El PRO y la Coalición Cívica- ARI expresaron su “enérgico repudio” a la disolución del Consejo de la Magistratura de Catamarca y la ampliación de la Suprema Corte provincial, al tiempo que calificaron la medida como una “maniobra de profunda degradación institucional”.
En comunicados separados, los dos partidos que integran la coalición opositora Juntos por el Cambio criticaron la decisión tomada por la Legislatura de la provincia norteña y consideraron que se trata de un “grave golpe a la independencia del Poder Judicial” de Catamarca.
El PRO sostuvo que se trata de “una maniobra de profunda degradación institucional” que se tomó “aprovechándose burdamente de una pandemia” y “en trámite exprés” de la Legislatura local. Según estimaron las autoridades del PRO nacional y de Catamarca, este tipo de decisiones “atentan contra instituciones republicanas consagradas constitucionalmente que preservan la división de poderes, la selección de jueces probos y velan por el resguardo del máximo tribunal de Justicia”.
En tono similar, la junta nacional de la Coalición Cívica indicó: “En la provincia de Catamarca, en un trámite legislativo express, de menos de 24 horas, el oficialismo disolvió el Consejo de la Magistratura e incrementó de cinco a siete el número de miembros de la Corte de Justicia”.
“Este acto de avasallamiento institucional se llevó a cabo en un contexto de pandemia, con una sociedad, preocupada y atemorizada por su salud y economía”, señalaron los dirigentes y agregaron: “Este es un golpe al centro neurálgico de la República y su funcionamiento”.
Y en el mismo sentido, el partido referenciado en la ex diputada Elisa Carrió inquirió: “Una alarmante duda se esparce sobre el resto del país: ¿será Catamarca la antesala o punta de lanza del avance del oficialismo nacional sobre la Justicia?”.
El Tribunal Oral Federal 4 resolvió mantener el monto de la fianza de Lázaro Báez en 632 millones de pesos, por lo que el empresario no podrá salir de la cárcel de Ezeiza hasta que no complete esa cifra. Así lo señalaron fuentes judiciales a NA, luego de que el Tribunal le negara el pedido a la defensa de Báez, que había reclamado bajar la cifra de la caución por considerarla “imposible” de pagar.
El diputado nacional Luis Petri (UCR Mendoza) volvió a presentar por tercera vez el proyecto de Juicio en Ausencia, que busca posibilitar el proceso contra los imputados por delitos de lesa humanidad luego de no haber comparecido y habérsele declarado su rebeldía sin lesionar su derecho de defensa.
“A 26 años del atentado a la AMIA renovamos el compromiso con la memoria, verdad y justicia, presentando nuevamente el proyecto de Juicio en Ausencia. En el año 2014 lo hice por primera vez para permitir el juzgamiento de los responsables del atentado” explicó el legislador mendocino.
“Nuestro Código Procesal Penal no regula la continuación del proceso ante la ausencia del imputado, por el contrario, lo suspende. A través de esta iniciativa promovemos la realización del juicio en ausencia para lograr el juzgamiento y la búsqueda de la verdad en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad”, explicó Petri.