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Lunes 13.07.2020 - Última actualización - 21:00
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Por asociación ilícita

Solicitan nueva elevación a juicio para la banda de los federales

Es una compleja investigación que apunta a desentrañar una trama de corrupción por la cual están acusados el entonces jefe de la delegación local de PFA, Marcelo Lepwalts y cinco miembros de la Brigada de dicha dependencia.

El comisario Lepwalts fue sacado esposado de la delegación Santa Fe de PFA el 9 de mayo de 2019, acusado de encubrir a narcos. Crédito: Flavio Raina / ArchivoEl comisario Lepwalts fue sacado esposado de la delegación Santa Fe de PFA el 9 de mayo de 2019, acusado de encubrir a narcos.
Crédito: Flavio Raina / Archivo

El comisario Lepwalts fue sacado esposado de la delegación Santa Fe de PFA el 9 de mayo de 2019, acusado de encubrir a narcos. Crédito: Flavio Raina / Archivo



Por asociación ilícita Solicitan nueva elevación a juicio para la banda de los federales Es una compleja investigación que apunta a desentrañar una trama de corrupción por la cual están acusados el entonces jefe de la delegación local de PFA, Marcelo Lepwalts y cinco miembros de la Brigada de dicha dependencia. Es una compleja investigación que apunta a desentrañar una trama de corrupción por la cual están acusados el entonces jefe de la delegación local de PFA, Marcelo Lepwalts y cinco miembros de la Brigada de dicha dependencia.

El Fiscal Federal N° 2 Walter Rodríguez solicitó este lunes la elevación a juicio de una investigación penal que se sigue contra el ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), el comisario Marcelo Octavio Lepwalts (51), quien permanece detenido desde mayo del año pasado, y de cinco subalternos que formaban parte de la Brigada operativa que estaba a su cargo: el santafesino Carlos Fernando Gómez Navarro (32); el bonaerense Michael Juan Arbildo (25); y los cordobeses Cristian Pablo Bogetti (41), Darío Alberto Duarte (45) y Lucas Leonel Bustos (35).

 

El representante del Ministerio Público Fiscal elevó el requerimiento ante el juez Federal N° 2, Francisco Miño, bajo los cargos de haber formado parte de una organización delictiva liderada por Lepwalts, cuya finalidad era recaudatoria, al margen de sus salarios que percibían como funcionarios policiales. Y si bien se deslizó que podría tratarse de un caso de corrupción institucional, el fiscal Rodríguez lo circunscribió al período que abarca desde el 23 de marzo de 2018 y hasta el 9 de mayo de 2019. Es decir, desde la asunción de Lepwalts como jefe de la delegación, hasta su salida esposado del edificio de calle San Martín al 3380.

 

Causa conexas

 

Como respaldo probatorio el Dr. Rodríguez se remitió a las causas conexas que se tramitaron ante su fiscalía y la Fiscalía Federal N° 1, del Dr. Gustavo Onel, con procesamiento firme del juez Federal N° 1, Reinado Rodríguez y actualmente en etapa de juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de la jurisdicción. Así como un informe del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia que reveló la dinámica de la banda a través de escuchas telefónicas en las que se puede entender a las claras el negocio ilegal.

 

En cuanto a la causa por la cual ahora se reclama su elevación, se inició el 24 de septiembre de 2019 cuando llegó a fiscalía una carta anónima denunciando el esquema de corrupción institucional que supuestamente existía en la Policía Federal. El mismo día, se comunicó por vía telefónica el autor de la misiva, que no era otro que el padre de uno de los uniformados detenidos.

 

Para el fiscal, durante el período en que Lepwalts dirigió la Delegación implementaron un “plan común” destinado a configurar “un sistema recaudatorio ilegal nutrido cuanto menos de utilidades provenientes del narcotráfico”.

Repartir y “embagallar”

 

Para abundar en detalle, la intervención policial buscaba por igual la recaudación de dinero y drogas, en procedimientos que luego ocultaban o retaceaban a las autoridades judiciales. El dinero era distribuido y la droga era utilizada para “embagallar” a otros investigados, según la jerga utilizada en las escuchas.

 

La oferta de la empresa criminal que se valía de la estructura del Estado, consistía además en brindar “cobertura policial a personas presumidas de realizar actividades delictivas a cambio de una suma de dinero”. Para ello se nutrían de información obtenida como auxiliares judiciales, de informantes y de los teléfonos que secuestraban en algunos procedimientos.

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