A través de un pedido de informes ingresado en el Concejo, Luciana Ceresola (Pro-Juntos por el Cambio) junto a su par de interbloque, Sebastián Mastropaolo, solicitan al Ejecutivo municipal saber cuál es la cantidad de niñas y niños con discapacidad que asisten a los 17 Jardines Municipales; el cupo establecido para estos pequeños con capacidades diferentes; la planta de personal auxiliar idóneo existente a la fecha para trabajar con ellos, y cómo es la accesibilidad en los jardines, de conformidad con la legislación local vigente.
Desde el Legislativo local
Jardines municipales: piden saber qué pasa con los chicos con discapacidad
Archivo El Litoral La vieja normalidad . Los jardines siguen funcionando pero de manera virtual y artesanal con las familias de los alumnos, en el contexto de la pandemia. 6:49
El pedido alude a la Ordenanza N° 9403, que versa sobre el Sistema de Protección a Personas Discapacitadas. Esa norma, sancionada el 19 de septiembre de 1991, creó un sistema de protección especial para las personas discapacitadas en la ciudad, “que tenderá en forma progresiva a asegurar su atención, educación y apoyo asistencial, así como a concederle las franquicias y estímulos que permitan, en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca”, dice la ordenanza vigente.
En su artículo 28 establece que “todo instituto, colegio, escuela y cualquiera otro edificio donde se cumplan funciones de enseñanza pública, deberán adaptarse en la medida de lo posible al uso —por parte de discapacitados— de sillas de ruedas, contando al menos con rampas de acceso cuando sea necesaria salvar desniveles, con un baño de características especiales”, entre otros requerimientos.
En los fundamentos del pedido de informes, Ceresola y Mastropaolo recuerdan que a los 17 jardines que dependen de municipio asisten más de 1.500 niños y niñas desde los 45 días y hasta los 3 años de edad. “Estos jardines se emplazan en zonas donde se detecta una ausencia de servicios de educación básica, y buscan ser una fuente de integración entre las instituciones municipales, las infancias y el entorno social del barrio”.
Entienden que al momento de brindar educación gratuita y de calidad a los niños y niñas con discapacidad, el sistema de educación inicial “debe estar a la altura de las circunstancias y ofrecer el derecho a la educación a todos los pequeños de la ciudad”, expresan, y citan los derechos para la niñez consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
“No es necesario destacar que el acceso a la educación, la permanencia en el sistema escolar y la finalización del nivel secundario son indicadores representativos de la situación educativa de las personas en relación con su posicionamiento futuro como ciudadanos y su acceso al mundo del trabajo”, agregan Ceresola y Mastropaolo.
Y resaltan que “es meritorio el trabajo que realizan en la primera infancia las más de 200 docentes y asistentes escolares que forman parte de los jardines municipales. Sin embargo, es necesario conocer si los mismos se adaptan a un sistema más inclusivo, tendencia que viene en auge desde hace varios años”, concluyen.
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