Por el Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social
“Cuando la sociedad ya no tiene como fundamento el principio de la solidaridad y el bien común, se produce el escándalo de ver a personas que viven en la pobreza extrema junto a (...) símbolos de inmensa riqueza”, Papa Francisco (1).
A raíz de la repercusión mediática generada en torno a proyectos para llevar a cabo un impuesto extraordinario a las grandes riquezas en nuestro país y otras medidas impositivas de semejante cariz a nivel nacional y provincial, consideramos que como cristianos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, donde se perciban con claridad los criterios del Evangelio, debemos expresar algunas palabras que contribuyan al debate desde la Doctrina Social de la Iglesia y nuestra fe.
Para solventar el gasto público el Estado cuenta con herramientas entre las que se destacan los impuestos. Al respecto, la Doctrina Social de la Iglesia afirma: “Las finanzas públicas se orientan al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad, racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos” (DSI, 355).
Los sistemas tributarios estatales que se orientan al bien común, se rigen por ciertos principios que confluyen con directrices y valores propuestos por la Doctrina Social de la Iglesia, como es el caso del principio de la progresividad fiscal. La misma plantea la equitativa distribución de la carga fiscal, atendiendo a la capacidad contributiva, lo cual permite que los contribuyentes aporten en su justa medida, y a su vez, hace factible la redistribución equitativa del producido fiscal tendiendo a proteger a los más débiles. Por lo tanto la progresividad tributaria es clave en la redistribución de la riqueza y configura una herramienta eficaz de política pública para la reducción de la desigualdad.
Para que dicha progresividad fiscal sea posible, se necesitan dos variables imprescindibles:
1) Ausencia de corrupción, es decir “el rigor e integridad en la administración y el destino de los recursos públicos” (DSI, 355), lo cual exige una mayor eficacia y transparencia del gasto público; así como la revalorización de bienes públicos esenciales, principalmente los vinculados a la salud y a la educación sin dejar de considerar las transferencias adicionales que resulten imprescindibles para alcanzar una mayor equidad socio-económica a través de la redistribución.
2) Ciudadanía fiscal, que requiere ser reafirmada a fin de reducir los niveles de evasión y elusión.
Ambos elementos configuran un entramado político institucional que legitiman la imposición y consolidan culturalmente el pacto social, el compromiso social de todos los ciudadanos como integrantes de un mismo pueblo en pos de las víctimas, para garantizar una fiesta de fraternidad universal, como lo afirma Francisco: “Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal”(2).
El sistema tributario argentino presenta un cierto matiz progresivo que ante las exigencias derivadas de la pandemia conviene reforzar. Expertos en temática tributaria, desde varios años atrás, proponen la revisión y la reformulación del sistema argentino a fin de darle una impronta menos regresiva; el examen exhaustivo del esquema impositivo demandará un profundo debate político y social en el cual deberán analizarse las variables sectoriales de la economía nacional y también las variables económicas globales que condicionan la economía del país.
Este momento de profunda emergencia económica y social se presenta como una ocasión para concretar en lo inmediato el debate mencionado, buscando soluciones enraizadas en la equidad, reconociendo como finalidad insoslayable el bien común, superando facciones y grietas ideológicas, fijando estrategias con acuerdos sustanciales y plurales, repensando el sistema tributario como instrumento al servicio de un proyecto nacional de desarrollo integral que dé respuesta a las exigencias coyunturales pero también a las exigencias estructurales de nuestra Nación. Se trata de hacer justicia y no confundirla con una caridad que la suprime, como advierte el Concilio Vaticano II: “Para que este ejercicio de la caridad sea verdaderamente irreprochable y aparezca como tal, es necesario ver en el prójimo la imagen de Dios, según la cual ha sido creado, y a Cristo Señor, a quien en realidad se ofrece lo que al necesitado se da; respetar con máxima delicadeza la libertad y la dignidad de la persona que recibe el auxilio; no manchar la pureza de intención con cualquier interés de la propia utilidad o con el afán de dominar; cumplir antes que nada las exigencias de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas, y no sólo los efectos, de los males, y organizar los auxilios de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos”(3).
La revisión del sistema tributario nacional es una tarea pendiente por la situación estructural del país, que requiere ser resuelta a fin de proyectar una gestión tributaria que asegure una mayor equidad, el creciente empleo, la competitividad productiva y la sostenibilidad macroeconómica. Para iniciar un proceso de equidad en nuestro sistema tributario consideramos viable la ponderación del desarrollo y aplicación de impuestos directos sobre las grandes riquezas de las personas físicas para reforzar la fiscalidad progresiva y atender con urgencia la crisis actual. Creemos que es un deber insoslayable de solidaridad para con el hermano que sufre (Mt. 25, 35-40), atender estas urgencias desde una mirada cristiana, comprometida con el bien común.
Los sistemas tributarios estatales que se orientan al bien común, se rigen por ciertos principios que confluyen con directrices y valores propuestos por la Doctrina Social de la Iglesia, como es el caso del principio de la progresividad fiscal.
La misma plantea la equitativa distribución de la carga fiscal, atendiendo a la capacidad contributiva, lo cual permite que los contribuyentes aporten en su justa medida, y a su vez, hace factible la redistribución equitativa del producido fiscal tendiendo a proteger a los más débiles.
(1) FRANCISCO (2019), Homilía del 18 de enero del 2019
(2) FRANCISCO (2019), Mensaje del Santo Padre Francisco para el evento “Economy of Francesco”
(3) CONCILIO VATICANO II (1966), Decr. Apostolicam actuositatem, N° 8.
