El último jueves, las dos cámaras legislativas votaron casi simultáneamente proyectos de ley tendientes a fomentar la donación de plasma para tratamiento médico a los curados del Covid 19. Por ende, no hay ley en la provincia, más allá de las buenas intenciones que tengan legisladores de todo el arco político. Los proyectos son diferentes porque en Senado la iniciativa de Raúl Gramajo (PJ) validada -en forma virtual por todos sus pares- habla de la obligatoriedad, mientras que la de Diputados encabezada por Betina Florito (Somos Vida) apunta a promover la toma de conciencia sobre la relevancia sanitaria de la donación; asegurar la difusión de información y garantizar la disponibilidad de plasma con fines terapéuticos para mejorar el pronóstico de pacientes críticos.
El ejemplo del plasma en la sangre habla del poco diálogo institucional entre ambas cámaras a la hora de buscar una agenda común. El mismo jueves, el Senado avaló el proyecto de Rubén Pirola (PJ) para que el MPA tenga fiscalías especializadas en delitos rurales, mientras en Diputados votaron proyectos radicales y de Juntos por el Cambio repudiando los ataques a silobolsas y robos en establecimientos rurales e incluso avalando las reformas propuestas por Sergio Massa en el Congreso de la Nación. La Cámara Baja también votó el proyecto de ley del socialista Pablo Farías de apoyo al sector hotelero, turístico y gastronómico, paralizado durante varias semanas por la pandemia; mientras el radical Felipe Michlig ingresaba por Senado un programa de recuperación pos Covid 19 destinado a ese sector.
Ejemplos de diferentes miradas políticas frente a problemas de actualidad, que no parecen hallar puntos de encuentro en los próximos meses. Un Poder Legislativo con mayoría del justicialismo en Senado y del Frente Progresista en Diputados, pero donde el Poder Ejecutivo ha agudizado su mirada y trabaja en lograr entendimientos -especialmente con el oficialismo- para impedir el avance de una agresiva agenda propuesta por la mayoría de la Cámara baja. Sabe la Casa Gris que si avanza en los acuerdos con los senadores habrá obturado la mayoría de las iniciativas que vienen desde el otro cuerpo. Son ya una docena de proyectos de ley -varios con disposición de fondos públicos- que votó Diputados que apuntan a revalidar políticas llevadas adelante por la gestión del Frente Progresista que ahora están en comisiones del Senado. “El gobierno cambió el 11 de diciembre y hay cambios de políticas, deben entenderlo” apuntó el diputado Ricardo Olivera cuando la ministra de Educación, Adriana Cantero, explicaba su gestión en el recinto de Diputados, ante los planteos especialmente surgidos de la bancada socialista.
En lo que resta del año legislativo, habrá medias sanciones cruzadas hasta octubre y en noviembre llegará la hora del primer clearing típico de fin de año. De todas maneras, nada será igual y la pandemia marcará la agenda futura. La política deberá buscar entendimientos mucho más vitales que sobre el plasma. Cantero desafió a pensar y consensuar la escuela que viene, que será muy diferente a la que conocimos hasta marzo; habrá que pensar un nuevo sistema de transportes donde el colectivo tanto urbano como interurbano no será como lo conocimos; habrá que definir qué actuación tendrá el Estado a futuro y con qué recursos contará mientras se prenden velas para que Alberto Fernández pueda llegar a un acuerdo con los bonistas. Si no hay acuerdo, el temor es que la caída pueda ser aún mayor a la provocada por el coronavirus.