Juan Carlos Scalzo | [email protected]
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Si bien la decisión tendrá un impacto negativo en las arcas del Estado local, la determinación se adoptó atendiendo a la difícil situación económica que atraviesan muchas familias de la ciudad.
Más allá de la merma en la recaudación que habrá en los dos meses que vienen, la caída proyectada hacia fin de año es un llamado de atención porque los ingresos, serán sensiblemente menores a los esperados.
El incremento en las erogaciones en materia sanitaria, para atender la pandemia, y también social, por las consecuencias de la cuarentena, supera todo lo previsto y seguramente aparecerán dificultades para cumplir con las pautas fijadas en el presupuesto municipal en los próximos meses.
Luego del encuentro, el edil oficialista Jorge Muriel dijo que la decisión “fue consensuada entre el Ejecutivo y el Concejo ya que contábamos con una cifra que arrojaba la fórmula polinómica y una Ordenanza que habilita al Ejecutivo a revisar la Tasa General de Inmuebles como mínimo cada seis meses. La gran noticia es que por dos meses no habrá aumento y después va ser escalonado para que el impacto no sea tan grande para el contribuyente”.
Repudios por espionaje y Vicentín
En la última sesión del Concejo Municipal, el pasado jueves, dos iniciativas provocaron discusiones altisonantes entre oficialismo (Justicialismo) y oposición (PRO y UCR en Juntos por el Cambio).
El primero de ellos tuvo que ver con un proyecto de Declaración del bloque concejales peronistas para repudiar “las actitudes antidemocráticas, de espionaje ilegal y uso indebido de los aparatos de inteligencia con fines políticos” y provocó fuertes cruces con los ediles de Juntos por el Cambio (PRO y UCR).
Si bien se coincidía en la Declaración, el primer párrafo de los considerando despertó el rechazo por parte de los liberales al sostener “que, el Fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex presidente Mauricio Macri a raíz de la denuncia efectuada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por espionaje ilegal”.
Finalmente, la oposición impuso su mayoría, modificó la introducción con la redacción siguiente: “Desde la creación de los servicios de inteligencia, bajo sucesivos gobiernos nacionales y con diferentes modalidades, fueron sospechados de cometer ilegalidades en las tareas específicas del área”.
El otro proyecto que tenso los ánimos en el recinto fue de autoría del bloque Cambiemos debido a que en su parte resolutiva expresaba “el rechazo la intervención al grupo Vicentín, medida ilegal e inconstitucional, que avasalla las facultades del Poder Judicial, deteriora la seguridad jurídica y atenta contra las instituciones”.
Tras repasar lo que consideran procesos expropiatorios fallidos por parte del Estado, el edil Bonino sostuvo que la decisión del Gobierno nacional “atenta contra la democracia, el derecho de la propiedad privada y el federalismo y violenta la autonomía de Santa Fe, provocando la preocupación del sector productivo. No queremos defender a una empresa sino a todos los argentinos”.
El debate tuvo momentos de mucha tensión con discursos a favor y en contra, pero también la mayoría opositora lo terminó aprobando sin inconvenientes.