¿Y si la Justicia no sale por la ventana?

“Cuando la política ingresa a los tribunales, la Justicia escapa por la ventana; sin Justicia, no hay República ni democracia”, dijo Alberto Fernández ante el Congreso.

El presidente acaba de quedarse con el poder de nominar jueces subrogantes. Ya no serán los magistrados jubilados quienes hagan las suplencias; la “carga pública” que los obligaba para cubrir vacantes dejó de existir. En la ley de reforma previsional al sector, la Casa Rosada y Cristina Fernández elucubraron la “derogación del Estado Judicial” que así lo disponía; Leopoldo Moreau incluyó el “detalle” en la norma que tuvo su primer media sanción en Diputados.

Hay más de 140 vacantes entre jueces, fiscales y defensores en la justicia federal. El proceso normal para cubrir esos cargos llevaría no menos de dos años y el artilugio administrativo y legal para que todo quede bajo la pluma del presidente -y el paso por el Senado manejado por Cristina- es un hecho. La reforma judicial es una incógnita; pero de lo poco que se sabe, hay una treintena de juzgados vacantes nacionales que pasarían al fuero federal para “redistribuir” lo que hoy concentra Comodoro Py. Son los despachos que atenderán los casos de corrupción, y que estarán presumiblemente a cargo de esos nuevos “jueces mientras tanto”, a discreción del poder de turno.

Podría haber resoluciones de Cámara que resistan los dispositivos de los subrogantes por venir, aunque -a diferencia de otras ocasiones- un decreto reglamentario que los haga pasar por el Senado, podría eventualmente encuadrarlos dentro de los requisitos formales de la Constitución.

En la tensión de fondo hay una cuestión decisiva por resolver. La ley del Consejo de la Magistratura fue reformulada en 2006; un fallo de Cámara de 2015 dijo que ese cambio es inconstitucional porque le devolvió a la corporación política una mayoría de representantes capaz de resolver por sí misma las decisiones de nominación o enjuiciamiento de los magistrados, sin depender del voto de los representantes del resto de los estamentos: los propios magistrados, los abogados, los científicos.

La ley 26080 es -según Justicia- violatoria del artículo 114 de la Constitución, que creó el Consejo de la Magistratura precisamente para que la corporación política no negocie -según intereses partidarios del poder de turno- la nominación o remoción de jueces. El peronismo tuvo que ceder a ese dispositivo “europeo” cuando se reformó la Carta Magna en el ‘94; lo hizo a cambio de la reelección de Menem. Pero encontró en la mayoría legislativa kirchnerista la oportunidad legislativa de revertir los efectos sin una contrarreforma. Enrique Paixao le dio el fundamento: que el nuevo organismo no facilite un Poder Judicial autogestionario, con jueces que proveen nuevos jueces.

¿Qué pasaría si queda firme la inconstitucionalidad y se limita el poder político de turno para nominar o juzgar a los jueces? El expediente lleva más de cuatro años de espera; el máximo tribunal tiene “mayoría peronista”. Pero solo Carlos Rosenkrantz y Eelena Highton de Nolasco (fue promovida por Alberto al cargo) fueron a escuchar a Fernández en el Congreso. La Corte debe decidir a fines de este mes o principios de abril, sobre el pedido de Cristina Kirchner para suspender el juicio oral por obra pública en Santa Cruz.

El condenado Julio De Vido dijo hace pocas horas: “estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Cristina, de propulsar desde el Senado a través de la senadora Sacnun la intervención de la justicia de Jujuy, que son unos facinerosos empleados del poder de turno y de la embajada”. A confesión de parte, la política entra a Tribunales. ¿Qué pasaría si la justicia no sale por la ventana?