A un año de ganar las elecciones y a seis meses de asumir la gobernación, Omar Perotti parece tomar las riendas de situación después de un semestre caracterizado por la discusión de la ley de emergencia o de necesidad pública, y la pandemia generada por el coronavirus.
El acuerdo con los contratistas de obra pública; ajustar el sistema de salud con inversiones y recursos humanos para enfrentar el Covid; avances en la relación económico-financiera y política con municipios y comunas; ya con los informes de Asap y de la Auditoría General de la Nación sobre las cuentas de fin de mandato; el programa de apoyo a sectores dañados por esta emergencia con subsidios de tasas y aportes no reintegrables; tomar posesión efectiva de 5RTV más allá del funcionamiento casi autónomo que tuvo hasta ahora y una relación más aceitada con los bloques legislativos y con algunos sectores de la oposición parecen marcar un cambio de rumbo en la gestión provincial.
Al lado del gobernador se admite que demandó mucho esfuerzo humano la puesta en marcha del aparato burocrático y administrativo que venía aceitado de otra manera en los doce años del Frente Progresista. La transición no fue pacífica ni estuvo en los términos institucionales previstos por culpas concurrentes. En el mientras tanto, la obra pública casi paralizada y la fuerte discusión política hasta tanto la Legislatura sancionó la ley de Necesidad Pública que llegó con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Habrá que admitir que la pandemia puso en primer plano a los titulares de los ejecutivo y Omar Perotti supo y tuvo que asumir un liderazgo que, tal vez, una parte de la sociedad no había observado hasta ese momento.
El justicialismo había perdido la gimnasia de ejercer el poder en la provincia. Los doce años del Frente Progresista significaron la pérdida de muchos cuadros técnicos y profesionales. El armado atrás de la candidatura de Perotti no fue homogéneo y el rafaelino supo capitalizar las ansias de la dirigencia de volver al poder más que de entusiasmarse tras su figura. Esa nueva sociedad política tuvo que adaptarse al funcionamiento del Estado y de postre, la pandemia.
Ahora, con el coronavirus controlado en la provincia y con un dominio más claro sobre la administración, la gestión Perotti empieza a trazar sus objetivos mediatos e inmediatos que podrán visibilizarse cuando pasen los meses. El anunciado programa de conectividad, la vuelta a clases, el programa propio de obras públicas destinada especialmente a obras con acento en lo social y con uso de mucha mano de obra, la descentralización de funciones del Estado y refuerzos en Salud asoman en la agenda de los próximos meses.
Pero en el medio de esta situación apareció la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin SAIC y hasta de expropiarla lo que provocó un maremoto en las aguas de la política santafesina. Otra vez avasallamiento a la provincia. Avasallamiento al Poder Judicial santafesino que lleva adelante el proceso concursal y también al poder político que se enteró de la decisión escuchando el lunes al presidente de la Nación y a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Perotti quedó entrampado entre el reclamo de gran parte de la sociedad santafesina que está cuestionando la decisión nacional y las apetencias del gobierno central respaldada por sectores políticos que también apoyan a su gobierno. De cómo se defina la situación de Vicentin y en qué medida el gobierno provincial pueda hacer aportes constructivos dependerá en parte la relación de Perotti con la sociedad santafesina. Es un delgado camino el que debe transitar el gobernador justo en momento en que parecía poder empezar a mostrar lo que será el esquema de gobierno.