El 0800 denuncias, un "radar" de control que derivó en más 14 mil aprehensiones

La pandemia reconvirtió la fisonomía de la planta baja de El Molino Fábrica Cultural. Ese espacio otrora lúdico de talleres para que los niños jueguen y produzcan objetos con telas, cartón, crayones y maderas, ahora es un call center donde trabajan a destajo unos 15 operadores en turnos rotativos. ¿Qué hacen? Recepcionar llamadas de toda la provincia con eventuales denuncias por violaciones —por parte de particulares— del aislamiento obligatorio.

Allí entonces funciona el epicentro del control social preventivo, hoy necesario por el efecto expansivo de la transmisión del contagio del coronavirus: el 0800 “denuncias”. En promedio, por hora se recepcionan entre 50 y 60 llamadas de toda la bota santafesina advirtiendo violaciones del confinamiento obligatorio. Pero cuando se activó esa línea, pocos días después del DNU de Nación —el 20 de marzo—, se llegaron a recepcionar unas 700 llamadas por hora.

Al principio todo se derivaba al 911, que es para denunciar eventuales hechos delictivos; pero también empezaron a recibirse denuncias por “burlas” a la disposición nacional, e incluso consultas médicas. Y se volvió necesario descomprimir esa línea fundamental. Así, Provincia organizó dos dispositivos: el 0800 para consultas médicas (0800 555 6549), y otro 0800 para denuncias por violación del aislamiento obligatorio (0800 555 6768). Los dos call centers funcionan en alas separadas del El Molino.

Ambos centros de atención telefónica permitieron “generar una respuesta rápida a la demanda social que se está planteando frente a la pandemia. Por el lado de las consultas médicas, esa respuesta inmediata se tradujo en enviar un operador de salud (a una persona con síntomas asociados al Covid-19); y en el caso de una denuncia, mandar un móvil policial para constatar una eventual violación del aislamiento obligatorio”, le dice a El Litoral Germán Montenegro, secretario de Seguridad provincial. A este miércoles, había registradas 14.625 aprehensiones y 763 vehículos secuestrados.

Cómo funciona el call center

En el centro de atención telefónica de denuncias trabajan oficiales de la Policía Comunitaria (personal recién recibido). También hay cadetes del Instituto de Seguridad Pública Provincia de Santa Fe (ISEP), más otro grupo de civiles que pertenecen a universidades que fueron capacitados para trabajar en la atención telefónica. De noche, al haber menos llamados (los picos de llamadas son a la hora 9 y a las 13), el personal se reduce en un tercio.

Los operadores se organizan por turnos de ocho horas, y van rotando con otros. Reciben comida y la logística a cargo de la cartera de seguridad provincial. Hay siempre un oficial para instruir decisiones de carácter policial, funciones que exceden las responsabilidades de los receptores telefónicos.

Todas las llamadas se atienden. Pero no todas las llamadas de denuncias tienen un asidero que indique un incumplimiento verídico y comprobable, para que luego pueda actuar la autoridad policial y la Justicia de turno. “Al principio, llamaba gente para advertir que vio a alguien ir a la farmacia, o a un mercado de compras; entonces, cada llamada comenzó a ‘filtrarse’ con un cuestionario de preguntas específicas, para saber si debíamos actuar o no”, explica el funcionario.

Esa “filtración” se resolvió con un cuestionario muy simple. Al recibir una llamada, cada operador hace una serie de preguntas (a quien denuncia del otro lado del teléfono) muy concretas y precisas: dónde se vio a esa persona que se denuncia por eventual violación de aislamiento, qué características tiene, a qué hora y en qué lugar exacto.

“Si la persona que llama no sabe responder adecuadamente a ese cuestionario, se empieza a considerar la posibilidad de que tal comunicación sea falsa”, agrega Montenegro. Caso contrario, si se comprueba que esa información que surge de las preguntas es consistente con una violación de aislamiento, se activa la actuación.

La cadena hasta la aprehensión

Si la denuncia telefónica es considera “real” sobre alguien que vulnera el confinamiento, “se contacta con la policía de ese sector de la provincia (dependiendo de cada unidad regional departamental), para que uno o más oficiales vayan a verificar si hay violación (del aislamiento) o no y, si fuera el caso, se establece contacto inmediato con el fiscal de turno. Ahí se pone en marcha todo el proceso policial y judicial.

