Cuando el amor es el odio

Sorprendió años atrás que, de golpe, Luis D’Elía, el vociferante funcionario parainstitucional de Néstor Kirchner en la época de los Estados mellizos -uno formal; el otro, de hecho, cada uno con sus funcionarios- apareciera en radios y canales de televisión hablando del amor después de haber protagonizado numerosos hechos de violencia.

Pasaría tiempo hasta que entendiéramos que sus amigos de la revolución bolivariana le habían instalado en Venezuela el chip discursivo del amor como arma de la guerra mediática, que ellos teorizaban y practicaban con naturalidad a partir del entrenamiento recibido en La Habana. Y, no hay duda al respecto, que habían tenido maestros avezados, tanto que la isla caribeña había disputado palmo a palmo durante medio siglo la guerra propagandística que la enfrentaba con las centrales de inteligencia de los EE.UU., la mayor potencia del mundo.

Ahora, las invocaciones del amor se multiplican entre los militantes del kirchnerismo, con denuestos a los odiadores seriales, como apostrofan a los que no comparten sus visiones de la vida, la cultura, la política, la economía, la sociedad. Antes les llamaban “contras”, ahora son encarnaciones del odio.

El planteo parece copiado de la novela “1984”, extraordinario alegato contra los totalitarismos del siglo XX, en la que el autor -George Orwell- crea cuatro ministerios que dependen del partido único que controla a la población. Y todos, por supuesto, representan exactamente lo opuesto de lo que proclaman. Así, por ejemplo, el Ministerio del Amor se encarga de mantener la ley y el orden; y por medio de la tortura y los lavados de cerebro, reeduca a los ciudadanos rebeldes.

Publicada hace 71 años, la novela mantiene una vigencia espeluznante, ya que los sistemas de control entonces imaginados por el escritor británico Eric Blair (su verdadero nombre) hoy existen y están incorporados de manera voluntaria y autogratificante a nuestra vida cotidiana y a nuestros hogares (celulares, computadoras, televisores inteligentes, sistemas de vigilancia). De modo que el panóptico es hoy una realidad operativa. Felices los espías.

En línea con esta distopía, también conocemos ahora la norma bolivariana denominada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente a propuesta del presidente Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial el 8 de noviembre de 2017. Esta es la fuente inspiradora del ataque sistemático contra opositores y medios de comunicación social no alineados con el actual gobierno argentino. Sólo hay que leerla.

Dice su Art. 1. “La presente Ley Constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación.” Encomiable.

Y en su Art. 2, referido a “Valores y principios”, establece: “La actuación del Estado y la sociedad dirigida a promover y garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios: 1. Preeminencia de los derechos humanos. 2. Vida. 3. Paz. 4. Amor. 5. Democracia. 6. Convivencia. 7. Libertad. 8. Igualdad y no discriminación. 9. Fraternidad. 10. Justicia. 11. Igualdad y equidad de género. 12. Hermandad. 13. Diversidad. 14. Reconocimiento. 15. Respeto. 16. Tolerancia. 17. Solidaridad. 18. Pluralidad. 19. Corresponsabilidad”.

¡Celestial! Si no fuera por los informes de la ONU que firma la respetada dirigente socialista y ex presidente de Chile Michelle Bachelet, respecto de la sistemática persecución de los opositores, los miles de presos en las cárceles del régimen, los asesinados y desaparecidos, y los más de cinco millones de emigrados en busca de condiciones mínimas de vida en otros países del mundo, principalmente de América latina.

La zaraza amorosa y fraterna se repite como un mantra a través del texto, una y otra vez, con la técnica de la percusión reiterada del mensaje para que la mentira se asimile a la verdad, como la gota horada la piedra.

La contracara de estos cantos al amor se encuentra en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicado el 4 de julio de 2019, en el que “insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.”

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas civiles y militares “la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.”

Agrega que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.”

Hace pocos días, el pasado dos de julio, Bachelet actualizó su Informe. Expresa que “preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”. Y señala que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”. También reporta que el accionar de las fuerzas de seguridad han causado 1.324 muertes entre enero y mayo de este año.

Y punto. El Informe de Naciones Unidas demuestra con claridad lo que representan para el gobierno venezolano las palabras amor, libertad, igualdad, respeto, tolerancia, etcétera, etcétera.

En el capítulo de “Formación para la paz y la convivencia pacífica en el Sistema de Educación” empieza a aparecer la madre del borrego. Establece en su punto cuarto: “Crear y acompañar Brigadas Estudiantiles de Paz y Convivencia, con el objeto de contribuir con el impulso de las acciones previstas en este artículo, con la participación activa de las y los docentes.” Para el buen entendedor, convertir a las aulas en semilleros de los futuros colectivos que disciplinarán a los disidentes.

La cosa se hace todavía más nítida con la “prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra”. Es decir, los opositores o disidentes.

El Art. 11 establece que “Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral...”, texto más largo que prevé sanciones contra los que se aparten de esta norma: “Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo.”

Y por supuesto, ya que es uno de los fines centrales de esta normativa, hay un capítulo especial el -Art.12- para los medios de comunicación. Dice así: “Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad.” O sea, los que el gobierno imponga. De los derechos a pensar y expresar lo que se piensa, ni una línea.

Continúa el artículo: “A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular.”

El boscaje normativo, en el que las palabras amor y paz se repiten decenas de veces, esconde la trampa de hierro puesta por el cazador para cercenar el derecho a la crítica. La ley es redundante porque establece con verborragia tropical lo que cualquier ordenamiento legal moderno de país civilizado contiene y aplica. Este, en cambio, introduce el Estado en la intimidad de la familia, la escuela, los medios de comunicación, en busca de homogeneizar conductas. Y, para asegurarlo, crea draconianos organismos de control y vigilancia. Todo en nombre del amor. Es la pesadilla de Orwell convertida en cruda realidad totalitaria.

El neomilitante ultrakirchnerista Dady Brieva, simplifica este aluvión de palabras con brutal sinceridad: “a estos tipos (por opositores y periodistas críticos) no hay que dejarlos hablar. Que esto sea Venezuela de una vez por todas”. Por eso no sorprende el embate de jueces adictos contra periodistas argentinos que practican la investigación y el análisis crítico.

La ley bolivariana que se deshace en loas a la paz recuerda al orwelliano Ministerio de la Paz, que en la novela es el encargado de mantener la guerra. Esa contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, viene disimulada en el celofán del relato. Este es el peligro cierto que acecha a la democracia argentina.

Los sistemas de control imaginados por George Orwell hoy existen y están incorporados de manera voluntaria y autogratificante a nuestra vida cotidiana y a nuestros hogares (celulares, computadoras, televisores inteligentes, sistemas de vigilancia). El panóptico es hoy una realidad operativa. Felices los espías.

El boscaje normativo, en el que las palabras amor y paz se repiten decenas de veces, esconde la trampa de hierro puesta por el cazador para cercenar el derecho a la crítica. La ley es redundante porque establece con verborragia tropical lo que cualquier ordenamiento legal moderno de país civilizado contiene y aplica.