La encrucijada de abril se precipita en Agosto

No solo el coronavirus precipitó todo el poder de Santa Fe en el tablero del ministro de Economía. Con producción, comercio y construcción paralizadas -mientras otras provincias salen parcialmente del aislamiento- Omar Perotti aguarda a un costado mientras Walter Agosto diseña el bono con el que pagará a los acreedores santafesinos. En la lista hay empresas que le han advertido riesgo de quiebra; la Casa Gris aún no se conmueve.

Sobran las preguntas que tienen silencio y postergación por respuesta. Es imposible saber cómo Luciano Di Gresia, el especialista en instrumentos de financiación que contrató Agosto a $ 120 mil mensuales, incorpora el Covid-19 para hacer correr sus modelos macroeconómicos, materia en la que el currículum lo destaca. La economía no es ciencia dura; la política debe resguardarse de la alquimia.

Las leyes santafesinas -de Necesidad y para atender la emergencia sanitaria- habilitan al Ejecutivo santafesino a tomar créditos de bancos privados o emitir títulos. ¿Quién presta a una provincia cuya recaudación propia y coparticipación se desploman a un piso aún incierto?

Tal vez los impulsos estatistas del Senado nacional a instancias de Cristina, para obligar a los bancos privados a prestar con tasas a pérdida respecto de la inflación y sin garantía completa del BCRA, abran una ventana de oportunidad con tasas más bajas. Tal vez el exceso intervencionista contagie al plano institucional la crisis sanitaria y financiera.

Junto a sus pares de provincias, Agosto participó el jueves de una videoconferencia con Martín Guzmán, en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Axel Kicillof tiene vencimientos de U$ S 1928 millones este año y U$ S 1714 el próximo; Juan Schiaretti debe pagar U$ S 77 este año y U$ S 873 el próximo. Esa es deuda sólo en bonos bajo legislación extranjera; explica por sí sola cómo los mandatarios vecinos buscan el paraguas nacional para no pagar durante sus mandatos. En línea con la estrategia de Casa Rosada.

Nación pide no comprar dólares. ¿Se hará cargo de las deudas provinciales como en 2001? De aquella experiencia, las provincias deudoras salieron con debilidad política ante un presidente que sabía del poder que pueden ejercer los prestamistas sobre sus acreedores. ¿Santa Fe se alineará con la Nación y pedirá reperfilar su deuda en bonos? El Litoral lo preguntó; todavía no hay respuesta.

Al 2019 (los números cambian) el socialismo alega haber dejado una administración con 1,6 % de deuda sobre sus recursos; el límite de la Responsabilidad Fiscal es, por ley, 15 %. Perotti mira las planillas de Agosto para saber qué hará con los vencimientos que debe afrontar Santa Fe por los bonos ley 13543 emitidos bajo ley extranjera; son unos U$ S 35 millones este año y el próximo en intereses; se suman sendas cuotas de capital de U$ S 125 millones en los dos últimos años de la actual administración justicialista; continúan 3 cuotas más de capital de U$ S 83,33 millones de 2025 a 2027.

En condiciones normales la deuda santafesina es sustentable, como la pretende el presidente. Pero la pandemia pega duro. No pagar y arriesgar el default es una relación de costo-beneficio que deberá definir técnicamente el ministro y asumir el gobernador. Las consecuencias afectarán la capacidad de la administración pública y de los actores sociales y económicos privados, para producir en recuperación cuando se levante el aislamiento.

Incluso contando toda la deuda con el BIRF, BID, Opep, Fondo Kuwaití, y Abu Dhabi (se tomaron créditos para obras viales como la autovía RN19, acueductos, mejoras barriales y obras menores) más los bonos, Santa Fe debe pagar por capital e intereses U$ S 72 millones este año, 76 millones de la misma moneda en 2021; 186 millones en 2022 y U$ S 173 millones en el último año de la gestión Perotti. Sigue siendo un mejor perfil que el Cordobés, cuyo modelo -a similar escala- no es precisamente un ejemplo a seguir.

Las decisiones que tome Agosto tienen por escenario fuerzas dramáticas que lo exceden: la incertidumbre nacional y el drama sanitario. Pero los datos sin difundir que oscurecen la transparencia fiscal provincial, y las indefiniciones políticas que sí dependen de la Casa Gris, persisten. Y proyectan sombras sobre las mejores tradiciones administrativas de Santa Fe, incluso en su paso por la crisis de 2001.