Bolsonaro llamó a un pacto para preservar la vida y el empleo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocó a sus compatriotas a “un gran pacto nacional por la preservación de la vida y de los empleos” para enfrentar la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 5.700 infectados y de 200 muertos en el país.

Lo hizo en un mensaje al Congreso transmitido por cadena oficial de radio y televisión, en momentos en que en varias ciudades se producían cacerolazos de rechazo a la política del mandatario frente a la enfermedad, a la que buena parte de la población juzga poco sanitarista y demasiado economicista.

“Pido un gran pacto nacional por la preservación de la vida y de los empleos; ante el mayor desafío que enfrentó nuestra generación tenemos una misión que es salvar vidas pero sin olvidar los empleos”, afirmó el mandatario.

“Por un lado tenemos que tener cautela y precaución con todos, principalmente los ancianos y los más vulnerables, pero, por otro, tenemos que combatir el desempleo; vamos a cumplir la misión de cuidar los empleos al mismo tiempo que cuidamos la salud de las personas”, agregó.

Para sostener sus argumentos, Bolsonaro -que días atrás había calificado al coronavirus como “una gripecita”- citó por segunda vez en el día de manera distorsionada un pronunciamiento del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon.

Según el jefe del Estado, “el director de la OMS dice que hay trabajadores que necesitan trabajar para tener el pan de cada día y que los gobiernos tienen que tener esta población en cuenta”, y se preguntó: “Si les impedimos moverse, ¿qué les ocurrirá a esas personas?”

Tras la primera declaración de Bolsonaro en esa dirección, la OMS aclaró que defendió políticas sociales de protección económica pero que sigue reafirmando la importancia de las medidas de aislamiento social.

Bolsonaro mantuvo en los últimos días enfrentamientos con los gobiernos de varios estados que ordenaron cuarentena sin que lo hiciera la administración central, y desdibujó la figura del ministro de Salud, Luiz Mandetta, que recomendó medidas más estrictas contra el avance de la pandemia.

Anoche, mientras Bolsonaro daba su discurso, las cacerolas sonaron fuerte en las principales ciudades del país, como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y Recife, acompañadas de consignas tales como “Fuera Bolsonaro”, “Fuera fascista” y “Basta Bolsonaro”.

Más temprano, el gobierno reportó 42 nuevas muertes por coronavirus, más de la mitad en el estado de San Pablo, el epicentro de la pandemia que ya provocó más de 5.700 casos y 201 fallecidos en todo el país.

En su balance diario, el Ministerio de Salud informó que las muertes pasaron de 159 a 201 y los infectados de 4.579 a 5.717 en las últimas 24 horas, y destacó que la actual tasa de mortalidad en el país es de 3,5%, mucho más alta que en el promedio del mundo.

El estado de San Pablo registró 23 nuevas muertes, es decir, casi una por hora, lo que elevó el total a 136, según el portal del diario O Globo.

Los casos de infectados en San Pablo también crecieron dramáticamente: de 1.517 a 2.339, es decir, 54%.

En total, los infectados en todo Brasil aumentaron 135% en la última semana y los muertos, 253%.

Pese a este aumento significativo, muchos analistas advirtieron que el número de casos de infectados debe ser mucho mayor.

En primer lugar, porque en Brasil en general las pruebas médicas para confirmar la enfermedad son aún minoritarias.

En segundo lugar, porque en el epicentro de la pandemia, en San Pablo, la Secretaria de Salud decidió que todas aquellas personas que presenten síntomas leves, es decir, que no les falte el aire, no son registradas como casos sospechosos y, por eso, probablemente nunca sean sometidas a una prueba.

>>>Chile: suspenden despidos pero habilitan rebajas salariales

El Congreso chileno aprobó un proyecto de Protección del Empleo impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera para mitigar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, que prohíbe los despidos por fuerza mayor pero habilita las suspensiones temporales con reducción salarial.

La ley prohíbe que, durante los próximos seis meses o mientras dure el estado de excepción de catástrofe, se pueda despedir a los trabajadores bajo la causal de fuerza mayor.

La medida busca que, en caso que los empleadores vean afectada total o parcialmente su actividad, puedan pactar la suspensión temporal del contrato de trabajo, plazo en que el trabajador accedería al uso del seguro de cesantía.

Según la ley, en el caso de la suspensión temporal del contrato de trabajo, el seguro de cesantía cubrirá el primer mes en un 70% el sueldo, mientras que los meses siguientes será de 55 y 45% respectivamente.

En primera instancia, se usarán los fondos de la cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando estos no alcancen, se financiará a través del fondo de cesantía solidario.

La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, estuvo presente en el Congreso y mostró su satisfacción por la aprobación de la ley y aclaró que todas aquellas empresas que se vean impedidas para continuar sus actividades debido a la crisis, pueden ser beneficiarías de la medida, aunque le pidió a las grandes empresas que puedan seguir pagando los sueldos, que lo hagan.

La ley que busca flexibilizar el uso del seguro de cesantía por la emergencia que vive el país es la segunda medida económica del gobierno aprobada en el Congreso, luego del Bono Covid-19, que permitirá que cerca de 2,8 millones de personas cobren 50.000 pesos chilenos (60 dólares) por carga familiar.

En medio de la crisis, las isapres (aseguradoras privadas de salud) informaron que a partir de julio incrementarán en un 4,5% en promedio los planes de salud, lo que generó un repudio transversal tanto de la oposición como del oficialismo.

Desde el 18 de marzo, Chile vive un estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, decretado por el presidente, debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus que ya registra 12 muertos y 2.738 contagiados, sumado a una crisis social que se vive desde octubre de 2019.

La emergencia sanitaria llevó a posponer hasta octubre el plebiscito sobre si es necesario elaborar una nueva Constitución, uno de los reclamos surgidos del estallido social vivido en el país el año pasado.