Por medio de un comunicado, Faera sostuvo: “Los colegios de las congregaciones religiosas de la Iglesia Católica no perseguimos fines de lucro. Ejercemos la misión evangelizadora de la Iglesia en la Educación de los niños, jóvenes y adultos, especialmente de los más necesitados. Siendo esta misión consagrada por el derecho constitucional de la libertad de enseñanza...
Nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de esta prolongada cuarentena. Las familias se ven impedidas de trabajar, muchos padres de familia han perdido sus empleos o son cuentapropistas, sin ingresos en la actualidad, y la morosidad aumentó a dimensiones que nunca antes habíamos soportado en la larga historia de nuestras Instituciones. Incluso, algunas de nuestras obras se han visto obligadas a suspender personal en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Asimismo, la Federación marcó que si bien “se han cumplido todos los requisitos establecidos por el Estado nacional para acceder al auxilio que previó para las Pymes”, la ayuda que llegó es “parcial, insuficiente y a no todas las instituciones”, y que “tampoco hemos podido acceder a los préstamos bancarios por vernos imposibilitados de conseguir el certificado MiPyme”.
Por último, desde Faera solicitaron a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “aseguren la continuidad e integridad del aporte estatal”. Mientras que al gobierno nacional pidieron que “administre los bienes del Estado en favor del bien común y arbitre los medios para que todas nuestras obras educativas, formales y no formales, puedan acceder a los programas de asistencia necesarios para seguir ejerciendo el legítimo derecho a la libertad de enseñanza y garantizar la estabilidad laboral de nuestros educadores”.