Interpol busca a un hombre de Totoras acusado por lavado de activos

El caso tiene como protagonista a un totorense que desde hace varios años vive en el exterior. Se trata de Aldo Eduardo Sánchez, de quien Interpol ya tiene orden de detenerlo a los efectos de ser traído a la Argentina para que se le tome declaración indagatoria junto a Patricio González Carthy de Gorriti, quien estaba rebelde desde mitad del 2019 y no se lo encontró en el país.

Sánchez, un hombre de 49 años que aún tiene familiares directos en Totoras, se encontraría en Italia, donde tiene residencia. A Europa llegó en la década del 90 y jugó en varios equipos chicos del ascenso del fútbol italiano.

Allí también ha tenido problemas con la justicia. Según las pesquisas, el empresario utilizaría para las negociaciones un pasaporte italiano y transferiría fondos desde una cuenta en lslas Comoras, en África. Lo identificó el fiscal Juan Pablo Curi, tras señalar en un dictamen del año pasado que, además, se lo investigaba por una estafa millonaria al Banco Vaticano.

Los imputados son dos de los cinco integrantes del «Grupo Buenos Aires», tal como fuera rotulado el grupo de WhatsApp detectado en el teléfono celular de D´alessio del cual se obtuvieron los primeros indicios de presuntas maniobras de lavado de dinero, según surge de la resolución de 98 páginas.

Las presuntas maniobras de lavado fueron descubiertas a partir de documentos y diálogos encontrados en el teléfono de D’Alessio, en los que se habla de la obtención de una licencia para efectuar operaciones offshore, utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores.

Se cree que Sánchez era el proveedor del dinero del que la banda hablaba en el llamado “Grupo Buenos Aires”, aunque hay serias dudas de que la plata haya sido suya. La sospecha es que se trataba de “lavar dinero” de gente que no podía aparecer. “Un 75 por ciento del dinero que transfiere Aldo Sánchez regresa a él mismo en forma de depósito bancario en los Estados Unidos”, señala Infobae sobre una de las operaciones que describe el juez en su resolución.

«De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario», se detalló en la resolución, según publica la Agencia Télam.

El juez formalizó así un pedido de informes a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) dependiente de la Procuración General de la Nación y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para profundizar esta investigación. Y se firmó la orden de captura de Sánchez, “siendo que tendría el contacto directo con los reales titulares de los fondos de posible origen ilícito que se pretendía colocar en el sistema bancario formal”.