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Martes 07.04.2020 - Última actualización - 6:52
6:48

La situación en el sistema penitenciario

"La Defensa no hace planteos irresponsables"

Es la definición de la defensora general, Jaquelina Balangione. Advirtió que el coronavirus activó problemas de hacinamiento y de demoras de jueces y del Poder Ejecutivo en resolver salidas transitorias. Aclaró que los pedidos de la Defensa son para poco más del 2% de los internos.

 Crédito: Pablo Aguirre
Crédito: Pablo Aguirre

Crédito: Pablo Aguirre



La situación en el sistema penitenciario "La Defensa no hace planteos irresponsables" Es la definición de la defensora general, Jaquelina Balangione. Advirtió que el coronavirus activó problemas de hacinamiento y de demoras de jueces y del Poder Ejecutivo en resolver salidas transitorias. Aclaró que los pedidos de la Defensa son para poco más del 2% de los internos. Es la definición de la defensora general, Jaquelina Balangione. Advirtió que el coronavirus activó problemas de hacinamiento y de demoras de jueces y del Poder Ejecutivo en resolver salidas transitorias. Aclaró que los pedidos de la Defensa son para poco más del 2% de los internos.

Siete internos fallecidos en pocos días en los establecimientos carcelarios de la provincia expresan la situación problemática que se vive dentro de los penales, especialmente en Coronda y Las Flores. “La pandemia expone todo”, afirma Jaquelina Balangione, la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal quien venía advirtiendo al Poder Ejecutivo -el actual y al anterior- sobre situaciones de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles.


La defensora provincial instó a los jueces a que analicen y resuelvan los pedidos de habeas corpus presentados por la institución. “No hacemos locuras y están debidamente fundados” le aclara a El Litoral y calmó a la sociedad recordándole que la postura del organismo tiene respaldo de la Constitución y de tratados internacionales sobre Derechos Humanos.


- ¿Qué pasó en el sistema carcelario?

- Tengo una mirada crítica que viene de mucho antes de la pandemia. Hemos efectuado planteos en habeas corpus y otras presentaciones judiciales, realizamos gestiones ante el Poder Ejecutivo anterior y actual. Esta pandemia expone todo, lleva todo a un máximo nivel de exposición: problemas, virtudes, buenos funcionarios, malos funcionarios, todo se ve con esto. Es una situación límite. 


Previo a la pandemia tuve reuniones con funcionarios penitenciarios y policiales. En enero presenté un informe a ambos ministros sobre cantidad de detenidos en comisarías, en alcaidías; habeas corpus en marcha, los resueltos favorablemente y la respuesta -generalmente nula- del Poder Ejecutivo. Cuando empieza la pandemia, la novedad llega a los internos por los medios de comunicación. Las personas privadas de libertad viven un mundo especial intramuros, aislados. Su único contacto son los penitenciarios y los familiares que a través de visitas y el aporte de alimentos, ropa y medicamentos hacen que la vida intramuros sea más llevadera y tengan alguna contención humana.


- Esto se alteró con la pandemia... 

- Con la pandemia, percibo en el contacto con los internos y con familiares una sensación de pánico generalizado ante un abandono por parte del Estado. Es aceptable dentro de la pandemia, por una actitud lógica y racional, la suspensión de las visitas y de las salidas transitorias, pero el Poder Ejecutivo no pudo organizar rápidamente la entrega de paquetes e incluso la suspendieron. Los internos vivenciaron el corte de visitas y de paquetes justo el fin de semana. Abruptamente se tuvieron que mantener con lo que el Servicio Penitenciario les provee de comida que es insuficiente y de mala calidad. Esto movilizó a los internos a una protesta que empezó siendo muy fuerte en Coronda donde están internos de toda la provincia más los federales. Los pabellones se fueron plegando. La carcelaria es una población muy compleja, que no accede a educación, a salud, a cupo laboral y lo poco que hay el Servicio Penitenciario lo usa en forma discrecional y no racional. Tenemos registro de violencia, de torturas monitoreando las denuncias que recibimos. El 50% de la población carcelaria no tiene terminada la escuela primaria. Hay atrasos en los informes de la unidad técnica criminológica del Servicio Penitenciario para que el juez se pueda expedirse sobre libertad condicional o salidas transitorias. Hay mucha gente que está adentro y podría estar en condicional.


- ¿Es correcto entonces hablar de superpoblación?

- Venimos diciendo hace mucho que las cárceles están superpobladas y en muchos casos hay hacinamiento. Con la pandemia se agudizó y se hizo más urgente la necesidad. 

