“Los santafesinos disponemos de un Boletín Oficial en la web pero no tiene la validez jurídica que dispone el papel. Las leyes, por caso, allí están subidas. Pero previamente han tenido que pasar por la impresión física para otorgar validez y es lo que va a obviarse. Esto forma parte de un concepto de gobierno abierto y de información abierta a disposición de todos”, advertía meses atrás -en una nota publicada en El Litoral- la diputada socialista Clara García, autora de la norma aprobada por la Legislatura de que en la provincia el Boletín Oficial digital tenga el mismo rango que el impreso.
En esa misma nota la legisladora señalaba además que “hay 180 días para que el gobierno la promulgue y para que vaya haciendo una incorporación progresiva, ya que se incluyen leyes, decretos, resoluciones, licitaciones junto con todo lo que incluye por el Registro Público de Comercio, como balances, asambleas; más los edictos de orden judicial. Por eso entendemos que el gobierno establecerá una gradualidad en la puesta en marcha de la ley y, al mismo tiempo, una gradualidad para dar de baja la ley vieja de 1914”. Pero no, la ley que crea el Boletín Oficial Provincial Electrónico de Santa Fe fue promulgada el 4 de diciembre del año pasado, y pese al tiempo transcurrido, aún no ha sido reglamentada. Debido a ello, la autora de la iniciativa -ahora con un proyecto de Comunicación- busca que el Ejecutivo se disponga a “dictar y publicar el decreto reglamentario de la Ley N° 13.936 que crea el BOPE, cuya utilidad original se potencia ante la utilización masiva de nuevas tecnologías por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.
Este último aspecto resulta sumamente importante puesto que la vida cotidiana se modificó tras la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional el pasado 20 de marzo. Por ello, el disponer de un Boletín Oficial que solo necesite ser publicado en la web para que tenga validez constituye una herramienta ágil y democrática para la ciudadanía.
En efecto, Clara García advierte que “atento a la nueva normalidad que la situación pandémica trajo aparejada y teniendo en cuenta el uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) y la importancia del tele trabajo, esta ley se vuelve fundamental respondiendo a los principios de transparencia, gobierno abierto y publicidad de los actos de gobierno”.
Agrega que en los fundamentos de su pedido de Comunicación que “la Ley BOPE establece que todos los actos, documentos administrativos y judiciales serán publicados en formato digital en los medios electrónicos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el mismo carácter oficial y auténtico e idénticos efectos jurídicos que la edición impresa. Esta nueva norma vino a actualizar la vieja Ley N° 1.799 del año 1914 que establecía que la documentación oficial era auténtica en tanto estaba en el Boletín Oficial por efecto de su publicación en papel. Actualmente existen normativas tendientes a la progresiva despapelización, como la Ley Provincial N° 12.491/2005 de Firma Digital y el Decreto Provincial N° 4174/2015 de Expediente Electrónico, entre otras. En consecuencia, la Ley BOPE vino a acompañar y reafirmar una política de modernización y reforma del Estado que hace 12 años la Provincia de Santa Fe ha desarrollado, con fuertes avances y transformaciones en la administración pública provincial”.
García señala que “el acceso a la información pública es un derecho que los Gobiernos deben garantizar. El BOPE es accesible, posee ventajas jurídicas y administrativas que garantizan, entre otras cuestiones, mayor perdurabilidad, la utilización de menor espacio y/o volumen físico, la simplificación de la consulta y búsqueda, la mejora de imágenes de documentos deteriorados, aporta versatilidad y adaptabilidad, agiliza el trabajo cotidiano de agentes públicos, facilita la difusión online de documentos de forma inmediata, sirve de copia de seguridad evitando el desgaste de documentos originales, permite la recuperación permanente de contenidos con pleno valor jurídico y probatorio”.
La diputada provincial concluye señalando que “disponer en modo digital e inmediato del BOPE permitirá no solo una mayor accesibilidad sino también un impacto ambiental positivo, además del ahorro económico. De esta forma, alentamos desarrollar una política de documentación electrónica sostenible y respetuosa del medio ambiente. Esta ley significa ahorro energético, de agua, más árboles, mejor calidad del aire, entre otros fenómenos naturales que se alientan positivamente si bajamos la exigencia ambiental”.