Piden juicio político a jueces por las prisiones domiciliarias

Con el impulso del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el próximo martes el Observatorio de Víctimas de Delitos hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura bonaerense pidiendo el juicio político de tres jueces del conurbano que liberaron presos por el coronavirus.

Es por no cumplir con la ley que obliga a los magistrados a informar y escuchar a las víctimas antes liberar al detenido. Según consigna el diario Clarín, en el transcurso de la semana, harán otras dos presentaciones, también contra magistrados de la Provincia.

El Observatorio, que está presidido por Sandra Rossi -e integran, entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone- ya acumuló pruebas de cinco magistrados. El martes harán las denuncias contra los pertenecientes a las jurisdicciones de San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora y luego sumarán a jueces de San Martín y La Plata. Además del juicio pedirán su suspensión preventiva.

Uno de ellos es el juez de Claudio Orlando Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, quien le otorgó la domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado a 7 años de cárcel en 2015 por el abuso de una joven con retraso madurativo.

A Ibars aún le quedan dos años de pena por cumplir y los familiares de la víctima se enteraron de su salida porque vecinos dijeron haberlo visto. La notificación judicial llegó más tarde.

A su vez, no le pondrán la tobillera electrónica hasta que pase la cuarentena. “No se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, lo que pone en una situación de peligro y gravedad a la víctima de los aberrantes hechos cometidos por el condenado”, plantea la denuncia que se presentará el martes.

En tanto, los denunciantes señalan que no se encuentran pruebas de que el condenado “se halle en alguna situación de mayor riesgo para su salud que el resto de la población detenida en un establecimiento carcelario” ni que “su prisión domiciliaria lo coloque en una situación de menor riesgo de contagio”, ya que el domicilio elegido para llevar adelante la medida es una vivienda en la que residen 10 personas.

Por todo eso, acusan a Brun de incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido.

Si bien la denuncia está concentrada en al caso Ibars, de acuerdo a la información recabada por el Observatorio, el juez Brun le habría otorgado también la domicilia a otros cinco condenados por abuso sexual, seis por robo y un condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Tras el cacerolazo

La decisión de ir contra los jueces se comenzó a gestar luego del masivo cacerolazo que se dio el jueves en distintos puntos del país. Massa sacó una resolución en la que dio instrucción al Observatorio de Víctimas de Delitos, que depende del Congreso, para que en caso de que los jueces no cumplieran en dar vista a la víctima, le iniciaran juicio político. “Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de manera irresponsable”, había enfatizado Massa días atrás.

A partir de los comentarios de las víctimas, el organismo comenzó a recopilar información sobre los liberados con arresto domiciliario y a detectar en qué juzgados se habían producido. En la mayoría de los casos, no se había cumplido con la norma que indica informar a las víctimas cuando se produce una liberación o se informaba de manera incompleta. Además, la ley obliga a que la Justicia escuche la posición de la víctima antes de dejar en libertad al delincuente.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, había señalado con respecto a la liberación de los presos que era “injusto que hagan cargo al Poder Ejecutivo de cosas con la que no tiene que ver” y había asegurado que “deberán explicar aquellos que tomaron esas medidas, cada uno es responsable de sus actos, y para eso está la división de poderes”.

El presidente Alberto Fernández había negado el miércoles que su gestión prepare una “liberación masiva” de presos por la pandemia del coronavirus y aseguró que “la solución a este problema está en manos de los tribunales”.

Proyecto de ley

La controversia por las excarcelaciones en el marco de la pandemia llevó a la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño a presentar un proyecto de ley que busca regular las prisiones domiciliarias para que no sean concedidas a los condenados por delitos contra la vida, la integridad sexual y robo agravado, entre otros.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires se basó en el caso puntual del otorgamiento de la prisión domiciliaria a una persona condenada por abuso sexual infantil para impulsar una iniciativa que, además, se hace eco de las protestas de los últimos días contra las resoluciones judiciales de este tipo.

El proyecto señala específicamente que “si frente a una epidemia o pandemia, resultare indispensable la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, la detención domiciliaria no podrá, en ningún caso, concederse a personas condenadas” por “delitos contra la vida”.

Tampoco podrían acceder a la domiciliaria, según el proyecto, las personas condenadas por delitos cometidos “con motivo de violencia de género” ni “contra la integridad sexual”, así como “robo agravado, secuestro extorsivo, asociación ilícita” y delitos contra el orden económico.

En los fundamentos del proyecto, que apunta a reformar el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, Camaño señaló: “Nos ha llamado poderosamente la atención que, de manera excepcional, se haya dictado una resolución judicial concediendo la prisión domiciliaria a una persona condenada por un abuso sexual cometido contra un niño”.

Tras expresar su preocupación por ese caso y otros “similares”, la diputada evaluó que “bajo ningún punto de vista se debe permitir ni dar paso, en este momento tan delicado, a los oportunistas que aprovechan esta coyuntura para avanzar con medidas que en otro momento no lograrían”.

Camaño atendió a que la situación de la pandemia exige “los máximos recaudos para prevenir en la mayor medida posible el contagio de este flagelo” pero advirtió que “para no dejar en manos de la ideología y el arbitrio exclusivo de los magistrados, se propone sistematizar y adoptar una serie de medidas tendientes a prohibir determinadas acciones”.

Hubo una brutal ligereza en algunas liberaciones de presos”.

León Arslanian,

ex juez y el ministro de Seguridad bonaerense.