Este jueves finalizó el juicio contra el policía Héctor Darío Ayala (42), que fue condenado en primera instancia a 14 años de prisión por abusar en reiteradas oportunidades de su hijastra, cuando esta tenía entre 7 y 9 años. Así lo resolvió el tribunal integrado por los jueces Rosana Carrara -presidenta-, José Luis García Troiano y Octavio Silva, que dirigió el debate iniciado la mañana del lunes en al capital provincial.
Los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Ezequiel Hernández solicitaron la pena de 20 años de prisión al momento de presentar la acusación por “abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores”, pero tras la lectura de la sentencia manifestaron: “Entendemos, en principio, que la pena es ajustada a lo que se viene resolviendo en casos similares. No obstante vamos a esperar los fundamentos del tribunal para ver en qué se basa para imponer esta pena y no una mayor, y luego determinaremos si apelamos o no”.
El policía, que llegó al juicio en estado de libertad, permanecerá en prisión preventiva hasta que la condena quede firme, tal como lo solicitó la fiscalía en sus alegatos finales. La defensa estuvo a cargo del abogado particular Héctor Tallarico. Para la lectura de la sentencia se hicieron presentes en la sala los familiares de la víctima así como los de Ayala, luego de que tuviera lugar una situación “tensa” en el hall de entrada de tribunales.
Total estado de indefensión
Durante el debate se expusieron las evidencias por las que se acusó al policía de cometer múltiples y reiterados abusos contra la hija mayor de su ex pareja, que comenzaron cuando la niña tenía 7 años y culminaron dos años más tarde cuando ella “no aguantó más” y se lo contó en medio de una crisis de llanto a su abuela paterna. Su padrastro se pasaba a su cama por las noches y la tocaba, en ocasiones se desnudaba y también le sacaba la ropa a ella, entre otros tantos ultrajes. En el dispositivo de cámara Gesell la niña confeccionó dibujos de las situaciones que tuvo que vivir, los cuales fueron “muy gráficos” a los ojos de la fiscalía.
En los alegatos finales, los representantes el Ministerio Público de la Acusación hicieron hincapié en el contexto en el que vivía la nena, “particularmente signado por la violencia” que “se traduce en tortura, en trato cruel, inhumano y degradante para una niña tan pequeña, que incluso se extendió a su hermanita” que en su momento tenía entre 2 y 4 años y que tiempo después acreditó el maltrato sufrido en su casa también a través de la cámara Gesell.
El abuso sexual hacia la mayor es solo una parte de la dura historia de las chicas, y por eso “no es un dato menor ni irrelevante” que la violencia física también fuera ejercida por la madre, ya que ella y el imputado “eran los únicos dos adultos a los que les podían pedir ayuda”. La conjunción de los dos adultos violentándola sistemáticamente “da cuenta del total estado de desprotección e indefensión” de la menor.
Tal como se manifestó en el debate, el padrastro “ataba a las niñas con las esposas reglamentarias, un castigo totalmente simbólico para unas niñas tan pequeñas” y les negaba el alimento. “Además, ostentaba las armas delante de ambas y los abusos los cometía en presencia de la más pequeña” y amenazaba a la mayor con que si le contaba a su mamá acerca de la violencia física la volvería a golpear. “Claro, de la violencia sexual no la amenazó porque la madre ya sabía. Pero sí le dijo que si contaba sobre los abusos fuera de la casa la iba a matar”, señaló la fiscal.
La niña fue sometida física, psicológica, emocional y sexualmente tanto por recientemente condenado como por su madre, condenada a través de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos a 10 años como “partícipe necesaria” de los mismos delitos por los que se juzgó al policía. A pesar de esta situación, contó el daño sufrido en reiteradas oportunidades, a través de un relato coherente y contundente, y si bien “no existen en mayor medida lesiones en este tipo de delitos” sí se dan “consecuencias en el orden de lo traumático, que se desprenden directamente de los hechos que ha vivenciado”, reseñaron los fiscales.
El último día de debate, la jefa de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra del Río Ayala, solicitó “que se corra vista” al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), para informar sobre los argumentos vertidos por el abogado defensor del policía. Al momento de su alegato de clausura, el abogado Héctor Tallarico atacó la calificación legal utilizada por la fiscalía: “abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores”. Sostuvo primero que los “tocamientos” descriptos por la víctima constituyen un “abuso sexual simple” y no ultrajante y luego, atacando el segundo delito imputado -la corrupción-, señaló al tribunal que debe analizar “si existió un acto perverso” y dijo que este se da “cuando en sí mismo es depravado, por lo que implica un ejercicio anormal de la sexualidad, como el homosexualismo, como se va a advertir en el coito anormal, una manifestación de sadismo o masoquismo. Sea un acto prematuro, o excesivo”.
Esto llamó la atención de los fiscales Hernández y Del Río Ayala, y fue precisamente esta última quien al comenzar la réplica solicitó a los jueces que se de intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación: “Creo que corresponde, y así lo voy a peticionar en nombre del Ministerio Público de la Acusación, que de esta audiencia se corra vista al Inadi. Que se le informe de lo que se está sosteniendo por parte de un litigante en una sala de audiencia, porque me parece gravísimo que en el siglo XXI, con todos los avances y la exigencia legal de incorporar perspectiva de género, se siga hablando de la homosexualidad como una práctica anormal”.
La fiscal se refirió a que la doctrina actual sobre el tipo penal y cómo debe ser interpretado a raíz de los nuevos paradigmas “está muy lejos de todas esas interpretaciones machistas que se han tenido históricamente sobre la sexualidad, particularmente de las mujeres y de todo aquello que se aleja de la heteronormatividad”, por lo que considera “bastante grave que se siga mencionando” lo expuesto por la contraparte. Ante esta solicitud el defensor no se opuso, limitándose a responder: “Voy a tener que buscar a todos los autores de los libros que he leído para llevarlos al Inadi a que me acompañen, porque yo no comparto lo que manifiesta la fiscalía”. El tribunal dejó en manos de la fiscalía la intimación a la defensa ante el organismo.
El hombre atacó a la hija de su pareja durante por lo menos dos años, con la complicidad de la madre. Asistió al juicio en estado de libertad, y el tribunal le impuso la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.