Estatización con piñón fijo

El gobierno montó un dispositivo en el que el propósito para Vicentin es el rescate, a condición de que la empresa sea estatizada. La intervención logró el forzado consentimiento de empresarios que deben dar explicaciones a la justicia penal. La Casa Rosada se hizo cargo de la sede administrativa de la empresa, mientras en la piel de Avellaneda late la indignada reactividad.

Al mismo tiempo que Alberto Fernández recibía en Olivos a Omar Perotti y Gustavo Nardelli, Ceo de Vicentin, en un ilusorio intento por abrir alternativas a la estatización, el juez federal Julián Ercolini habilitaba la feria para analizar un pedido de la Unidad de Información Financiera. La UIF está en manos de Carlos Cruz, abogado de empresas del sindicalista kirchnerista Víctor Santa María, a su vez acusado por la UIF, por lavado.

Cruz es Cristina Fernández; Santamaría lo es. La UIF busca inhibir bienes a Mauricio Macri, al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, al del BCRA Guido Sandleris y a los empresarios Nardelli y Alberto Padoán. Los acusan de defraudar al banco público, que le prestó $ 5.785 millones a la cerealera cuando ya era insolvente.

La denuncia la hizo un particular tras leer en Página 12 un informe de Claudio Lozano, actual director del BN. La investigación del fiscal Gerardo Pollicita está muy lejos de una sentencia y el propio Lozano no llevó todas las pruebas que pidió la justicia. Pero -eso sí- dijo a los legisladores santafesinos en marzo, cuando lo convocaron, que la estatización era una posibilidad.

El Instituto Patria es la usina central del poder en el país. Cristina eligió al presidente antes que las urnas; ella diseñó las nóminas para legisladores nacionales en cada distrito. Los gobernadores son, en ese esquema, apenas un vehículo para su plan de poder, que tiene a Alberto como administrador transitorio y a Axel Kicillof como cabeza de playa. La pandemia puso en dramático contraste la necesidad de plata y comida en la provincia de Buenos Aires.

Pero no hizo falta el Covid-19 para leer el escenario; lo dejó en claro el propio Alberto Fernández cuando acompañó a Perotti al asumir. Santa Fe es la provincia que debe ser solidaria, la que no cobrará la multimillonaria deuda nacional por los recortes ilegales que le hizo Cristina a la coparticipación federal, la que recibe en su tierra la inversión y el trabajo de sus productores, la que genera dólares en su esfuerzo y desde sus puertos.

Perotti se enteró por televisión del anuncio estatizador. Consintió primero, reaccionó tarde y su gesto es inocuo. El kirchnerismo es un dispositivo con piñón fijo; no da marcha atrás. ¿Qué harán los legisladores nacionales santafesinos cuando la declaración de utilidad pública llegue al recinto? Los representantes están atravesados por la doble condición partidaria y territorial. Y tendrán severos problemas para justificar la “utilidad pública” de la firma.

El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, le negó a Mario Barletta el pedido para anular el DNU de la intervención, porque no es parte del concurso preventivo de Vicentin. ¿Qué pasaría si un acreedor hace el mismo pedido? ¿Qué pedirán Nardelli y Padoán?. El Banco Nación sólo es acreedor de U$ S 350 de los casi U$ S 1500 millones de deuda de Vicentin; hay hasta organismos internacionales de crédito que le prestaron plata a la empresa y le pidieron audiencia al presidente.

¿El Estado, todos los argentinos, se harán cargo de la deuda? YPF Agro, subsidiaria de la petrolera, se encamina a administrar lo que tras 90 años de configuración familiar, dejará de ser una empresa santafesina. Lo curioso es que Vicentin estatizada, quedaría en manos de una Sociedad Anónima.YPF perdió $ 33 mil millones según su balance en 2019.

Kicillof endeudó al país en U$ S 9 mil millones y la Argentina afronta juicios por U$ S 13.500 millones más en Nueva York, como consecuencia de la decisión “soberana” de estatizar la mayoría accionaria que estaba en manos de Repsol.

La configuración jurídica de YPF le permite al kirchnerismo manejar recursos sin dar explicaciones como empresa pública. Anabel Fernández Sagasti, la senadora mendocina que le agradeció públicamente a Alberto Fernández por haber “tomado la idea”, viene de una provincia que cobra regalías petroleras gracias al barril criollo que paga un Estado Nacional quebrado.

¿Dónde se irán los dólares de los granos? La épica solidaria no tiene por destino a Santa Fe.