"La crisis nos apura y no queremos quedarnos en algo enunciativo"

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Además de impulsar la exportaciones y promover el empleo durante los próximos 10 años, apoyados en la estabilidad fiscal, el flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) aspira a descomprimir grandes ciudades y repoblar el interior en el camino hacia una reactivación económica en todo el país.

Así lo sostuvo Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, una de las más de 40 entidades que se unieron para promover el despegue del país de la mano de la agroindustria. “Apuntamos a lograr un desarraigo de aquellos centros urbanos muy atomizados”, dijo, y explicó que aspiran a que las personas que se concentran en Capital y Gran Buenos Aires puedan migrar hacia localidades o poblaciones más pequeñas donde puedan encontrar “las herramientas necesarias para un trabajo”.

El plan del CAA, plasmado en el documento “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, está siendo presentado a distintos funcionarios, ya que la piedra basal consta de la “estabilidad fiscal” durante una década en los distintos niveles del Estado (comunal, provincial y nacional). Tras exponerlo ante el Canciller Felipe Solá o el Ministro de Agricultura Luis Basterra, así como a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, apuntan a dárselo en mano al Presidente de la Nación Alberto Fernández.

“El anhelo nuestro es llegar a fin de año con un proyecto de ley para que el sector agroindustrial exportador tenga una norma votada para el Congreso, necesaria para brindar una estabilidad fiscal y financiera por un período no menor de 10 años”, añadió Mendoza. “La crisis nos apura y no queremos quedarnos en algo enunciativo”, dijo, y definió a la iniciativa como “clara, transparente y va a exigir el apoyo de todos”. Se trata, agregó, de un proyecto “horizontal y federal, con el propósito de incrementar las exportaciones de alimentos” de modo que Argentina, alguna vez líder mundial, pueda “reconquistar algo de ese terreno que perdimos”.

Mendoza aclaró que la estabilidad fiscal requerida no implicaría un costo para el Estado, ya que no implicaría una baja de impuestos -al menos en el corto plazo- ni subvenciones para el sector. “La meta fundamental” para avanzar es definir “una política activa en el corto plazo” a partir de herramientas institucionales “con efectos neutros, nosotros no vamos a pedir ningún subsidio del Estado”. Los objetivos centrales consisten en alcanzar ventas anuales por u$ s100.000 millones, desde los u$ s 65.000 millones actuales, y generar 700.000 empleos adicionales “sin descuidar el entorno ambiental ni el abastecimiento interno”.

Al respecto también aclaró: “debemos ser conscientes de que en este momento por la situación que estamos atravesando no podemos hablar de bajar retenciones; sino que esto va a tener que tener un programa gradual, acomodando cada una de las necesidades que pueda tener el gobierno para atender las necesidades de todos los argentinos y nosotros poder trabajar para alcanzar un estado de armonía y producción”. Luego, cuando ya se cuente con los elementos necesarios, “ahí vamos a poder ir avanzando”

La semana pasada, al presentarse el CAA en sociedad, también se plantearon más vía de trabajo: conformar una Mesa Nacional Exportadora con diversas áreas del Gobierno Nacional; elaborar propuestas sectoriales de crecimiento sustentable de producción y exportación con mayor valor agregado y definir los mercados estratégicos a exportar; y proveer un Proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Exportador, con inclusión social y federal (que contemple una estabilidad fiscal y financiera de 10 años).

“Este plan estratégico aspira a lograr, para el 2025, un impacto económico que implique un aumento de las exportaciones (VBP) de U$ S 16.000 millones que generará un efecto total de movimiento económico de U$ S 31.000 millones”, dijeron en un comunicado institucional.

El trabajo también propende a la creación de empleo calificado y no calificado en las provincias; empleo tecnológico en las grandes ciudades como parte de los clusters agro tecnológicos; empleos en servicios para el agro y empleo directo e indirecto en infraestructura. “Esto aspira a generar un Impacto social que se traduce en 210.000 empleos en sectores del agro y 700.000 en el total de la economía”, agregaron.