"No busquen electricista para ese cortocircuito”, había dicho el gobernador Omar Perotti el 1° de mayo para intentar morigerar la controvertida relación que mantiene el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, con el Jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia. El propio funcionario policial reconoció días después que existe una “diferencia de criterios” y que el vínculo entre ambos es sólo “institucional”. Aun así -por ahora-, conviven.
Pero un ¿nuevo? chispazo se generó a partir de Sain, y fue esta vez en el propio gabinete. Lo detonó una resolución del ministro de Seguridad prohibiendo alojar presos en comisarías. La decisión es precisa y correcta, pero tomó por sorpresa al Ministerio de Gobierno, de quien depende el Servicio Penitenciario. Las cárceles son las que deberían albergar de aquí en más a esos detenidos, pero también están desbordadas. El hecho provocó tensión; como salida transitoria, se resolvió que esos reclusos ocupasen los pabellones de aislamiento preparados para casos sospechosos de Covid-19.
En la misma semana, el director del Servicio Penitenciario, Héctor Acuña, protagonizó un llamativo episodio que tuvo como prólogo un particular mensaje de un altísimo funcionario de Seguridad; y como epílogo, un control policial que lo terminó interceptando. La situación sumó tirantez. Acuña, quien depende orgánicamente del ministro Esteban Borgonovo, definió públicamente el hecho como “una operación mediática”.
El malestar fue increscendo; trascendió el ámbito ministerial, llegó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y decantó en el Senado de la provincia, con mayoría del PJ. No hacía falta demasiado para enervar los ánimos. Pero hubo una “chispa” más. El jefe de la bancada justicialista Armando Traferri advirtió en declaraciones periodísticas que la provincia seguía sin encontrar su rumbo en materia de seguridad. El ministro Saín recogió el guante y respondió a través de las redes sociales: “Vamos por el camino correcto”, se jactó.
Así llegó el jueves, y el tema estalló en el recinto del Senado. En primer lugar, a instancias del PJ y por unanimidad, se aprobó un pedido de informes sobre el alojamiento de presos en cárceles y comisarías. En segundo término, cinco senadores, dos de ellos del PJ, le reprocharon a Saín por su conducta. Se indignaron por una expresión del ministro en la que aludió a la supuesta “protección” de senadores sobre policías detenidos por delitos vinculados con el narcotráfico. Le exigieron evidencias; le pidieron que “deje de cacarear” en los medios, y que haga las denuncias en la justicia. Los legisladores recopilaron otras declaraciones de Saín, desde cuando trató de “chusmas” a los santafesinos, hasta cuando aludió a la supuesta concepción de los rosarinos respecto de que residen en “un cantón suizo”. Todo, con el agravante de los resultados obtenidos en materia de su política de seguridad. Y es allí donde las explicaciones sobre la personalidad vehemente o temperamental de un funcionario se tornan insuficientes; así como los legisladores, cada vez son más los actores que advierten sobre los índices de violencia que siguen en aumento. Allí estaba cifrada la mayor expectativa cuando la ciudadanía optó por un cambio de gobierno, y por “paz y orden”.