Para regular la "alimentación pública"

“Uno de los impactos más notorios de la pandemia provocada por el Covid-19, además de la salud, fue en la oferta y demanda de alimentos”, indicó Hynes. “Desde que se inició la emergencia hay más personas en riesgo alimentario, y la producción y la distribución de mercaderías se ve afectada. Los socialistas planteamos la necesidad de una ley que contemple esta situación pero que a la vez aporte una mirada integral, que regule la alimentación que brinda el estado, la participación de las personas beneficiarias y el desarrollo del abastecimiento de alimentos sanos y adecuados de producción local”, agregó.

Si bien existe una amplia normativa y programas en torno a la alimentación, el proyecto de la legisladora socialista incorpora elementos innovadores, como la creación de un Foro de Alimentación y un Consejo de Alimentación Pública. “El primero es un espacio de participación de las personas beneficiarias, que incluye iniciativas para recomendar tipos de alimentos, formas de preparación y menús que resalten sus preferencias, así como el armado de presupuestos participativos y la elaboración un banco de recetas de acervo cultural gastronómico santafesino”. El Consejo, por su parte, es un órgano especializado que garantiza la interacción e intercambio de información entre todos los participantes para lograr el éxito de la implementación de las políticas de alimentación.

Hynes, que es investigadora del CONICET especialista en tecnología de alimentos, destacó que la ley se plantea como un motor para el desarrollo económico local porque incorpora a productores y proveedores de servicios locales de alimentos en la cadena de suministros de los comedores financiados por el estado provincial.

“Muchos de los alimentos que figuran en los programas e iniciativas de alimentación pública provienen de grandes empresas y suele haber poco acceso a alimentos frescos y saludables producidos localmente. Por eso buscamos incluir en esta ley índices claros que aseguren que en un rango de cinco a diez años las empresas santafesinas, grandes y pequeñas, sean parte sustancial de las compras que realiza el estado en alimentos y de las viandas que reparte”.

La diputada destacó que el proyecto reconoce que cumplir con los requisitos de calidad, cantidad y continuidad de la oferta representa un enorme desafío para los pequeños agricultores, que rara vez cuentan con recursos técnicos y financieros para adaptarse a las demandas de las iniciativas y programas de alimentación públicos. “Esta ley contempla el apoyo a la producción y servicios de alimentación locales, la promoción de asistencia técnica, financiera y de innovación para que nuestros productores puedan mejorar su comercialización y abastecimiento, y también queremos promover el impulso del asociativismo y la cooperación para que puedan participar en mejores condiciones en el marco de la economía social y solidaria”, concluyó.