 

Lo dijimos desde un primer momento y luego fue avalado por opiniones jurídicas, doctrinarias y de organizaciones internacionales de derechos humanos y de salud: Es necesario bajar la población carcelaria cuando excede para evitar el hacinamiento porque es mucho más propicia la propagación del virus adentro y hacia afuera. Se debe cuidar la vida de los internos, de los agentes penitenciarios y su familia, proveedores, funcionarios, defensores y la comunidad.


El terror de los internos es morir dentro abandonados por el Estado.


- Cómo se compatibiliza toda esta situación con la sociedad, que tiene una mirada muy crítica con la población carcelaria?


- La comunidad tiene que estar tranquila porque la Defensa no plantea esto en forma irresponsable. Planteamos únicamente aquellos casos donde estamos seguros que jurídicamente corresponden medidas menos restrictivas a los internos. No pedimos cualquier cosa y no exponemos a los jueces; pedimos lo que corresponde y nos basamos en estándares internacionales. No tenemos un interés económico. Encaramos las peticiones una por una, dándole elementos a los jueces y fiscales cuando entendemos que corresponde una medida menos restrictiva para liberar de espacios de encierro. Se deben contemplar dos o tres situaciones: aquellos en condiciones ya de obtener salidas; grupos de riesgo en salud y aquellos con la prisión preventiva vencida.


Cuando hablo de personas en condiciones ya de obtener la libertad condicional, aclaro que no es por el coronavirus. Hay un atraso del Estado, ellos ya cumplieron las dos terceras partes de la condena, sus delitos no fueron violentos y tienen buena conducta en el penal. La normas de pandemia suman un elemento más favorable para ellos. De esto se se debe preocupar el Secretario de Justicia. Las expectativas en la población penitenciaria no son 500 ni 700 como se dijo por allí. Son 172 casos planteados en la provincia sobre una población carcelaria de 7000, el 2,4%. De ellos son 132 en Rosario donde 7 fueron concedidas, 28 rechazadas, 65 están en trámite y 22 que no tienen ni primer decreto. Es una población de 3000. La sociedad tiene que estar muy tranquila porque hay mucho control.


- ¿Qué rol les cabe a los órganos del sistema penal en este contexto?

- Los fiscales tienen una instrucción general de Jorge Baclini de oponerse a todo, lo que me parece sumamente desacertado con las normas que están imperando. En la mesa de diálogo le propuse a Baclini ver los casos e ir con acuerdos ante los jueces para aliviar la responsabilidad y la tarea.
Además están los grupos de riesgo, personas que aplican a las situaciones de coronavirus, por ejemplo, mayores de 60 años y con problemas cardíacos, hipertensos, etc. Acá los operadores jurídicos no tenemos que hacer interpretaciones médicas, la deben hacer los médicos y la justicia debe interpretar la norma y actuar con responsabilidad.

 
La Defensa -con menos personal e infraestructura que la justicia y que el MPA- hizo 172 casos presentados con informes, ¿cómo no lo pueden analizar los fiscales responsablemente y los jueces resolver?. No es algo complicado, hay mucho temor. Estamos seguros que tomamos el camino correcto, es nuestra obligación constitucional plantearlo y que la sociedad y los internos se queden tranquilos. No es un beneficio colectivo, están planteados casos por caso según la ley.


- ¿Avanzar en construir penales lleva tiempo?

- Hace un año que tendría que haberse estrenado la unidad 3 en el centro de Rosario y todavía resta un año para que sea terminada. Como positivo, esto interpela a la sociedad para que pueda entender lo complejo de nuestro trabajo. Lo nuestro no es ideología, es responsabilidad del Estado conforme a lo que establece la Constitución Nacional y a los derechos de cualquier ciudadano. Somos los guardianes de esa parte, del derecho de defensa, del núcleo del artículo 18 de la Constitución Nacional como base en el artículo 1 como la división de poderes y la responsabilidad de los funcionarios. Los funcionarios judiciales somos responsables de lo que pasa. Lo señala la CIDH haciendo expresa referencia a los motines y los tumultos que hubo en Santa Fe en un documento para todo el continente. Lo mismo la OMS. 


- ¿Cómo está hoy el sistema?

- Delicado, en forma latente. De la adversidad salen cosas positivas. El Poder Ejecutivo ha tenido respuesta. Demoró mucho el tema paquetes que hubiera evitado los tumultos que se iniciaron en Coronda y cuando pasó a Las Flores se descontroló y hubo 700 involucrados. Muchos no querían meterse en problema pero la masa absorbe porque corre peligro la vida.

