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Jueves 02.07.2020 - Última actualización - 13:59
13:58

Un contrato heredado para vigilar unidades móviles

Vialidad incumple una observación legal del Tribunal de Cuentas

La objeción comenzó durante la gestión anterior y el órgano de Control indicó no avanzar. Sin embargo, las nuevas autoridades continuaron con el trámite y ahora los vocales han pedido un dictamen a su Fiscalía Jurídica para “deslindar responsabilidades” . De corresponder “se procedería al juicio de responsabilidad”.

 Crédito: Archivo El Litoral
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Un contrato heredado para vigilar unidades móviles Vialidad incumple una observación legal del Tribunal de Cuentas La objeción comenzó durante la gestión anterior y el órgano de Control indicó no avanzar. Sin embargo, las nuevas autoridades continuaron con el trámite y ahora los vocales han pedido un dictamen a su Fiscalía Jurídica para “deslindar responsabilidades” . De corresponder “se procedería al juicio de responsabilidad”. La objeción comenzó durante la gestión anterior y el órgano de Control indicó no avanzar. Sin embargo, las nuevas autoridades continuaron con el trámite y ahora los vocales han pedido un dictamen a su Fiscalía Jurídica para “deslindar responsabilidades” . De corresponder “se procedería al juicio de responsabilidad”.

A la Comisión Legislativa y Revisora de Cuentas ingresó una nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia que informa del incumplimiento de una observación legal por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, que puede significar un dolor de cabeza para la actual gestión.


El caso es interesante porque muestra que las autoridades actuales del organismo tuvieron el mismo criterio que las anteriores. Y que lo mismo ocurre con el órgano de control que considera que, en 2019, estaba viciado el acto por el que se llamó a licitación para contratar un servicio de vigilancia satelital de unidades móviles livianas de la DPV y que hoy -al pagarse por esos servicios- se incurre en lo mismo.


En pocas palabras, a los vocales del Tribunal les resulta poco claro que el pliego licitatorio utilizado contara con unas exigencias que limitan la participación de los potenciales oferentes. A esas observaciones legales el TC las formuló en 2018, las repitió en 2019 (al renovarse el servicio contratado con la misma empresa) y ahora, con la nueva gestión que mantuvo el mismo criterio de las anteriores, las vuelve a expresar pero con la amenaza de un juicio de responsabilidad.


La diferencia es que en 2020 entre que se comunicaron las amonestaciones (a fines de diciembre) y se confirmó en Vialidad el acto ya observado no hubo, por parte de las actuales autoridades de la DPV, una respuesta que argumente en favor de esa decisión: fue tomada a espaldas del órgano de control, como si no importaran sus dictámenes.

 
Se desconocen los motivos por los que no hubo ninguna reacción de la actual conducción de la DPV a las exigencias del Tribunal para con un contrato que no es su responsabilidad, sino que lo ha heredado de la gestión anterior. 


Evidentemente, medio año después de ese inexplicable silencio en el trámite, los vocales del Tribunal consideraron que era hora de un tirón de orejas más severo.


Para que se entienda: el Tribunal dice que aunque a Vialidad se le avisó que había una observación legal, la Dirección siguió adelante con el contrato: “continuó con el procedimiento omitiendo considerar la consecuencias jurídicas de su emisión”, es decir, pagar al contratista.


En el filo de la transición


La resolución observada es de tiempos en los que la DPV estaba a cargo de Jorge Seghezzo. En el expediente 41.393NO (nota) los legisladores, sus asesores -y cualquiera que lo pida- puede ver los antecedentes del asunto.


Ya en 2018 el Tribunal de Cuentas exige que haya unas condiciones de mayor competencia entre los oferentes a la hora de llamar a licitación, porque con las condiciones del pliego -según el TC- puede limitarse su participación.


En parte de los considerandos y los documentos adjuntos se puede advertir que una de las dudas expresadas desde el Tribunal pasa por los requisitos licitatorios para participar que “lucen excesivos y pueden implicar una orientación muy marcada para la adjudicación”, se dice.


Los interesados en proveer a Vialidad del servicio de rastreo y monitoreo de 110 unidades móviles livianas tuvieron que demostrar, para poder competir, con “10 mil equipos instalados y reportando en unidad”, y “dos mil clientes como mínimo del servicio activo”, además de “una antigüedad de 5 años y servicio post venta en toda la provincia”. También, otros requisitos vinculados a normas ambientales que no provocan tanto interés. Las cifras anteriores, sí.


“Cabe entonces preguntarse quién sino el mayor ‘jugador del mercado’ puede dar cumplimiento a todos estos requerimientos”, se pregunta uno de los actuantes en el órgano de control en el expediente que llegó a la Legislatura.


A la licitación para ver durante un año qué hace cada vehículo liviano de Vialidad, la ganó la firma COLVEN SA. El presupuesto oficial era algo mayor a un millón de pesos y la oferente presentó casi 869 mil pesos. Pero hubo otra participante: CRAYÓN WEB SA que ofertó casi 639 mil y fue descalificada por no cumplir con las condiciones exigidas por el pliego. La queja de esa firma es parte del expediente (logró verlo en Vialidad recién a fines de diciembre de 2019), pero más importan los criterios del Tribunal en su observación legal del 27 de diciembre de 2019, que en el mismo día ingresa a la DPV.

 

El 30 de diciembre del año pasado el Tribunal requiere al recientemente nombrado administrador de Vialidad, Oscar Ceschi, si ha dado o no cumplimiento a la observación legal sobre la licitación. No hubo respuesta.


Habían pasado apenas un par de semanas desde su llegada al cargo, pero lo curioso es que nada cambiara en la DPV durante todo el primer semestre de 2020.


El expediente muestra que el contrato surgido de la compulsa observada siguió cumpliéndose con los pagos respectivos, los meses siguientes, como si el Tribunal nada hubiera dicho.

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