Buscan revertir la salida de presos

El procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, afirmó que con el recurso de queja que el fiscal de Casación iba a presentar este lunes ante el máximo tribunal para oponerse a las salidas masivas de presos se busca “revertir un pronunciamiento que provocó el desequilibrio del sistema”, con el pronunciamiento del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy el fiscal del Tribunal de Casación, Carlos Altuve, interpondrá ante la Corte un recurso de queja en orden al fallo del 8 de abril, que permitirá revertir el desequilibrio del sistema y poder avanzar en el análisis de los casos ordenadamente como se hace siempre”, apreció Conte Grand en declaraciones formuladas a la señal de cable Todo Noticias y a medios radiales.

Conte Grand recordó que Altuve ya había apelado ante la Cámara de Casación provincial la decisión del juez Víctor Violini de habilitar un hábeas corpus colectivo, pero el camarista Ricardo Borinsky rechazó el recuso y les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran con las órdenes de las liberaciones.

“Contra esa desestimación, nuestro fiscal de Casación interpondrá un recurso de queja para ir a la Corte”, adelantó el procurador, quien consignó que se asiste al “tramo final de una resolución que fue muy inadecuada”.

Conte Grand recordó que el 8 de abril, el juez de Casación Víctor Violini “dictó un fallo en el marco de un hábeas corpus colectivo que, a nuestro juicio, tiene muchas aristas cuestionables”, y criticó que esa medida haya sido dictada “por un tribunal de un solo miembro”.

Violini aceptó un hábeas corpus colectivo pedido por 18 defensores generales de la provincia “para disponer de manera extraordinaria la detención domiciliaria de presos con delitos leves”.

Conte Grand evaluó que, si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto, “se revertirá la decisión y estas personas deben reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme”.

Explicó, luego, que, si del análisis de estas situaciones se detectan irregularidades cometidas por algún integrante del Poder Judicial, “se abren tres alternativas: si es un integrante de nuestro Ministerio Público -un defensor, un asesor de menores o un fiscal- se hará una investigación disciplinaria; si es un juez, se hará una presentación ante la Corte Suprema; y, de considerarlo necesario, se realizará una denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que se evalúe esto en un proceso”.

El gobierno toma distancia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que en el Gobierno no vieron “con buenos ojos” las liberaciones o prisiones domiciliares que algunos jueces determinaron en el marco de la emergencia por coronavirus.

El funcionario hizo una valoración positiva de los cacerolazos en contra de la liberación de presos, y al respecto destacó que “el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó también a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido algún tipo de ligereza en el tratamiento de lo que se estaba dando”.

“Nosotros tampoco vemos con buenos ojos las libertades que se habían otorgado o las prisiones domiciliarias. Quedó claro con las declaraciones, no sólo del Presidente sino también de nuestra Ministra (de Justicia, Marcela Losardo) que nosotros estábamos en otra línea”, resaltó.

En diálogo con Radio con Vos, Cafiero despegó al Gobierno de las acusaciones de sectores de la oposición que intentaron asociar la salida de presos de las cárceles -como medida preventiva ante la posibilidad de contagios masivos en los servicios penitenciarios- a una supuesta intencionalidad del Poder Ejecutivo.

“El Poder Ejecutivo de Alberto Fernández no hace indultos, con lo cual nosotros confiamos en la responsabilidad el Poder Judicial y que tomen los actos y acciones que consideren”, insistió.

“Una tara del kirchnerismo”

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto consideró que la liberación de presos que algunos jueces vienen dictando en el marco de la emergencia por coronavirus “es una tara del kirchnerismo”.

“Es una tara que se convierte en parodia, porque la libertad de guerrilleros en el ‘73 tenía un sentido épico”, dijo al comparar con el indulto que firmó el ex presidente Héctor Cámpora para otorgar la amnistía y liberar a los presos políticos de aquella época.

Por el contrario, señaló que “esta liberación de violadores, de delincuentes peligrosos, de narcotraficantes, se inscribe en un reclamo patético de los ultragarantistas en la Argentina, de los sectores ligados a los Derechos Humanos, y de algunos personajes que opinan sobre el derecho penal con un sentido de anarquía”.

"La liberación masiva de delincuentes es una locura. Con eso se genera un problema más. Han soltado a personas que son un peligro para la sociedad, un peligro real, incluso para los niños”. Jaime Durán Barba, consultor político.

"Si medimos las liberaciones en Santa Fe, entre el 20 de febrero y el 20 de marzo hubo 284; entre el 20 de marzo y el 20 de abril hubo 303. Hay una pequeña diferencia, pero ese número se puede mover por casos de liberaciones por libertades condicionales o vencimientos de pena”. Jorge Baclini, titular del Ministerio Público de la Acusación

Presos federales

Un informe interno del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, publicado por El Litoral, marca que “todos los presos que alcanzaron el beneficio tienen condena por infracción a la ley de estupefacientes (N° 23.737)”. Y a la hora de hacer proyecciones, desde el TOF aseguran que el número habitual de condicionales y domiciliarias que se conceden ronda las 30 mensuales, lo que representa alrededor de un 5 % del universo de la población carcelaria con la que trabajan (628 a comienzos de marzo). En el último mes ese número se multiplicó por tres arrojando un total de 90. Y si bien llama la atención, desde el tribunal aseguran que nadie fue beneficiado más allá de lo que la ley manda.