Un hombre de 76 años fue imputado como autor del abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Raquel Benavídez, una mujer de 82 que apareció muerta en su casa de la localidad de Godoy, ubicada 67 kilómetros al sur de Rosario. Se trata de Horacio O., quien asistió el lunes a una audiencia por videoconferencia en la que la fiscal de Villa Constitución Eugenia Lascianladare le imputó ese delito mientras se esperan los resultados de estudios que establezcan fehacientemente la causa del deceso de la víctima, cuestión que la autopsia no pudo dilucidar. En ese marco, el juez Ignacio Vacca le dictó una prisión preventiva que el septuagenario cumplirá hasta el 7 de julio en la casa de una de sus hijas en otra localidad cercana.
Muy conocida y apreciada en su pueblo, Raquel fue hallada sin vida el martes 12 de mayo en su casa de Belgrano al 700 de Godoy. Días después la mujer fue sometida a una autopsia que, según el diario villense El Sur, no había hallado signos de violencia externa o golpes que pudieran haber provocado la muerte. Y si bien no había indicios de femicidio, se encargaron estudios anatomopatológicos para determinar la causa de la muerte.
No obstante, según diera cuenta el medio villense, las hijas de la víctima sostienen que fue un asesinato y desde el principio apuntaron contra Horacio O. En ese marco, luego de una investigación que demandó un par de semanas en las que básicamente se tomaron cerca de veinte testimonios, el hombre de 76 años fue detenido la mañana del sábado último en su casa de San Martín al 400, del mismo pueblo. Por ello las hijas suspendieron una marcha convocada para el día siguiente en la que se iba a reclamar el esclarecimiento del episodio.
La tarde del lunes el acusado fue imputado de abuso sexual con acceso carnal. En virtud de las evidencias presentadas, además de los testimonios que lo sindican por merodear la casa de la víctima los días previos al ataque que derivó en la muerte, le atribuyeron haber violado a Raquel y pidieron prisión preventiva por 90 días.
Pero el juez, en virtud de la pandemia y los factores de riesgo para el acusado le dictó la prisión domiciliaria porque tener más de 75 años. Asimismo ordenó que la medida sea por 35 días y se cumpla en la casa de una hija del imputado, en la localidad de J. B. Molina.
La decisión originó otra controversia ya que, indicó el diario El Sur, el lugar de alojamiento fue objetado por vecinos de J. B. Molina e incluso la propia autoridad comunal se manifestó en contra. También la hija que debía alojarlo pidió a través de su abogado que se revea la medida para que el imputado sea trasladado a otra localidad.