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Lunes 25.05.2020 - Última actualización - 16:13
12:42

En el Frente de Todos por el Movimiento Evita

Género y sectores populares en la agenda legislativa de De Ponti

La diputada oficialista considera que ya es momento de dar vuelta la página en la ley de paridad. La necesidad de mayores políticas públicas para enfrentar la violencia de género.

“Hay un déficit en el desarrollo de instrumentos institucionales para intervenir en los contextos concretos de violencia”, señala. Crédito: Mauricio Garín“Hay un déficit en el desarrollo de instrumentos institucionales para intervenir en los contextos concretos de violencia”, señala.
Crédito: Mauricio Garín

“Hay un déficit en el desarrollo de instrumentos institucionales para intervenir en los contextos concretos de violencia”, señala. Crédito: Mauricio Garín



En el Frente de Todos por el Movimiento Evita Género y sectores populares en la agenda legislativa de De Ponti La diputada oficialista considera que ya es momento de dar vuelta la página en la ley de paridad. La necesidad de mayores políticas públicas para enfrentar la violencia de género. La diputada oficialista considera que ya es momento de dar vuelta la página en la ley de paridad. La necesidad de mayores políticas públicas para enfrentar la violencia de género.

Lucila De Ponti integra el oficialista bloque de diputados del Frente de Todos y llegó desde una lista propia del Movimiento Evita. Con una experiencia ya como diputada nacional, la joven legisladora considera clave trabajar para insertar a sectores sociales en la economía.


- ¿Cuáles son los ejes de la tarea legislativa?


- Hay un par de agendas que me interesan y que corresponden a elementos de los que adolece o no están presentes en la política superestructural, la política más institucional. Por un lado, la agenda de género y de mujeres ya que en Santa Fe tiene mucha organización a nivel territorial y social y le falta un correlato grande en términos institucionales y de políticas públicas. El gobierno ha dado un primer paso jerarquizando la secretaría, ahora hay que respaldarlo para profundizarlo. La otra cuestión es la representación de los sectores populares. La pandemia dejó de manifiesto que la cuestión social, las brechas de desigualdad, la exclusión, son elementos que obstruyen la posibilidad de que tengamos una democracia plena, que podamos decir que el conjunto de la ciudadanía vive en una situación de acceso de derechos, de garantías, de necesidades básicas satisfechas. Esto también debe tener una fuerte expresión en la política, llevando debates fundamentales y que afectan a la gran mayoría: trabajo, vivienda y hábitat dignos, mirada social vinculada a la economía, garantizar el acceso a la alimentación en el marco de una política económica de soberanía alimentaria y de territorialización. .


- ¿Cómo pretende plasmar esta idea de incorporar sectores sociales?


- Hoy tenemos una economía estructurada en dos extremos. Por un lado, la industria alimentaria vinculada al campo de producción comercial, exportación con una concentración muy fuerte de los actores económicos y donde la rueda no gira o no derrama hacia abajo para permitir que haga crecer al conjunto de actores involucrados. Por otra lado, actores muy precarizados, muy empobrecidos que tienen que ver con producción de agricultura familiar, pequeños productores de alimentos, desde pymes hasta cooperativas, e incluso agrupamientos informales que tienen un rol fundamental para garantizar el acceso a alimentos en sectores del interior o sectores más postergados. Hay que reconfigurar ese esquema y empezar a permitir que estos pequeños actores sean institucionalizados, reconocidos, acompañados por el Estado y permitan ir desconcentrando ese poder que tienen los actores más importantes de la economía alimentaria. Así iremos combatiendo varios problemas: precio de alimentos, posibilidad de dignificar trabajo, garantizar cierta logística de circulación provincial de la economía. Allí hay un gran desafío.


- En la agenda de género está la ley de paridad


- Es uno de los temas. Es un debate importante porque Argentina y la mayoría de las provincias han avanzado hacia poder contar con una legislación que garantiza derechos que se van conquistando socialmente. Hay cada vez menos oposición y resistencia a que las mujeres tienen que tener una posición igualitaria en la política y en cualquier ámbito. Cuando no existe una ley para proteger ese derecho, para cristalizarlo, siempre es más débil. Santa Fe tiene un desafío importante que debemos saldar; ya se discutió muchísimo; mayoritariamente tiene consenso y se tiene que aprobar, dar vuelta la página y avanzar hacia otras cuestiones de la agenda de género que tienen que ver en cómo se combate la violencia y cómo se discute la cuestión de género desde la perspectivas económica y de trabajo.


- En Diputados la ley de paridad se va a votar fácilmente porque hay consenso. ¿El problema es el Senado?


- En el Senado hay cada vez más conciencia de que es una ley necesaria, incluso el senador (Rubén) Pirola presentó un proyecto; hoy tenemos una presidenta mujer del Senado con mucha impronta y compromiso con la agenda. Los tiempos de resistencia a los procesos sociales se van achicando y acortando. No para siempre se puede dar la espalda a demandas que la sociedad va naturalizando. Estamos en mejores condiciones que nunca para dar ese paso. 


- Sobre violencia de género se han dictado leyes, creado instrumentos pero parece que el tema se intensifica


- Hay un déficit en el desarrollo de instrumentos institucionales para intervenir en los contextos concretos de violencia. Tenemos un proceso social, cultural de mucha movilización, de visibilización de las demandas de género, pero paralelamente tenemos hechos de violencia que se mantienen o crecen como en la cuarentena. Falta que el Estado profundice el compromiso ya asumido de darle un lugar de jerarquía a estas políticas. A nivel nacional está el ministerio de la Mujer; en la provincia la secretaria de Igualdad y Género. Esto necesita estar acompañado de recursos importantes y del desarrollo de políticas públicas que permitan intervenir en contextos de conflictos. Cuando la mujer hace una denuncia en comisaría o en una fiscalía, es es el primer paso. Al camino hay que darle continuidad: acompañarla en todo el proceso judicial, policial; en la posibilidad de tener autonomía con relación a esa situación de violencia denunciada: autonomía económica, material, protección a hijos, acceso a un trabajo. Lo bueno es que el diagnóstico se asume, hay un horizonte de transformarlo, hay que profundizar el compromiso.

 

El desafío de los barrios populares


En su paso por el Congreso, De Ponti trabajó la ley de barrios populares donde los movimientos sociales se ocuparon de confeccionar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renaba) que en Santa Fe tiene unos 400 donde reside entre 15 y 20% de la población. Sectores que no tienen garantizado el acceso a los servicios mínimos. La legisladora señala que “la ley avanza en dos sentidos: resolver el tema de la propiedad de esos barrios levantados sobre asentamientos donde la propiedad está en debate; y por otra parte, el desarrollo de los proyectos de urbanización o de dignificación donde también las organizaciones sociales son actores centrales porque conviven y gestionan esa demanda y esa conflictividad. Hay que empezar a desarrollar en Santa Fe planes de infraestructura barrial, urbanización para intervenir en esos contextos. Esto forma parte de la cartera de Silvina Frana quien tiene una planificación e idea para llevarlo adelante. Hay que poner recursos, no siderales si las mide con obras de infraestructura de otra envergadura. Hay que ir planteado objetivos: el primero el acceso al agua potable; luego el acceso a la energía; garantizar higiene urbana y el ingreso. Es una de las brechas sociales más importantes que tiene la Argentina y que la cuarentena lo puso más de manifiesto”.

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