protocolo se presentó a fines de 2018”. Y agregó: “es el Ministerio el encargado, a través de los distintos órganos, de realizar la denuncia penal y seguirla”.


A partir de ese documento, en el que se describe punto por punto la intervención de la institución, el letrado remarcó que “no hay de ninguna manera encubrimiento” de las autoridades del jardín. Consultado por sobre qué debieron hacer las directoras, una vez remitido el caso al Ministerio de Educación, Corazza sostiene que a partir de la atribución de la fiscalía “se está desconociendo alguna reglamentación que está vigente, no sólo en el establecimiento educativo San Roque sino también en todos los colegios de la provincia de santa Fe”.


La mención es en función del acta firmada el 2 de julio de 2018, que se titula “Procedimiento de protección de identidad de docentes que tomen conocimiento de niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad que configure un delito. Formulación de denuncia penal”. Allí se establece que el docente o directivo que tomare conocimiento de un hecho de abuso debe elevarlo a la supervisora, la cual debe informarlo a su vez a la Delegación Regional correspondiente -en este caso la Región 4ta.- y de ser necesaria la denuncia penal, es esta última la encargada de radicarla ante la Justicia.


“Es un protocolo de actuación que se dictó después de un lamentable suceso en que fue víctima una docente de Santa Fe”, subrayó Corazza en relación al crimen de la maestra de Alto Verde, Vanesa Castillo. “Se dictó ese protocolo, en el que intervinieron las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y todas las partes involucradas incluidos los gremios”.


Entonces, “una de las conductas atribuidas es que ellas (por las directoras) no realizaron la denuncia respectiva, cosa que no es así. Ellas tomaron intervención a fines de noviembre de 2018 de este suceso y lo pusieron en conocimiento cabal del Ministerio de Educación de la provincia a través de la supervisión el 17 de diciembre de 2018. Es decir que el Ministerio está al tanto de esta situación desde fines de 2018”, reiteró el abogado que interviene junto a los Dres. Juan Aguilar y Andrés Rolón.


“Es el Ministerio el encargado a través de los distintos órganos de realizar la denuncia y seguirla y hay una comisión interdisciplinaria que se forma para actuar en estos casos, cosa que no estoy al tanto si se hizo o no. Lo que sí sabemos fehacientemente es que las dos imputadas han activado este protocolo mediante nota”, cerró.


Consultado sobre si dicho protocolo se encuentra en poder de la fiscalía, la defensa dijo desconocerlo. “Lo que sí tengo conocimiento es que fue archivado en el organismo respectivo, estoy haciendo mención de quien depende el establecimiento educativo. Además lo que se les atribuyó fue no haber apartado al docente en el ejercicio de sus funciones. Claramente debemos decir en este aspecto que es el Ministerio quien a través de los mecanismos respectivos debe iniciar un sumario administrativo para disponer el apartamiento, la cesantía o lo que fuera necesario en este caso”.


También reconoció que como es una escuela privada pudieron “cesantearlo o despedirlo, porque la relación laboral es dentro del ámbito privado”, pero dejó en claro que “era el ministerio quien debió iniciar un sumario”. Asimismo recordó que fue el docente quien “habría pedido licencia en el ejercicio de sus funciones, desconozco la fecha exacta porque no está a cargo nuestro esa situación”, se excusó.


En cuanto a la audiencia de prisión preventiva, la Oficina de Prensa del Poder Judicial informó que será este jueves a las 9 de la mañana, en la Sala N° 1 del subsuelo de tribunales, estará a cargo del juez Gabriel Candioti y no está definido si será con público o a puertas cerradas. A propósito de ello, la defensa de las directoras adelantó que “ellas van a hacer uso de su derecho a declarar” y “no vamos a objetar que pase el público siempre y cuando se proteja el interés superior del niño”.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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