Las detenciones son por un corto período de tiempo (hasta 7 horas): “Pero lo que ocurre es que esas personas quedan con una causa judicial abierta, y cuando la situación de pandemia comience a amainar, van a tener que ir a audiencia imputativa y, eventualmente, serán sancionados por la justicia. La violación del aislamiento es un delito”, subraya el secretario.

Entonces, lo grave no es pasar unas horas detenido por burlar el aislamiento, sino la causa judicial que le queda abierta a esa persona infractora: “En el futuro, le cabrá una eventual condena. A esto la gente debe tenerlo bien en claro. Tener una causa judicial puede obstaculizar para una persona actividades posteriores: por ejemplo, quien vaya a buscar un trabajo, tendrá una causa abierta; o quien si quiera sacar una visa a Estados Unidos en un futuro, tendrá que dar explicaciones”, da algunos ejemplos Montenegro.

“La gente no se da cuenta de esto: el delito de violación del aislamiento tiene consecuencias ulteriores. Vendrá el proceso judicial, y lo más probable es que esa persona en infracción deba realizar trabajo comunitario como condena; habrá personas que no podrán trabajar en la administración pública, etcétera. Es una complicación grave”, insiste el funcionario. No se debe salir a la vía pública, excepto con autorización por ser “servicio exceptuado” del aislamiento obligatorio: tan simple como eso.

“Este call center es como un embudo donde caen todos los reclamos de la gente. Es la sociedad quien está marcando situaciones irregulares en la calle. Es como un radar que permite interactuar con la comunidad en términos de seguridad. Porque romper el aislamiento pone en riesgo la seguridad de todos”, define Montenegro. En la actualidad “hay menos infractores, y esto refleja la toma de conciencia de la sociedad con relación a la situación de pandemia y a las medidas que se deben tomar obligatoriamente. Además, una denuncia verificada y con las posteriores actuaciones policiales y judiciales, tiene un efecto social disuasivo”, concluye.

Habrá más flujo humano

Debe considerarse que se están habilitando actividades económicas, y hay más gente en la calle por este motivo. “La policía está trabajando bien, es lo que vemos desde el ministerio. Tiene una función asignada que es bastante compleja, y que es atenuar la circulación de gente en la vía pública”, define el secretario.

Y seguramente, si se prorroga nuevamente el aislamiento (después del 26 de abril), “se irían abriendo nuevas actividades en forma progresiva, y ello llevará a que haya un flujo mayor de personas circulando. Ahí es donde la labor de la policía, creo yo, va a estar volcada a controlar que esa mayor cantidad de gente que esté en la calle cumpla con los recaudos mínimos de salud, sobre todo el distanciamiento social”.

Denunciar sí, pero con datos precisos

Si alguien decide llamar para denunciar, es preferible que dé la mayor cantidad de datos precisos. “Esto es, debe especificar el lugar, la hora donde vio a una persona que supuestamente viola el aislamiento, sus características y qué está haciendo, si se está desplazando, de dónde y hacia dónde, de a pie, en auto o en moto, etcétera. Todo eso nos permite una precisión mayor en la intervención policial”, indica Montenegro.

La ciudad “desmadrada” y una vecina agradecida

Ocurrió en la mañana del pasado martes. La oficial que estaba supervisando el call center en ese momento relató a El Litoral una anécdota: “Se recibió un llamado de una vecina advirtiendo una situación irregular en una localidad del departamento Caseros. Ocurrió que en esa ciudad, el intendente ‘largó’ un permiso para que los negocios no exceptuados (como peluquerías, zapaterías, bares, etcétera) abran sus puertas”. Y toda la gente salió a la calle.

El intendente entró quizás en un “malentendido” de los alcances del decreto nacional que prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, donde sólo se exceptuaron unas pocas actividades y muy específicas. Ante la situación, actuó el ministerio de Seguridad para que todo vuelva la normalidad. “La vecina, preocupada al principio, nos llamó a la tarde y con mucho respeto agradeció a los operadores y a los encargados del centro telefónico”, narró la oficial.