Dudas en el Senado sobre el proyecto de ley de ART

El Senado santafesino tiene en su agenda el tratamiento de la adhesión de Santa Fe a la reforma nacional contenida en la ley 27.348 de Riesgos de Trabajo, sancionada en febrero de 2017, impulsada por el ex presidente Mauricio Macri y apoyada ahora por la gestión del presidente Alberto Fernández.

Se discute la forma cómo la provincia adherirá (si finalmente lo hace) a esa legislación nacional que, en pocas palabras, baja el tiempo de la ligitiosidad a cambio de hacerlo también con las indemnizaciones por accidentes laborales. Ese es el marco general de las discusiones que otra vez tienen como escenario las comisiones de la Cámara alta santafesina.

El tema no se ha resuelto y aunque en dos oportunidades el ministro de Trabajo Roberto Sukerman concurrió a conversar con las bancadas del oficialismo y de la oposición, no hay avances a la vista. Siguen en duda varios aspectos técnicos y -lo que es más serio- políticos.

Se trata de una puja sectorial sobre derechos laborales, obligaciones empresariales, ligitiosidad (y beneficios para los actores del fuero correspondiente), así como sobre los costos sobre los servicios de las aseguradoras de los riesgos de trabajo, las ART.

Juegan muchos: el gobierno nacional que impulsa la adhesión, sin prejuicios sobre el origen de la reforma; los gremios que prefieren que no haya ley pero tampoco van a oponerse como lo hacían antes (en tiempos del macrismo); el gobierno provincial que no piensa apartarse de su obediente “sintonía” con la Casa Rosada, pero ha hecho su propio proyecto (distinto del que había propuesto el Frente Progresista); los abogados laboralistas, que consideran inconstitucional la reforma y celebran cada sesión sin avances; las aseguradoras, que quieren una norma santafesina lo más breve posible y ajustada al texto nacional; y las entidades de la producción que representan al sector empresario, que ve que en otras provincias -se diga lo que se diga- bajó la alícuota que determina el costo de las ART.

Preferencia y costos políticos

En mayo ya habían vuelto las reuniones de los senadores cara a cara, en el amplio recinto de la Cámara vecina. Las sesiones ahora llamadas presenciales (para diferenciarlas de las telesesiones) permite disucsiones más fecundas sobre temas espinosos. A mediados de ese mes se acordó una preferencia, por dos sesiones, para el proyecto de ART.

El plazo se cumple este jueves 25, pero en realidad, ese compromiso dice poco: durante buena parte de 2018 y otro tanto de 2019 se fijaron sucesivas preferencias para ese asunto hasta que, recién en julio del año pasado, se aprobó por unanimidad una media sanción, que causó fuertes críticas de una parte del sector gremial y de los abogados laboralistas en general. Luego, en la segunda mitad del año pasado, no fue tratada en Diputados.

Aquel texto -que ya pasó al archivo- se basó en un mensaje del entonces gobernador Miguel Lifschitz que recibió modificaciones de los senadores.

“Que sea por nota”

El nuevo gobierno de Omar Perotti prefirió dejar que el tiempo se encargue de que perdiera estado parlamentario. Optó por no habilitar su discusión durante las sesiones extraordinarias, esperó a marzo de 2020 y envió su propio mensaje al Senado, donde el PJ tiene la mayoría.

En buena parte de esa bancada y en el radicalismo frentista hay coincidencias sobre un aspecto. Los costos políticos deberán ser asumidos por el Ejecutivo y las eventuales modificaciones a su proyecto ingresar por nota desde la Casa Gris, para que queden claras las responsabilidades. Con sus matices, los senadores peronistas y los de la UCR recuerdan que ya habían producido una media sanción que estaba lista para que Diputados la convierta en ley y muestran poco interés en ser ellos quienes queden mal con alguna de las partes. Hoy están más activos los expertos de las ART que llevan ideas e inquietudes al Senado que los representantes del sector sindical.