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Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 4:01
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Lo votó Diputados y deberá definirlo el Senado

Ventana para la división de condóminos rurales

Una ley de 1983 protege la Unidad Económica Agraria. El objetivo del proyecto votado es habilitar una excepción durante los próximos cinco años. “La protección terminó favoreciendo la sojización” dijo Fabián Bastia, iniciador del tema.

 Crédito: Archivo El Litoral
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Lo votó Diputados y deberá definirlo el Senado Ventana para la división de condóminos rurales Una ley de 1983 protege la Unidad Económica Agraria. El objetivo del proyecto votado es habilitar una excepción durante los próximos cinco años. “La protección terminó favoreciendo la sojización” dijo Fabián Bastia, iniciador del tema.

Sin el acompañamiento de la bancada justicialista, la Cámara de Diputados votó y giró al Senado un proyecto de ley para abrir un lapso de cinco años en que se dejaría de lado la prohibición establecida en la ley 9.319 para proteger la llamada Unidad Económica Agraria. “La vigencia de esa protección favoreció la sojización y el éxodo rural en todo el interior santafesino” explicó Fabián Bastia (UCR), autor de la iniciativa.
El proyecto tiene un artículo central y el segundo deja en manos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología la aplicación de la norma.

 

“Exceptúese de la prohibición establecida en la ley Nº 9.319, pudiendo disponerse o dividir inmuebles rurales en fracciones inferiores a la unidad económica cuando a la fecha de promulgación de la presente los inmuebles rurales estén inscriptos en condominio o se encontrare iniciado un proceso sucesorio del que derive la adjudicación en condominio conforme los términos de la ley Nº 9.319; o bien, si durante plazo de vigencia de esta ley se genere un condominio por causa sucesoria y/o por actos jurídicos entre vivos. La excepción establecida en el párrafo precedente será por cinco años a contar desde la promulgación de esta ley”, reza el texto.

 

Después de arduas discusiones, sobre fines de 2007 la Legislatura votó una excepción -la ley 12.749- por dos años en términos similares a los actuales aunque debido a demoras en la reglamentación tuvo poco tiempo de vigencia y no hubo acuerdo en 2009 para votar una prórroga. “Ese exiguo plazo imposibilitó poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para hacerla efectiva, dejando a la mayoría de los pequeños condóminos sin acceso a dicha posibilidad”, recordó el diputado.

 

En septiembre de 1983, en postrimerías del gobierno de facto, el entonces gobernador Héctor Salvi puso en vigencia la ley 9.319 que derogó la 8.417. “Aquella ley estableciendo una superficie mínima, ha quedado vetusta y ha tenido consecuencias desfavorables produciendo la concentración parcelaria” sostuvo Bastia.
Luego explicó que por efectos de esa ley, “los condóminos de pequeñas extensiones de campo, por diferentes razones, se han visto obligados a enajenarlas y/o arrendarlas, a terratenientes o capitalistas con mayor poder económico. Esto constituye una problemática actual, cierta y real que atraviesa a los sectores más débiles y vulnerables de la economía rural” acotó el radical que entiende que es una problemática en todo el interior santafesino.

 

El legislador entiende además que hoy el concepto de Unidad Económica Agraria se ha modernizado y se integra por nuevos factores técnicos, económicos, sociológicos y jurídicos.

 

El tema llegó al recinto con el dictamen de tres comisiones, entre ellos Agricultura y Ganadería.

 

“Gran cantidad de productores agropecuarios necesitan que el Estado se haga presente, interprete sus necesidades y las plasme en leyes; son herramientas de tranquilidad para ellos y sus familias. Para esto va más allá incluso de la porción de tierra en sí; tener una escritura propia permite incluso tener acceso a los créditos bancarios, financiación de insumos, asumir inversiones de infraestructura sobre la parcela correcta; permite y fomenta el crecimiento sustentable y sostenido de sus economías y la de la región” acotó Bastia.

 

Desde 1983 a la fecha se han producido muchas situaciones de hijos y nietos que fueron heredando pequeñas parcelas de campo que en muchos casos no tienen la extensión necesaria para una producción sustentable para muchas familias y optan por arrendar a agricultores o a grupos dedicados a la siembra especialmente de soja.

Protección a profesionales y empleados de salud

 

También la Cámara de Diputados votó la incorporación de un artículo al Código de Convivencia de la provincia para sancionar a aquellas personas que agredan física o verbalmente a los profesionales del Arte de Curar o empleados de la salud. El objetivo es incorporar el artículo 115 bis a la ley 10.703 en base a propuestas de Cesira Arcando (Fe) y de Oscar Martínez (Frente Renovador).

 

El artículo apunta a sancionar al agresor -verbal o físicamente - de profesionales y empleados de salud ya sea en efector público o privado; dentro o fuera de la ambulancia. La sanción prevista es de arresto de 10 a 40 días siempre que la acción no quede tipificada dentro del Código Penal. En la reforma se considera agresor no solamente al autor, sino también al instigador, cómplice o participe activo o pasivo y “por agresión se entiende no solamente la física o psicológica sino también las amenazas, intimidación, maltrato, menosprecio, insulto, discriminación, desvalorización de la tarea realizada, acoso y cualquier otro acto de violencia física o psicológica que se dirija contra un profesional del arte de curar o trabajador de la salud, se encuentre o no en relación de dependencia, como consecuencias de sus funciones”.

 

Los autores admiten que distintos colegios y asociaciones médicas hicieron conocer la preocupación por hechos de este tipo que vienen sufriendo sus colegiados. El tema ya lo había planteado el Senado en 2017 cuando votó un proyecto del entonces senador Miguel Angel Cappiello (PS) que no tuvo respuesta en Diputados.

 

Contratados

A instancias de Fabián Palo Oliver (UCR) la Cámara de Diputados pidió informes al Poder Ejecutivo sobre la situación laboral de los agentes con contratos vencidos bajo la modalidad de la locación de servicios; exigió una precisión sobre su continuidad y la de aquellos que venzan durante el presente año y estado del proceso de pase a planta permanente de los trabajadores incluidos en el relevamiento de contratados realizado por la Comisión Técnica de la Paritaria Central en 2019.

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