España aprueba el ingreso mínimo estatal para luchar contra la pobreza

El Gobierno pone en marcha una renta mínima estatal para las familias más vulnerables. El ingreso mínimo garantizado, aprobado este viernes en un consejo de ministros extraordinario, llegará a 850.000 hogares, lo que supone unos 2,3 millones de personas, y tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha asegurado que, con el ingreso mínimo para toda España, esperan sacar de la pobreza 1,6 millones de personas (más de un millón de ellas, lastradas por la pobreza extrema).

El ingreso mínimo fija un umbral garantizado de renta, que en función de las características del hogar, oscilará entre los 462 euros en 12 pagas para una persona que viva sola a los 1.015 euros en 12 pagas. Como las familias podrán pedir la prestación no sólo en función de sus ingresos del año pasado sino también de este año, el ingreso mínimo puede atender también a los hogares más golpeados por la crisis del coronavirus. La Seguridad Social concederá la ayuda, siempre que la unidad familiar no gane más que la renta garantizada. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha detallado que para una familia de dos adultos con dos niños, no se puede superar los 10.500 euros al año.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten. Se trata de las familias que ya perciben la prestación por hijo a cargo.

Según fuentes gubernamentales, un 30% de los beneficiarios de la nueva prestación de la Seguridad Social serán menores. Además, los hogares monoparentares supondrán el 16% de aquellos que recibirá esta cobertura.

Una vez analizadas los ingresos de quienes pidan la prestación, incluida los de tipo salarial, el ingreso mínimo cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. De media, se estima que la cuantía por hogar rondará los 300 euros mensuales.

Además, al presentar la solicitud se aplicará “un test de riqueza”, para comprobar que no supera un determinado umbral de patrimonio –excluidas la vivienda habitual y las deudas–. El límite de patrimonio oscilará entre 16.614 y 43.196 euros (en función de los miembros que componen cada hogar). “Con ello, se asegura el acceso a personas realmente vulnerables y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con un considerable patrimonio inmobiliario”, explican las citadas fuentes.

En cuanto al encaje con las rentas mínimas de cada autonomía, la nueva prestación de la Seguridad Social se convierte en “un suelo” para los hogares que cumplan los requisitos y las comunidades podrán mejorar la cuantía garantizada por el Estado. Son varios los gobiernos autonómicos que ya han reclamado gestionar esta ayuda contra la pobreza, sobre todo la severa, como acaba de acordar el PNV con el Ejecutivo para Euskadi y Navarra.

El ingreso mínimo vital, que se podrá tramitar desde principios de este junio y el Gobierno espera empezar a pagar a finales de mes, era uno de los pilares del acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos. Con la crisis del coronavirus, el ala morada de Podemos presionó para que se aprobara cuanto antes, generando un fuerte encontronazo entre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.