 
- ¿La mesa de diálogo es la salida?

- Le mandé una nota al gobernador (Omar Perotti) pidiéndole la formación de una mesa de diálogo. No me contestó, pero llamaron. Se ocupó (Gabriel) Somaglia de llamar a uno por uno. Fue un viernes y después no tuvimos más novedades. Sirve, más allá de que mis expectativas no se vieron satisfechas porque se habló de determinadas cosas y cuando salimos cada uno tomó determinado camino. Sirve para saber dónde estamos parados cada uno. Si me vuelven a llamar iré más allá de que lo que propuse no fue aceptado. Voy a decir lo que pienso a cada una de las partes. Así se va construyendo. El gobierno actual es muy nuevo. El desafío es grande.

 

“Hay droga en los penales”


¿Qué control hay sobre la entrega de paquetes?. Usted dice que entra comida pero deben ingresar teléfonos celulares que están prohibidos y sin embargo están en manos de internos


- Ahora hay un fallo de Casación que admite legalmente los celulares mientras dure las restricciones de visitas (los que haya en el penal, dice). De todos modos se sabe lo que ingresa, se hacen requisas, se revisa de a uno


- ¿Comida, pastillas y droga también entran?

- La droga entra. Hay un problema que hay que decirlo: dentro de las cárceles hay un grave problema de salud pública por el elevado consumo de drogas legales e ilegales, consumos problemáticos de drogas, problema que excede a los internos porque también hay un sector de penitenciarios que lo padecen. Hay muchos penitenciarios con problemas de salud mental, de brotes problemáticos, etc. Está en el informe nuestro sobre violencia institucional y torturas del año pasado. ¿Cómo entra la droga a la cárcel? O camuflada por las familias y también a través de empleados infieles. Hoy está muy cortado y trae graves problemas a partir de la abstinencia. Hay pabellones que son de alto consumo.


- No debe ser fácil la situación porque no es lo mismo salir de consumos allí adentro que en el exterior

- En libertad tenés la contención de familiares, profesionales; allí están encerrados en lugares inhóspitos, sin aire, sin luz, helados en inviernos, calurosos en verano, amontonados, es una población compleja de varones entre 18 y 24 años, con bajo nivel educativo e intelectual, mal alimentados, mala salud, inmunodeprimidos. Muy complejo. Además debido a la pandemia, el Servicio Penitenciario está trabajando con guardias mínimas.

 


La pandemia agravó una situación ya complicada. El coronavirus expone todo mucho más. El problema de la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento está expuesto e ilustra a la sociedad lamentablemente con esta experiencia”. Jaquelina Balangione


Interrogantes de Granata


La diputada Amalia Granata (Somos Vida) elevó ante el Poder Ejecutivo, un pedido de informes sobre determinadas cuestiones vinculadas al funcionamiento del Servicio Penitenciario. Entre ellas, solicitó conocer la cantidad de plazas en condiciones humanamente dignas con las que cuenta destinadas al albergue que quienes cumplen condena; cantidad de personas que en la actualidad se encuentran cumpliendo penas privativas de la libertad; proyectos -si los hubiera- para ampliar la capacidad de las prisiones; cantidad de internos en los establecimientos carcelarios que presenten antecedentes y/o patologías que los coloque en situación de riesgo de salud ante la pandemia de Covid-19 así como medidas sanitarias implementadas en los establecimientos para evitar el contagio de sus internos y capacidad operativa con la que cuentan las enfermerías de esos penales para atender a los potenciales contagios.


También requiere conocer la cifra total de internos fallecidos durante los incidentes, causas de sus decesos, cantidad de internos y agentes del Servicio Penitenciario heridos durante los incidentes y estado actual; daños materiales sufridos en la infraestructura y el costo que demandará reparación y reposición de los bienes destruidos.


Para Granata, es preocupante el mal estado de un sistema creado para reinsertar al delincuente en la sociedad. “Pero a dicha preocupación se suma otra que iguala, e incluso supera, en gravedad a la anterior: el hecho de que para descomprimir demográficamente las cárceles se proponga la liberación de los reclusos. En nuestra opinión, tomar dicha decisión significaría claudicar no sólo ante la propia desidia, sino además, y esto es lo más peligroso, ante un modo de reclamo sustentado en el derramamiento de sangre cuyas consecuencias no hacen más que poner en riesgo a la sociedad”, señaló.

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