La cómoda mayoría del Frente Progresista en la Cámara de Diputados impuso su agenda y acompañado por otros bloques -que también tuvieron iniciativas- lograron aprobar sobre tablas 40 proyectos de comunicación, la mayoría de los cuales apunta a cuestionar políticas desarrolladas por el gobierno provincial, en especial por recortes en prestaciones del Iapos; liquidación de haberes a personal de salud; transferencias de fondos a Samcos e incluso el cambio de raciones en comedores escolares.
Los temas fueron aprobados - sobre tablas- en la misma reunión donde fueron votados la creación del Consejo Económico y Social y se avanzó en declarar la emergencia sanitaria por el dengue en la provincia.
Sobre el Iapos se aprobaron varias minutas especialmente por el recorte de prestaciones a la atención de afiliados con discapacidad, entre ellas las presentadas por Marlen Espíndola (UCR), María Laura Corgniali (PS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Agustina Donnet (Igualdad) y Ximena Sola (Juntos por el Cambio).
Coinciden los proyectos en rechazar la resolución 0005 del 23 de abril de la obra social que -entienden- incumple resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y leyes sobre discapacidad. Espíndola aclaró que la resolución reduce a una sesión semanal por disciplina, exceptuando aquellas que deberán ser evaluadas por auditoría médica. El recorte afecta a los Centro de Rehabilitación Psicofisica, Centros de Día, Centros Educativos y Terapéuticos, transporte de las personas con discapacidad, acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, entre otros actores del sistema de rehabilitación e integración en la salud de las personas con discapacidad.
También sobre Iapos y del radical Juan Cruz Cándido, la Cámara solicitó que la obra social cubra el porcentaje de los módulos autorizados y la cantidad de sesiones para todos los tratamientos y prestaciones relacionados a discapacidad, salud mental y problemática social.
También se aprobaron varios proyectos cuestionando los descuentos aplicados en los haberes de abril a personal de salud del bono -o parte de él- de 3000 pesos que se habían incorporado por única vez en la liquidación de marzo. Uno de ellos fue impulsado por la bancada socialista, otra por Somos Vida y Familia. Pero además, Donnet logró aval al pedido para que el Ejecutivo otorgue una asignación estímulo para el personal de salud efectivamente abocado a casos de Covid 19.
Dos iniciativas, -del socialista Estaban Lenci y del radical Sergio Basile- exigen agilizar el sistema de sesiones virtuales para reuniones previstas en el sistema de mediación prejudicial obligatoria.
Del radical Fabián Palo Oliver se votó la solicitud al Poder Ejecutivo para que, de manera urgente, efectivice el giro de fondos adeudados en concepto de gastos de funcionamiento a todos los hospitales y centros de salud. “Es una situación que advertimos de manera recurrente en todos los centros de salud que hemos visitado en nuestras recorridas por la provincia. Es inconcebible que los hospitales y centros de salud no reciban los recursos correspondientes para atender a los gastos de funcionamiento. Esta situación adopta otra dimensión si consideramos la actual coyuntura y la eventual demanda a recepcionar por el sistema de salud, por lo que se hace necesario que el gobierno provincial cumpla con sus obligaciones”, señaló.
En tanto, Gabriel Real (PDP) y Leandro Busatto (PJ) coincidieron en pedir la reapertura de locales de agencieros y subagencieros habilitando los pertinentes sorteos y juegos de Lotería de la provincia de Santa Fe.
Natalia Armas Belavi (Somos Vida y Familia) logró apoyo al pedido de informes sobre las razones de la suspensión de turnos para atención ambulatoria en materia de oncología en el Cemafe.
Por su parte, de la socialista Lionella Cattalini requiere conocer los motivos por los que se eliminan las raciones diarias de alimentos en los comedores escolares y las razones por las que se establecen módulos alimentarios familiares quincenales.
La bancada justicialista acompañó a Ricardo Olivera recomendando al Poder Ejecutivo crear un comité interministerial y de expertos en materia de acción y prevención de salud mental y cuidado del otro, para atender las necesidades de asistencia y contención a los sectores mas vulnerables que trabajan en el Estado para hacer frente al Covid 19.
También la diputada Betina Florito (Somos Vida) solicitó informes sobre las razones de no designación del responsable de la Regional IV del ministerio de Educación. “La falta de designación de ese funcionario constituye un obstáculo para la resolución de problemas y necesidades que se presentan a diario en los establecimientos educativos”, argumentó.
Sobre tablas, la Cámara de Diputados aceptó el texto del Senado y prorrogó por otros dos años la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada del predio rural por diez años.
De esta manera quedó prorrogada hasta 2022 la ley 13.666 que además suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas para desalojar o desocupar esas tierras.
La diputada Silvana Di Stefano (UCR) le pidió al Ejecutivo santafesino que actúe ante el Nuevo Banco de Santa Fe y los bancos que están en la provincia, para que cumpla la disposición del gobierno nacional de no denunciar los cheques sin fondos generados a partir de la crisis del Coronavirus.
“Con legisladores radicales mantuvimos reuniones con no menos de 50 asociaciones de comerciantes, profesionales y trabajadores independientes. Uno de los reclamos es la falta de cumplimiento de esta normativa. Los cheques son informados y esto les genera un perjuicio extra a los que ya vienen acumulando en estos más de 40 días de aislamiento”, explicó.
Una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a través del Banco Central a fines de marzo es una segunda presentación para los cheques rechazados por causal sin fondos suficientes disponibles en cuenta. A través de un decreto publicado el 1 de mayo en el Boletín Oficial, esta medida se prorrogó hasta el 30 de junio próximo. Así, se suspende la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.
“Lo que le estamos pidiendo al gobierno de Omar Perotti es, ni más ni menos, que lo que corresponde. Que defienda los intereses de los comerciantes santafesinos y arbitre las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de los bancos de las medidas dictadas por el Banco Central y por el gobierno de la Nación”, acotó.