El desafío de la nueva normalidad

Por Lucila De Ponti (*)

La pandemia nos movió el piso y la realidad quedó expuesta en muchos aspectos, pero esencialmente en cuanto a las profundas brechas de desigualdad que atraviesan nuestra humanidad de punta a punta.

Desigualdades que están en la base de nuestras sociedades, de nuestras economías, de las estructuras que definen nuestras vidas -el trabajo, las condiciones de vida, los ingresos, el acceso a la tecnología y a la conectividad-. Y si es que vamos hacia una nueva normalidad, ¿Qué elementos son los que van a hacerla diferente de la vieja normalidad? ¿Será tan solo el hecho de pasar más tiempo en casa, de tener reuniones por Zoom y usar alcohol en gel compulsivamente? ¿Van a ser tan solo esos cambios lo que nos deje este hecho social que afecta por primera vez en la historia a toda la humanidad al mismo tiempo en todas las geografías? Obviamente la respuesta a esta última pregunta es negativa. Sin embargo, mucho más interesante es pensar cómo respondemos a la primera: qué hace diferentes a la nueva y a la vieja normalidad. Lo mejor es que la respuesta no existe, todavía.

¿Podrá pensarse una nueva normalidad sin tener en cuenta que 4 millones de personas en Argentina viven en condiciones de precariedad extrema, en viviendas de mala calidad, sin acceso al agua, ni a la energía eléctrica, ni al gas, ni a una gestión de sanidad ambiental mínimamente aceptable? ¿Se puede pensar una nueva normalidad sin tener presente que hay al menos un 10% de la población de Santa Fe que no pudo hacer la cuarentena porque sus condiciones de habitat no se lo permitieron? Recordemos, sin ir más lejos, que se construyó la consigna de “cuarentena barrial” para que las personas que viven con esas limitaciones fueran sujetos de una narrativa estatal y de una política sanitaria que las incluyera y les planteara un objetivo posible en términos de sus realidades habitacionales. Sin dudas en la transformación de esta brecha hay un desafío, o un imperativo, según desde donde se elija mirarlo.

La otra dimensión central de las desigualdades estructurales es la del trabajo y el ingreso, la de las posiciones en la estructura económica. Es cada vez más grande el porcentaje de la población que genera ingresos a través de prácticas laborales que no se inscriben formalmente (o se inscriben débilmente en una relación salarial) lo que impide la estabilidad de largo plazo y el acceso a todos los derechos laborales y sociales. Por ejemplo, del total de la población económicamente activa de la provincia de Santa Fe solo la mitad son trabajadores empleados, aproximadamente unas 790.000 personas. Un número un poco menor pero casi equivalente son trabajadores con otro tipo de relación laboral formal o con ninguna. Muestra de ello son los más de 600.000 hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia. Forman parte de este universo, entre otros, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cuyos ingresos y condiciones de vida son extremadamente precarios. Decimos entonces que el concepto de economía popular refiere a quienes, excluidos de la relación salarial formal, decidieron, sin más opción, inventarse su propio trabajo. Sin embargo, y al mismo tiempo, la economía popular que emerge de determinadas condiciones materiales -el desempleo estructural- es al mismo tiempo un proyecto político, una decisión de resistencia y una perspectiva de transformación.

Esto que viene sucediendo hace rato ha tomado trascendencia en el contexto actual porque las desigualdades se tornaron más visibles y menos soportables. Hace algunos días el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creo el RENATEP -Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular-. Este instrumento fue generado por la ley N.º 27.200 de Emergencia Social sancionada en 2016 que establecía, entre otras cosas, un andamiaje institucional inicial para comenzar a visibilizar formalmente y habilitar un camino de acceso a los derechos laborales para este universo de personas trabajadoras. Fundamentalmente implica para el Estado nacional reconocer la deuda de oportunidades y derechos. ¿La creación del RENATEP es la solución al problema del desacople del empleo y el trabajo? No, es una acción limitada y parcial, pero implica comenzar a señalar un camino. Y tan importante como el contenido de esta decisión es haberla tomado ahora, durante la pandemia. En el preludio de esa nueva normalidad es cuando tenemos que debatir y decidir lo que va a ser el futuro. Pensar que es posible una institucionalidad que enmarque estas formas de trabajo es parte de los desafíos para la construcción de una sociedad igualitaria, donde la distribución del ingreso sea más justa, pero que fundamentalmente permita recuperar la universalidad del trabajo en su dimensión de ordenador social, avanzando desde las políticas sociales de transferencia de ingresos hacia la acreencia activa de derechos. Somos contemporáneos de un suceso inédito y de una oportunidad.

¿Somos capaces como militantes políticos de actuar con audacia para tomar decisiones transformadoras? Por suerte la historia no viene hecha y esas respuestas todavía no existen, por suerte los límites de lo posible se volvieron difusos y muchas de las propuestas que la organización colectiva construyó para enfrentar la exclusión resultan hoy caminos posibles. Por suerte también, hoy es más cierto que antes que el futuro no es lo que va a venir sino lo que seamos capaces de construir.

(*) Diputada provincial de Santa Fe, militante del Movimiento Evita.