Mediante un hábeas corpus interpuesto por su defensora, Diego Exequiel Alarcón -condenado a 7 años de prisión por usurpación y robo calificado- solicitó continuar su sentencia de manera domiciliaria mientras dure la pandemia del coronavirus Covid-19. El interno del penal de Las Flores sufre de asma y por este padecimiento respiratorio se lo considera persona de riesgo.
Durante la audiencia, todas las partes se apersonaron en la sala 2 de los tribunales santafesinos, a excepción del reo que participó de manera virtual a través de una videoconferencia. Ante el juez de la IPP Jorge Patrizi no solo se presentaron los representantes del Ministerio Público de la Acusación -fiscal Eric Fernández- y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal -Mercedes Mazzia-, sino también Darío Rossini, de la Dirección De Régimen Correccional, y Cecilia Bulrich, asesora del Servicio Penitenciario.
Patrizi rechazó la solicitud de hábeas corpus, ya que consideró que no se daba por acreditado que la afección de Alarcón no pudiera ser tratada dentro del instituto, aunque sí ordenó “hacer saber al Servicio Penitenciario que deberá extremar los recaudos para efectuar los controles a las personas de riesgo”, no sólo a los internos sino también a quienes tienen contacto con ellos, y “verificar la posibilidad de que Alarcón tuviera recreo de manera distinta -al resto de los presos-, para evitar o minimizar el riesgo de contacto” y, por ende, de contagio del coronavirus.
En junio de 2017 Diego Exequiel Alarcón fue condenado a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por el juez Héctor Candioti, mediante un acuerdo de juicio abreviado. El fiscal Gonzalo Iglesias estuvo a cargo de las dos investigaciones que lo tenían como imputado, una por la usurpación de una vivienda y tenencia ilegítima de arma, y otra por dos robos calificados; todos los delitos cometidos en la ciudad de Santo Tomé. Además, en esta condena se unificó una sentencia previa -de 2015- por la tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
El primer delito tuvo lugar en 2015, “Alarcón ingresó violentamente y usurpó una vivienda ubicada en calle Tomás Lubary al 3900 de la ciudad de Santo Tomé. El inmueble era de un vecino, porque el condenado vivía a menos de 100 metros del lugar”, informó Iglesias tras el procedimiento abreviado. El ahora condenado usurpó dicha casa por dos años aproximadamente y cuando se lo detuvo “tenía en su poder sin la debida autorización legal un arma de fuego tipo carabina semiautomática calibre 22, que fue secuestrada”.
En cuanto a los dos robos calificados, ambos fueron cometidos el lunes 13 de junio de 2016 en Santo Tomé, el primero de ellos en inmediaciones de calle 1º de Mayo y Dorrego alrededor de las 19:30, mientras que el segundo fue 15 minutos más tarde en la intersección de las calles 13 de Diciembre y Lavalle. “En ambos casos la modalidad fue la misma. El condenado junto a otro hombre exhibió un arma de fuego tipo revólver y bajo amenazas le sustrajo pertenencias a dos mujeres”, precisó por entonces Iglesias. En el primer caso, se apoderó del celular de la víctima, mientras que en el segundo hecho sustrajo un bolso.
Luego de cometer los dos delitos, Alarcón fue aprehendido mientras caminaba por inmediaciones de las calles Lisandro de la Torre y 1º de Mayo, tras descartar la moto en la que había escapado, el bolso de la víctima y el arma que utilizó para los robos.
La decisión del juez Jorge Patrizi marca un precedente, ya que habría más de una decena de solicitudes similares por resolver.