El gobierno provincial ratificó en todos sus términos el decreto 420 firmado por Omar Perotti el pasado 13 de mayo. La decisión administrativa, que causó controversia y críticas de la oposición, supedita el envío de fondos provinciales a municipios y comunas para la pandemia, a que éstos se ajusten a las normativas vigentes y ejerzan su rol de fiscalización. 

Uno de los detonantes de la medida había sido que un puñado de comunas había comenzado a autorizar unilateralmente las salidas recreativas, que recién este miércoles fueron convalidadas por el gobierno provincial en todo el territorio, excepto en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Precisamente, esa habilitación provincial en las últimas horas hizo presumir a muchos que se daba marcha atrás con el mencionado decreto. Pero no fue así.

“El decreto está ratificado”, dijo a El Litoral el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. El funcionario insistió en advertir que dicho instrumento jurídico “es mucho más abarcativo”, y trasciende la autorización o fiscalización de las caminatas.

En efecto, el texto alude a todas las disposiciones vigentes en materia sanitaria tanto a nivel nacional como provincial que los gobiernos locales deberán respetar; y a las tareas de control que dichas administraciones deberán ejercer. Es allí donde se inscribe la tarea de fiscalización para hacer respetar el aislamiento social obligatorio, pero también para la verificación de precios en los comercios, y para el cumplimiento de los protocolos en los rubros y actividades habilitadas.

Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por este diario reiteraron que así como en algunas localidades se autorizaron las salidas recreativas antes de tiempo, en otras se habilitaron actividades económicas sin que estuviesen permitidas por los respectivos decretos provinciales.

Como informara El Litoral, el decreto 420 fue objetado por la oposición. Tanto los diputados de la UCR como de Cambiemos lo tildaron de “desatino jurídico”, y adelantaron que reclamarán su derogación. 

También el bloque de diputados socialistas se manifestó sobre el tema, y rechazó acusaciones vinculadas con un supuesto trato discrecional hacia los municipios durante los gobiernos del Frente Progresista. “El Frente Progresista nunca necesitó de un decreto extorsivo para acordar políticas con intendentes y presidentes comunales”, afirmaron. Y exigieron “más diálogo y menos látigo a la hora de la tomar decisiones”. “En momentos de crisis y emergencias como los que estamos atravesando es cuando más deberían funcionar las instituciones de la provincia, mantener diálogo permanente con intendentes y presidentes comunales, explicar y consensuar medidas, y no pretender someter a las autoridades locales a través del látigo y la billetera cuando están haciendo un esfuerzo enorme en este contexto”, señalaron. 

Marco jurídico

Se aguarda para las próximas horas el decreto del Poder Ejecutivo para respaldar jurídicamente las salidas recreativas que ayer verbalmente anunciaron las autoridades provinciales. Como se sabe, las caminatas estarán permitidas en todo el territorio, excepto en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Allí, se terminan de acordar los detalles operativos con los intendentes respectivos -Emilio Jatón y Pablo Javkin- para poder habilitarlas el fin de semana próximo.

La difusión de las nuevas habilitaciones generó confusión, porque a la par de que los ministros del Ejecutivo enfatizaban que sólo quedaban fuera de las caminatas las dos principales urbes de la provincia, las placas y comunicados que hacían circular desde la Secretaría de Comunicación Social daban cuenta de que la excepción regía para el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Ésa fue la información oficial que comenzó a llegar a los intendentes de ambos conglomerados y que durante varias horas provocó una profunda desorientación. Hasta que se aclaró desde la propia Casa Gris que se había tratado de un error en la redacción de la información.