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Jueves 19.03.2020 - Última actualización - 14:02
13:59

Salas vacías y restricciones

Por el coronavirus casi no se realizan audiencias en los tribunales penales

Desde este miércoles y durante lo que resta de marzo, sólo serán llevados al banquillo de los acusados quienes sean privados de su libertad por hechos de flagrancia o aquellos que las partes consideren de resolución “urgente”. La Corte provincial garantizó las “guardias mínimas”. El MPA y la Defensa Pública apuestan al teletrabajo y las videoconferencias como alternativa a la crisis. 

En cuestión de horas la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe redujo drásticamente la programación de audiencias que pasó de 45 el lunes a apenas 8 este jueves. Crédito: Flavio RainaEn cuestión de horas la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe redujo drásticamente la programación de audiencias que pasó de 45 el lunes a apenas 8 este jueves.
Crédito: Flavio Raina

En cuestión de horas la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe redujo drásticamente la programación de audiencias que pasó de 45 el lunes a apenas 8 este jueves. Crédito: Flavio Raina



Salas vacías y restricciones Por el coronavirus casi no se realizan audiencias en los tribunales penales Desde este miércoles y durante lo que resta de marzo, sólo serán llevados al banquillo de los acusados quienes sean privados de su libertad por hechos de flagrancia o aquellos que las partes consideren de resolución “urgente”. La Corte provincial garantizó las “guardias mínimas”. El MPA y la Defensa Pública apuestan al teletrabajo y las videoconferencias como alternativa a la crisis.  Desde este miércoles y durante lo que resta de marzo, sólo serán llevados al banquillo de los acusados quienes sean privados de su libertad por hechos de flagrancia o aquellos que las partes consideren de resolución “urgente”. La Corte provincial garantizó las “guardias mínimas”. El MPA y la Defensa Pública apuestan al teletrabajo y las videoconferencias como alternativa a la crisis. 

Dos juicios orales que comenzaron esta semana debieron ser suspendidos el miércoles, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe decidiera extremar las medidas de seguridad e higiene ante la propagación/crisis del coronavirus Covid-19. En esta disposición, también se suspendieron los plazos procesales, por lo que la actividad en el subsuelo de los tribunales de la capital, como en el resto del territorio provincial, disminuyó drásticamente.


El ambiente estuvo marcado por el inusual silencio y las salas vacías. Se pasó de 45 audiencias fijadas el lunes, a sólo 13 dos días después, reduciendo a su vez la cantidad de detenidos que se alojan en la celaduría y con los que debe tener contacto el personal de seguridad que se encarga de trasladarlos a las audiencias. Por precaución, los guardias comenzaron a utilizar guantes de látex, que deben descartar pasadas las 4 horas. 


La desinfección y el alcohol en gel pasaron a ser fundamentales y se redujo la cantidad de personas que pueden participar en las audiencias -permitiendo el ingreso de sólo un familiar del imputado y otro de la víctima- y recién a las 9 de la mañana se llevó a cabo la primera. De las ocho salas con las que cuenta el Palacio de Justicia, sólo dos funcionaron de manera intermitente. Además, todas las cámaras Gesell programadas fueron suspendidas.


Casos “urgentes”


Tras las medidas, se hará lugar a los casos “urgentes” y continuarán programandose las audiencias de carácter impostergable, como las imputativas o aquellas que impliquen el tratamiento del estado del detenido (la libertad o la prisión preventiva). Además, se asegura que estarán garantizadas las “guardias mínimas” en pos de que el sistema continúe funcionando y, para disminuir la concurrencia de personas, se extendió la solicitud de que se gestionen los trámites o información requerida de manera telefónica o electrónica. 


En cuanto a los empleados, se otorgó licencia con goce de haberes a todos aquellos que pertenezcan a la “población en riesgo”. En esa línea, el Fiscal General de Santa Fe Jorge Baclini emitió tres circulares en los últimos días, con las medidas que se tomaron desde el Ministerio Público de la Acusación, estableciendo también licencias especiales para agentes y empleados “que sean mayores de 60 años, que estén embarazadas en cualquier trimestre y que sean considerados integrantes de grupos de riesgo o población vulnerable”.


Se otorgó el mismo beneficio a los funcionarios que tengan a su cargo hijos menores de edad mientras dure la suspención de clases.


Otra de las medidas de prevención que tomó la institución -que tiene al menos a dos fiscales que regresaron del exterior en cuarentena- es la división del staff en grupos, para reducir la cantidad de personas que se encuentran en las oficinas. Esto no entorpecería el trabajo en las diferentes causas, ya que los fiscales continúan su labor desde sus domicilios. Por otra parte, se solicitó a la Corte Suprema de la Provincia “la suspensión de los juicios orales y que las audiencias de ejecución penal se realicen mediante la modalidad de videoconferencia” desde la cárcel.


En cuanto a las guardias, los turnos continuarán cubiertos, se toman entrevistas telefónicas y se creó un grupo especial para tratar la violación de la cuarentena obligatoria.


“Medidas de protección”


Desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) también se adoptaron medidas destinadas a la preservación de los agentes y sus representados. En la mañana de este jueves se realizó una reunión entre la Defensora Provincial Jaquelina Balangione y los Defensores Regionales, quienes serán los encargados de organizar las “guardias mínimas” y además deberán “proveer un número telefónico de urgencias y designar un responsable para su atención, tarea que podrá ser realizada desde el domicilio”.


Balangione destacó que las obligaciones laborales continúan vigentes, pero dichas tareas deberán realizarse a distancia “siguiendo estrictamente las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la pandemia en curso”, y comunicó que junto al Poder Ejecutivo se tomó la decisión de “suspender las visitas y las salidas transitorias hasta el 31 de marzo” de todos los detenidos en la órbita del Servicio Penitenciario. Esta medida no es de prohibición sino más bien de protección tanto para los reos como para sus familias y la comunidad. 


Son más de 7.000 las personas privadas de la libertad en la provincia, y hay penales en donde el hacinamiento no permite que se respete la distancia mínima recomendada entre personas. La Defensora también adelantó que el Secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez se comprometió a “de aquí al 30 de marzo elaborar un programa de salidas y visitas” en el caso de que deban extenderse los plazos. 


En cuanto a las 400 personas detenidas en el ámbito de la policía, “nos preocupan porque las condiciones de habitabilidad en la mayoría de las comisarías son peores que en las cárceles” y “desde el Ministerio de Seguridad no hemos tenido respuestas”. Por último, Balangione expresó que su intención es “llevar tranquilidad a los detenidos de que estamos velando por sus derechos”.


Las medidas tomadas por los diferentes sectores de la Justicia responden a lo predispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y, por el momento, corresponden a lo que resta del mes de marzo, pero podrían extenderse e incluso modificarse con el transcurso del tiempo y la expansión, o contención, del coronavirus Covid-19.

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El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.
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