“Él me decía que me gustaba, pero a mi no me gustaba” le confesó una chica de 14 años a miembros del equipo interdisciplinario que la acompaña desde que fue separada de su familia, en cuyo seno experimentó una serie de abusos psicológicos y físicos que comenzaron a salir a la luz en marzo, cuando se enteró de que estaba cursando un embarazo no deseado.
En la causa dirigida por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi están imputados la madre de la niña, el padrastro y un hijo de éste. Los dos últimos quedaron en prisión preventiva el lunes, según lo dispuesto por los jueces Sergio Carraro y Susana Luna respectivamente. La chica “se quebró” el 5 de junio y relató los abusos que formaron parte de su vida cotidiana durante mucho tiempo, luego de haber estado institucionalizada por aproximadamente tres semanas.
La investigación comenzó a raíz de que el 10 de marzo arribó al Hospital Iturraspe con un “dolor de panza” que resultó ser un embarazo de más de diez semanas, del que no tenía idea. Por las características del caso, desde el nosocomio se dio intervención al Servicio Social, a quienes la misma niña habló de “abusos”; ella estaba muy sorprendida, “no sabía cómo podía estar embarazada y manifestaba que no quería tenerlo”. Pero “la situación cambió radicalmente con la intervención de la madre”.
Ya internada y acompañada por su mamá y su padrastro -cuyos nombres se reservan para proteger a la menor-, la niña cambió de parecer y dijo querer continuar con su embarazo. Fue allí que surgió la versión de que la concepción se produjo a mediados de diciembre, cuando ella estaba en la casa de su abuela, y la familia señaló con nombre y apellido a un joven de 17 años como el responsable.
Dos meses después y numerosas entrevistas mediante, la causa no lograba avanzar, pero el descubrimiento médico que ubicó la fecha de concepción entre el 5 y el 20 de enero, desvirtuó la versión aportada por la familia. Algunas pruebas recabadas y la acusación de la abuela de que “la madre es un desastre, siempre la descuidó, seguramente el abusador es el padrastro”, se imputó a ambos por “promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda y la convivencia”.
La Subsecretaría de la Niñez intervino e institucionalizó a la menor, que volvió a manifestar que no quería ser madre. Estaba cerca de las veinte semanas de embarazo, faltaban sólo unos días, cuando la interrupción legal pudo gestionarse y realizarse antes de que fuera demasiado tarde. De no haber sido por la intervención de la Unidad Fiscal Gefas, la niña de 14 años habría sido madre en contra de su voluntad, una experiencia traumática más que sumar a las reiteradas violaciones que venía sufriendo.
Tres semanas después de que la institucionalizaran, la chica “se quebró” y pidió hablar con el equipo de profesionales que la acompaña. A ellas les narró su historia. Los domingos, cuando su mamá se iba a la iglesia, el padrastro la obligaba a mantener relaciones sexuales. Delante de su mamá, el hombre de 48 años se le acercaba y le decía al oído cosas como: “A la noche voy a tu pieza, espérame desnuda”.
“Él decía que me gustaba, pero a mí no me gustaba” compartió la niña, que también explicó cómo luego de enterarse de su embarazo, “él me dijo que se iba a hacer cargo, que iba a agrandar la pieza”. Cuando ella manifestó que no lo quería tener, el hombre la obligó: “Vos lo vas a tener, eso es matar a mi hijo”.
Además de hablar de su padrastro, la chica señaló a un hijo de éste, de 20 años, que “me obligaba a hacer cosas”. El muchacho abusó sexualmente de ella, con gran violencia, sosteniéndole los brazos y arrojándola sobre la cama. Todo esto mientras la madre estaba en la casa, “pero no se daba cuenta”.
“El relato nos da un marco que nos permite armar todas las piezas del rompecabezas”, aseguró la fiscal Alejandra Del Río Ayala este lunes cuando imputó al hermanastro por “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con promoción a la corrupción de menores agravada” ante la jueza Susana Luna, que dictó la prisión preventiva.
En sus fundamentos, la magistrada destacó que “acá hay algo real y concreto, hay una voz, y la voz es de la niña, que fuera del núcleo familiar, dice lo que le pasó y menciona a dos personas”. Ella “dice que no recuerda la reiterancia, las fechas, pero sí cómo sucedieron los hechos y los describe. Que fueron no solo con una violencia psicológica, que es evidente hablando de una menor y un adulto mayor de edad, sino también violencia física”.
“Acá está la niña, que en todo este tiempo intentó manejar una mentira, una información equívoca que llevó a la investigación para otro lado y sacó a los responsables de una investigación primaria, a partir de las influencias que tenían”. Una niña que cuando recibió “el trato que merece todo ser humano y sobre todo un niño en estado de vulnerabilidad, se animó a contar lo que le pasó”.
La jueza se refirió a que se le presentó una investigación de calidad, que se centra en el relato. “Pesa mucho el decir de una criatura que está acusando directamente a una persona de su entorno familiar de un hecho tan grave como es el abuso sexual con acceso carnal con violencia”.
“Esta chiquita ha vivido en una historia de prisiones, de sometimiento psicológico muy particular” consideró. “Tenemos ya una declaración contundente de la niña que tenemos que pulir” mediante el dispositivo de cámara Gesell.
Veinte minutos más tarde, los fiscales Alejandra del Río Ayala y Martín Broggi volvieron a exponer la investigación, esta vez ante el juez Sergio Carraro, quien resolvió los mismo que su colega, dictando la prisión preventiva para el padrastro. Si bien el hombre fue detenido el 16 de mayo e imputado, en ese momento no se le aplicó ninguna medida cautelar.
La diferencia entre ambas audiencias radicó en que en esta el acusado decidió declarar: “Lo veo como una mentira, ni siquiera creo -ella- que haya dicho eso”. Se excusó diciendo que viaja mucho los fines de semana, señaló que la niña tuvo varios “noviecitos” y volvió a dar la versión original, esa que desvió la investigación durante dos meses.
Para Carraro no quedan dudas de que “la niña era influenciada” por la familia. Esta causa trata “hechos graves, complejos y falta mucho por investigar”, concluyó.
Tras la interrupción legal del embarazo de la menor, se conservó material genético para ser testeado. Uno de los imputados consintió la extracción de sangre.
La niña manifestó que sufre abusos desde que tenía 10 años de edad.