La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Nicaragua se encuentra en marcha una "quinta etapa" de represión por parte del Gobierno de Daniel Ortega y sus fuerzas de seguridad contra los críticos, en coincidencia con el segundo aniversario del estallido social en la nación centroamericana.

Las protestas se iniciaron el 18 de abril de 2018 por una polémica reforma del seguro social, aunque derivaron en demandas de "democratización" del país y constituyeron el mayor desafío para el líder sandinista en sus quince años de Gobierno.

Según cifras de la CIDH, al menos 328 personas murieron, cerca de 2.000 resultaron heridas, miles fueron detenidas y más de 100.000 debieron huir de Nicaragua, incluidos más de 90 periodistas.

En el marco de este segundo aniversario de las protestas, el organismo recabó el testimonio de víctimas y defensores de los Derechos Humanos que "describen una quinta etapa de represión estatal en Nicaragua" que tiene el objetivo de "suspender o limitar la defensa del derecho a la reunión, la libertad de expresión y a ejercer la protesta social", señala el comunicado reproducido por la agencia de noticias DPA.

"A partir de este momento, entramos en una nueva etapa de represión y esto lo decimos porque han mutado sus conductas sobre cómo asediar, perseguir a las personas que no son afines al poder", dijo Carla Sequeira, una de las activistas entrevistadas por la CIDH.

Wendy Flores y Alexandra Salazar, también activistas, indicaron que "la represión se mantiene principalmente en contra de los excarcelados" y sus familias mediante el "hostigamiento", y su limitación de "los derechos a la salud, a la educación y al trabajo".

Además, la CIDH llamó la atención sobre "ataques a comunidades indígenas de la costa del Caribe", que "se mantienen y afectan el derecho a la tierra y al territorio, así como a la vida e integridad de personas y comunidades indígenas".

El organismo regional alertó que "los patrones represivos de esta quinta etapa consolidan el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas en el país desde el inicio de la crisis de Derechos Humanos" y reprocha asimismo la "revictimización a familiares y víctimas".

La CIDH reclama al Estado nicaragüense el incumplimiento de las recomendaciones realizadas para superar la crisis política, reiterando su llamamiento "para que sean implementadas y se restablezcan las garantías de un régimen democrático".

Hasta entonces, destacó "el valioso trabajo de la sociedad civil de recopilar información y contrastarla" porque "sienta las bases para próximos procesos de verdad y justicia".

Con información de Télam.