La convocatoria a la Cámara de Diputados para el miércoles 25, a las 15, dejó abierta la posibilidad de que la semana venidera el Poder Ejecutivo tenga sancionada la llamada Ley de Necesidad Pública. Las negociaciones están muy avanzadas y más ante el agravamiento de la situación por el impacto de la pandemia del coronavirus también en Santa Fe.
Esta semana finalmente no sesionó Diputados y el Senado levantó las dos reuniones para los cuales había sido convocada. No obstante, fueron muchos los legisladores justicialistas, socialistas y radicales presentes en el palacio Legislativo para participar de numerosas reuniones para acercar posiciones. De todas maneras, el llamado del gobernador Omar Perotti al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, sirvió para acelerar las negociaciones. “El diálogo ayudó y ordenó la discusión” reconoció un diputado socialista. Desde todos los sectores se coincide en admitir que “las negociaciones están avanzadas” aunque quedan temas sueltos que terminarán de definirse en el fin de semana largo donde hubo compromisos de intercambio de borradores entre las partes.
“La complicada situación sanitaria y las consecuencias económicas ameritan que la dirigencia política santafesina de una muestra de madurez a la sociedad”, coinciden en los diferentes espacios políticos. Sectores justicialistas no descartan la posibilidad de una reunión entre Perotti y Lifschitz si es que existe acuerdo sobre el proyecto.
El decreto de convocatoria a la sesión especial aclara que es a pedido de una nota de diputados de diferentes bloques y “es para dar ingreso y tratamiento al proyecto aprobado por la Cámara de Senadores” en referencia al mensaje del Poder Ejecutivo.
En el segundo párrafo se aclara que “ a los efectos de cumplir con todas las exigencias planteadas por las autoridades nacionales y provinciales, se tomarán todos los recaudos necesarios para disminuir al mínimo posibles riesgos sanitarios”.
En la Casa Gris entienden que los 39 mil millones de pesos de endeudamiento a principios de año serán insuficientes ante la magnitud de la crisis. No obstante, en el Frente Progresista todavía no hay un aval a esa cifra y se insiste en no conceder poderes especiales al Poder Ejecutivo y en objetar otros artículos como la posible privatización de servicios hoy en manos de API y Catastro. También está en discusión los alcances del apoyo a los municipios y comunas, tema muy sensible a socialistas y radicales que ya no tienen línea directa con la Casa de Gobierno como en los doce años anteriores.
Diputados socialistas con experiencia en el Poder Ejecutivo en los últimos años entienden que el gobierno tiene instrumentos en la ley de Administración Financiera para hacer frente a la crisis del coronavirus. No obstante, admiten que la situación sanitaria terminará impactando en las cuentas públicas y en los sectores productivos que necesitarán apoyo del Estado para subsistir. En ese tema también estaría una de las claves de la posible ley acordada entre el Ejecutivo y la Legislatura.
Ante el faltante de alcohol en gel y los incrementos de precios, en la Cámara de Diputados se han presentado diferentes iniciativas tendientes a paliar desde la provincia el inconveniente. Así Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio) propuso que tanto el alcohol como los barbijos se produzcan de las diferentes establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario con el apoyo de estudiantes de las Facultades de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR e Ingeniería Química de la UNL que interactuarían con los detenidos a través de videos instructivos.
Walter Ghione (Somos Vida y Familia) instó a que sea el Laboratorio Industrial Farmacéutico el que produzca alcohol en gel a los fines de repartirlo en los diferentes centros de salud y dispensarios de toda la provincia. También Rubén Giustiniani (Igualdad) recomendó al Poder Ejecutivo que habilite al LIF para la producción.
La diputada Cesira Arcando (Juntos por el Cambio) ingresó dos proyectos de ley para apoyar a hogares y pequeños y medianos comercios ante la crisis. Por un lado, solicitó la suspensión por 60 días de cortes de suministros de la Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas o cooperativas que brinden el servicio.
En otra iniciativa solicita a la API que las pequeñas y medianas empresas que sostengan el personal y la planta al día 1° de marzo de 2020, sean beneficiadas con la reducción de un 50% de los tributos provinciales.
Amalia Granata (Somos Vida) presentó un pedido de informes donde solicita al Poder Ejecutivo conocer sobre la capacidad que tiene la cartera de Salud Pública para responder ante la actual situación del coronavirus (COVID19). Solicita conocer medidas que se tomarían ante un eventual pico de contagio, cantidad de equipos de asistencia respiratoria asistida en óptimo estado de funcionamiento que existen en la provincia y cantidad de plazas para el tratamiento de pacientes infectados en estado de aislamiento por contagio.