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Domingo 28.06.2020 - Última actualización - 14:53
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Nueve años

Pedirán prisión para dos ex jefes policiales

Se trata de los ex funcionarios Rafael Grau y Omar Odriozola. Los acusan de maniobras ilícitas en la reparación de móviles de la policía de la provincia. En tanto sus defensores solicitaron la absolución. 

Rafael Grau y Omar Odriozola. Crédito: Pablo Aguirre / ArchivoRafael Grau y Omar Odriozola.
Crédito: Pablo Aguirre / Archivo

Rafael Grau y Omar Odriozola. Crédito: Pablo Aguirre / Archivo



Nueve años Pedirán prisión para dos ex jefes policiales Se trata de los ex funcionarios Rafael Grau y Omar Odriozola. Los acusan de maniobras ilícitas en la reparación de móviles de la policía de la provincia. En tanto sus defensores solicitaron la absolución.  Se trata de los ex funcionarios Rafael Grau y Omar Odriozola. Los acusan de maniobras ilícitas en la reparación de móviles de la policía de la provincia. En tanto sus defensores solicitaron la absolución. 

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitarán penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Así lo plantearon los funcionarios del MPA en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Luis Octavio Silva.

 

Los acusados son Rafael Grau, de 56 años y Omar Odriozola, de 54. Hernández y Jiménez les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

 

Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos a cada uno por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.

 

En la audiencia preliminar, los fiscales del MPA también solicitaron la “inmediata prisión preventiva de Odriozola quien hasta el momento viene transitando el proceso en libertad. Ahora, el juez deberá resolver en relación a este pedido”. Por otra parte, aclararon que “al otro imputado ya se la impuso la prisión preventiva, la cual viene cumpliendo de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud”.

 

“La medida cautelar y la pena que solicitamos se fundamentan en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.

 

Asociación ilícita

 

“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales.

 

“Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron.

 

En relación a la modalidad delictiva, los fiscales explicaron que “consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron.

 

En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi organizador de la banda y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.

 

“Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques”, relataron los fiscales.

 

“Para poder librar dichas órdenes de pago, el Habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística”, revelaron los fiscales y agregaron que “tanto el Habilitado como el Jefe de Logística coordinaban esta tarea con el organizador de la asociación ilícita (Facundo José Testi, ya condenado), quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.

 

“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado de la policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.

 

Por último, los fiscales apuntaron que “el Habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.

 

Juicio oral y público

 

Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo hoy, el juez Silva deberá resolver lo planteado por las partes. Si entiende que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina auto de apertura a juicio para que se programe el juicio oral y público.

 

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez que dirigirá el debate. La dependencia judicial se encargará además de fijar una fecha para el inicio del debate.

 

Perjuicio económico

“El accionar ilícito del acusado cuyas iniciales son OAO fue entre enero y agosto de 2015, y el perjuicio económico que causó al Estado asciende a 1.058.664,20 pesos”, indicaron Hernández y Jiménez. “Por su parte, el accionar del otro exjefe provincial cuyas iniciales son RRG fue entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 y el perjuicio patrimonial causado al erario público fue de 958.385 pesos”, sostuvieron.

 

Sobre cerrado

“La investigación la inició el fiscal Roberto Apullán en mayo de 2016 a partir de una presentación que hizo en el MPA quien era ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, Maximiliano Pullaro. En su denuncia, el funcionario indicó que se anotició de las maniobras ilícitas a partir de un documento dejado en un sobre cerrado en una oficina del ministerio provincial”, recordaron los fiscales.

 

Los otros condenados

 

Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.

 

El monto recuperado es la suma de los pagos realizados por los condenados a lo largo de los últimos tres años. A valor de hoy, actualizado por la inflación, el dinero recuperado es mayor.

 

Las personas condenadas hasta el momento son:

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