La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados agendó distintas reuniones con entidades empresariales y gremiales para discutir el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual la provincia adheriría a la ley nacional N° 27.348 “Complementaria de la Ley sobre Riesgo del Trabajo”, proyecto que ya fuera votado -con modificaciones- por el Senado.
Para los próximos cuatro miércoles ya están citadas entidades que pidieron opinar tal cual lo hizo la semana pasada la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.
La anterior conformación de la Cámara de Diputados -con mayoría del Frente Progresista- no alcanzó a llevar el asunto al recinto pese al mensaje enviado por el gobernador de entonces Miguel Lifschitz.
La propia bancada socialista tuvo severas objeciones en aquel momento y el proyecto caducó en la Comisión de Asuntos Laborales. Ahora, Omar Perotti también mandó el mensaje al Senado que lo aprobó por unanimidad y el nuevo texto ya está en Laborales.
En la última reunión de Labor Parlamentaria se acordó que el tema sea discutido por dos comisiones: Laborales y Asuntos Constitucionales y que haya dictamen conjunto. Por ahora, la primera comisión es la que armó la agenda de reuniones. Este miércoles, desde las 15 expondrán representantes de Amsafe y Sadop sobre el tema. Siete días después será el turno de Festram y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). El miércoles 29 serán escuchados los dirigentes de la CTA y CGT de Santa Fe y más tarde de las CGT de Rosario y de Rafaela. Ya en agosto, el día 5 tienen cita las aseguradoras nucleadas en ADIRA, cámara que tiene su sede en la ciudad de Rosario. “Yo voy a recibir a todos los que pidan reuniones, la idea es escucharlos a todos” señaló a El Litoral el presidente de la comisión de Laborales, el radical Fabián Palo Oliver, muy crítico del proyecto. También Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) ha señalado sus reparos al texto.
“Yo no lo acompaño, ya fijé mi posición dentro del bloque del Frente Progresista” aclaró Palo Oliver. Sus objeciones mayores apuntan a la redacción de los artículos 12 y 13. El primero refiere al efecto recursivo y el segundo sobre competencia laboral que para el radical la redacción es violatoria de la Constitución Nacional. “No voy a votar nada que signifique un retroceso para los derechos de los trabajadores” añadió.
Más allá de las reuniones de comisiones, existen diálogos informales entre ambas cámaras ante la posibilidad de introducir alguna reforma en Diputados para que luego sea aceptada por el Senado. Por ahora, solo sondeos entre autoridades de bloques.
Pablo Farías, jefe del interbloque del Frente Progresista, le había señalado a El Litoral dijo estar dispuesto a debatir el proyecto. También Juntos por el Cambio daría su aval. En tanto, en la bancada del justicialismo habría resistencias de algunos legisladores no obstante hay conversaciones con el Poder Ejecutivo.
Las cámaras empresarias vienen exigiendo desde hace varios años la adhesión a la norma para estar en igualdad de condiciones a otras provincias que ya adhirieron y con menores costos para el sector empleador.
Los artículos de la controversia
Dos son los artículos muy cuestionados por un sector de la Cámara de Diputados sobre el tema ART. Son el 12 y el 13 cuya redacción votada en Senado es la siguiente:
Artículo 12: Efecto recursivo. El recurso contra la decisión de la Comisión Médica interpuesto par el trabajador tiene efecto suspensivo respecto a la incapacidad determinada y del monto del capital correspondiente.
El recurso interpuesto par la Aseguradora de Riesgos del Trabajo se concede con efecto devolutivo respecto a la incapacidad determinada, del monto del capital correspondiente y de las prestaciones en especie.
Artículo 13: Competencia laboral. Los recursos ante el fuero laboral mencionados en el artículo 2 de la Ley Nacional N° 27.348 y en el artículo 46 de la Ley Nacional N° 24.557, se formalizan a través de la acción laboral correspondiente, conforme la competencia territorial establecida por el Código Procesal Laboral de Santa Fe, dentro del plaza de 60 días hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo pena de caducidad, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 15, segundo párrafo.
Cuando se controvierta la existencia de incapacidad o su grado, la acción judicial se formaliza conforme al trámite sumarísimo previsto en el Código Procesal Laboral de Santa Fe.
Entre las reuniones de comisión de Diputados esta semana, fue citada la de Salud Pública y Asistencia Social para este miércoles al mediodía. En el encuentro estará presente el director provincial de Salud Mental, Matías Marzocchi, para abordar temas vinculados a esa dirección e incluso proyectos de ley que versan sobre la materia.
La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que preside la socialista Lionella Cattalini convocó a autoridades del Servicio Penitenciario en el marco de la investigación abierta sobre los incidentes ligados a las acciones de protesta del pasado 23 de marzo en las unidades carcelarias número 1 de Coronda; 2 en Las Flores (Santa Fe) y la 11 en Piñero.
La Cámara encomendó a esa comisión la investigación de los hechos que dejaron como saldo siete muertos y serios destrozos en los penales. La decisión de abrir la investigación fue un proyecto de Agustina Donnet (Igualdad). Cabe señalar que la propia justicia lleva adelante la investigación de los graves sucesos.
Los primeros convocados a dar su testimonio son los directores de los penales al momento de producirse los motines en forma simultánea. Este miércoles, a las 17 está citado en primer término el director de Coronda, alcaide Andrés Luraschi; luego Juan Manuel Sobrevilla de Piñero y finalmente el subprefecto Omar Gómez y Luis Pueyo que estaban a cargo de Las Flores. Los cuatro oficiales del Servicio Penitenciario habían sido convocados para la semana pasada y fue diferida la reunión a pedido del propio Servicio. La Comisión tiene además elaborado un calendario de citaciones que pasan por autoridades del Poder Ejecutivo, familiares e incluso integrantes del Poder Judicial.