Lo que se está negociando

Redacción de El Litoral

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Prensa BCSF

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, elaboró un informe referido a la situación de la deuda pública de la administración central a diciembre de 2019. Asimismo, el trabajo realiza una síntesis de la negociación que está llevando adelante el gobierno nacional con los acreedores privados, en relación con las obligaciones que se enmarcan en la legislación internacional y denominada en moneda extranjera.

Explica, además, por qué el 22 de mayo próximo es una fecha clave y, al respecto, consigna que de no llegarse a un acuerdo y no se realiza el desembolso correspondiente, la Argentina entrará formalmente en default.

El monto total de la deuda pública bruta nacional, a diciembre de 2019, ascendía a U$ S 323.064,6 millones. Dicho monto representa aproximadamente el 89,4% del Producto Interno Bruto (PBI) de ese período, mientras que la deuda neta (excluyendo la deuda intra sector público) representa cerca del 53,7% del PBI.

El foco de la negociación se encuentra sobre U$ S 66.000 millones que se adeudan a acreedores privados, en moneda extranjera, y bajo legislación internacional. A lo cual hay que sumarle en consideración U$ S 59.840 millones en concepto de intereses. El 60% del capital de dicha deuda a reestructurar vence antes de 2030.

La oferta de reestructuración por parte del gobierno implicó quitas de alrededor del 5,2% en promedio -U$ S $ 3.432,0 millones-, disminución de los intereses en un 62,5% aproximadamente (U$ S 37.400 millones), y postergación en la fecha de pagos hasta 2023.

Para realizar una reestructuración exitosa son necesarios determinados porcentajes mínimos de adhesión por parte de los bonistas. Dichos porcentajes se encuentran especificados por las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) que rigen los contratos de deuda. De ser alcanzados, las nuevas condiciones de deuda serán aplicadas a la totalidad de los acreedores.

El plazo para negociaciones ha sido extendido hasta el 22 de mayo con el fin de evitar caer en cesación de pagos. Llegado ese día, si no hay acuerdo y no se realiza el desembolso correspondiente por intereses que vencieron el 22 de abril, el país entrará formalmente en default.

Un eventual default profundizaría problemas a nivel macroeconómico en los que se encuentra inmerso el país. Por ello, es de vital importancia que la negociación en tránsito se realice con éxito.

Cláusula

Para realizar una reestructuración exitosa - debido a las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) que rigen los contratos de deuda- son necesarios determinados porcentajes de adhesión por parte de los bonistas. Si se logran esos porcentajes, los cuales definen las mayorías necesarias para reestructurar, las nuevas condiciones de deuda serán aplicadas a la totalidad de acreedores.

>> Por qué el límite de viernes

El 22 de abril vencieron intereses bajo legislación internacional por un monto de alrededor de U$ S 500 millones. Se decidió no realizar dicho pago por encontrarse en un período de negociación. A partir de allí, comenzó a correr un período de gracia de 30 días que permite extenderla. Llegado el 22 de mayo, si no hay acuerdo y no se realiza el desembolso correspondiente, la argentina entrará formalmente en default.

A partir de aquí, acreedores podrían utilizar la cláusula cross default mediante la cual, todos aquellos que la contengan en sus contratos, pueden exigir su acreencia de forma inmediata. Así, toda la deuda se volvería exigible, incluso la que vence en próximos años.

>> Según la moneda y la legislación

Comenzando por el tipo de moneda, en diciembre 2019, el 22,2% del monto total de deuda bruta -U$ S 71.645,7 millones- estaba emitida en moneda nacional, mientras que el 77,8% restante -U$ S 251.418,9 millones- se adeudaba en moneda extranjera. Cabe mencionar que, de esta última, el 57,0% está compuesta por obligaciones en dólares.

Adicionalmente, y en referencia a la legislación que rige la deuda, el 55,9% de la misma fue emitida bajo ley local siendo la cifra en cuestión de U$ S 180.470,6 millones. Mientras que, el restante 44,1% (U$ S 142.594,0 millones) se encuentra bajo legislación extranjera.

>> Investigadores

El Centro de Estudios y Servicios trabaja con la dirección de María Lucrecia D’Jorge y la coordinación de Pedro Cohan. Son investigadores Lautaro Zanini, María Florencia Camusso, Ramiro Emmanuel Jorge, Franco Riottini, Camila Valeria Tonetti y Maria Eugenia Veglia. El director ejecutivo es Gustavo Vittori; Ulises Mendoza preside la BCSF.