El Senado ofrece diálogo ante la superpoblación carcelaria

El Senado santafesino ofreció un ámbito de diálogo, mediante un proyecto de ley, justo en la semana en la que quedaron expuestas públicamente las diferencias entre el ministerio de Seguridad y el de Gobierno, respecto de dónde alojar presos sin condena, bajo prisión preventiva.

Pasó a comisiones la creación de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje Integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, alojadas en dependencias policiales, comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Provincial.

El texto tiene la firma del senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y plantea un lugar para que haya coordinación y debate ya no solo puertas adentro del Ejecutivo, sino también con Legislativo y Judicial, así como con los órganos de la Acusación y de la Defensa del sistema penal.

El artículo segundo indica que la mesa de diálogo a crear será “presidida por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad o el funcionario que designe y se integra por un representante del Ministerio de Seguridad” así como del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y de sendas Cámaras.

También plantea que el ministro de Gobierno pueda convocar a participar a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos, o la que estime conveniente.
Indica que llevará adelante su cometido mediante “la realización de los estudios, análisis, consultas, dictámenes y propuestas que estime pertinente, los que serán dados a conocer públicamente”.

Y por último, en su quinto artículo, el proyecto refuerza en este tema las competencias del ministerio de Gobierno al indicar que además de presidir la mesa de diálogo, su titular “coordinará” sus aspectos de “funcionamiento y desempeño”.

Una resolución “unilateral”

Los considerandos del proyecto recuerdan la resolución 665 del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que declaró el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales, que dispone la no recepción en las celdas de las comisarías, que afecta a Santa Fe desde hace años y también al país, indica el texto de Pirola.

“Entendemos que la resolución (de Sain) pareciera avanzar unilateralmente en el abordaje de la cuestión”. Y agrega que si bien se comparten los fundamentos advierte que la solución planteada, que no es más que no permitir más ingresos tras las rejas en dependencias de la Policía “no ayuda a una solución de la problemática en forma integral ni tampoco define una política en dicho sentido, tal vez inclusive generando un estado más perjudicial al preexistente”, advierte.

Tras citar el mandato constitucional de que las cárceles de la Nación sean limpias y sanas, para seguridad y no para el castigo de los detenidos, Pirola subraya que la propia Corte Suprema de Justicia dice que “aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene un contenido operativo”. Y agrega: “la readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” y explica que la Reforma de 1994 le otorgó jerarquía constitucional a las convenciones y los tratados internacionales, entre ellos, los vinculados al trato digno de las personas en contexto de encierro.

Enumera la legislación provincial al respecto, pero destaca que los problemas subsisten y “fueron expuestos por el Servicio Público Provincial de la Defensas Penal con habeas corpus a favor de los reos, que exigieron mejores condiciones en las cárceles.

Con mirada interjurisdiccional

En su último párrafo, los fundamentos destacan en obvia alusión al ministro Sain y su resolución unilateral que “estas situaciones no pueden hoy abordarse desde un solo nivel ministerial o con la declaración de emergencias de alcance parcial y limitado, sino que debe trabajarse de manera interministerial e interdisciplinaria, con distintas miradas y propuestas”.

Además de los seis senadores del Nuevo Espacio Santafesino que forman parte del bloque del PJ, otros pares del peronismo han sumado sus firmas al expediente.