Piden sanciones a jueces y fiscales por beneficiar a delincuentes con prisiones domiciliarias

La legislatura santafesina, analiza por estas horas en la Comisión Bicameral de Acuerdos el pedido de sanción para un fiscal de Rosario por haber permitido la salida de un peligroso delincuente a través de una prisión domiciliaria, mientras que paralelamente la Procuración de la Corte avanza en la investigación a dos jueces por el mismo hecho. Los cargos presentados fueron contra el fiscal Adrián Spelta y los jueces Hernán Potsma y Gustavo Pérez Urrecha.

El autor de la iniciativa es el senador provincial Lisandro Enrico, que viene promoviendo una investigación hacia Spelta, por haber otorgado una prisión domiciliaria al rosarino Emanuel “Pimpi” Sandoval, quien después fuera acribillado en su casa. El legislador, se mostró preocupado por las conductas de juezas y jueces que, “violando la ley en su letra y en su espíritu permiten que personas que deberían estar presas hoy están en la calle”.

El representante del departamento General López, vinculó esta clase de fallos judiciales con los momentos de “inseguridad y violencia” que vive la provincia. “Son situaciones de impunidad que atentan contra la seguridad de la población y disminuyen el nivel de vida que merecemos los santafesinos”, aseguró.

En este orden, remarcó que muchos delincuentes que hoy deberían estar con privación de libertad - como lo establece la ley-, terminan siendo “beneficiados” por el criterio de jueces, juezas y fiscales. “Sin embargo, -continuó-, lo cuestionable no es la discrecionalidad que pueda tener un juez al momento de aplicar la ley, sino que algunos de los casos en los que estamos investigando, hay jueces de Cámara y de primera instancia y fiscales, donde hay un apartamiento directo de la ley”.

Para Enrico, esto es lo que “enciende” los mecanismos de sanción previstos por la ley: “Ya no estamos evaluando el criterio que aplica un juez, sino que hay casos donde los magistrados directamente se apartan de la ley para permitir que un delincuente que tiene que estar preso quede en libertad”, indicó.

Debe recordarse que fue este mismo Senador, quien en el 2017 impulsó una reforma que impactó sobre la prisión domiciliaria. “Antes se otorgaba usualmente, y a partir de aquella sesión, cuando por unanimidad se aprobó esa nueva ley que rige desde hace 3 años, se acotó el margen que tienen los jueces y fiscales para poder otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. Según lo establece el Código Penal, son limitadas las razones por la cual una persona tiene que estar en prisión preventiva o cumpliendo la pena en su casa. Se concede ese beneficio cuando se trata de condenas a personas mayores de 70 años, madres con hijos de menos de 5 años, enfermedad terminal, entre otras características”.

Casos en el sur provincial

En el departamento General López, recordó que en la localidad de Elortondo, una persona cuya iniciales son E.J.P. recibió el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por el juez Tomás Orso. Enrico, dijo que E.J.P., contaba con una carga delictiva “reconocida y comprobable”, pero que se acogió al beneficio alegando una afección a la salud agravada por la pandemia del coronavirus.

“Existía un informe médico que no justificaba la salida de la cárcel. Y dos jueces de primera instancia ya habían rechazado la prisión domiciliaria porque no correspondía. Sin embargo, el juez Orso le asignó ese beneficio y quedó en libertad”.

Por último, señaló: “Las prisiones domiciliarias otorgadas en Santa Fe son motivo de investigación justamente por haber sido distorsionadas en su aplicación en beneficio de los delincuentes, cuando había una clara reforma hecha por la Legislatura para restringir estos supuestos que algunos operadores del sistema penal están incumpliendo”.